Vecinos de la Villa 20 marcharon en reclamo de urbanización
Vecinos de villas de la Ciudad y organizaciones sociales marchan desde el Obelisco hacia avenida de Mayo cortando el tránsito sobre la avenida 9 de Julio, en reclamo del cumplimiento de la Ley 1.770 sancionada hace diez años por la Legislatura que ordena la urbanización de los asentamientos, y por la falta de respuesta a las 700 familias que hace un año fueron desalojadas del llamado «barrio Papa Francisco».
Los vecinos autoconvocados se movilizaron junto a diversas organizaciones, entre las que se encontraban La Cámpora, el Partido Obrero, Nuevo Encuentro, Nuevo MAS, la Corriente Nacional Martín Fierro y la Agrupación Clasista René Salamanca, entre otras. Ante la falta de respuestas por parte de la jueza, el colectivo dirigió su protesta hasta la Legislatura porteña.
A través de un comunicado, los vecinos expresaron que, producto del estado en el que se encuentran, “miles de familias” siguen “padeciendo la grave situación habitacional, la carencia de servicios públicos básicos y la desintegración con el resto de la ciudad”. La Ley N° 1.770, sancionada el 11 de agosto del 2005, especificó que se deberá urbanizar el predio situado “entre Pola, avenida Cruz y Escalada, el cual deberá ser saneado y destinado exclusivamente a la construcción de viviendas sociales”. Hasta el momento, el texto de la norma no se implementó, señaló a Infojus.
No hay acciones del gobierno para avanzar en la urbanización, no existe mesa de trabajo para elaborar ese proyecto en forma participativa como lo establecen las leyes.
Frente a la falta de respuesta a los sucesivos reclamos y la crisis habitacional en la Villa 20, en febrero del 2014 alrededor de 700 familias tomaron un predio lindero y construyeron el barrio Papa Francisco. Los ocupantes, que se asentaron en un terreno que había estado destinado a un depósito de automóviles, fueron desalojados con violencia por la Policía Metropolitana en agosto pasado, por lo que los vecinos exigieron, además, “el desprocesamiento de los compañeros y compañeras judicializados” durante ese episodio.
Los vecinos aseguraron que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no tiene ninguna limitación formal para iniciar de inmediato el saneamiento de la tierra para la construcción de viviendas sociales”, para lo que “dispone de un presupuesto específico de 30.000.000 de pesos que se encuentra bajo la tutela de la jueza Elena Liberatori”.
Manifestaron, además, “la preocupación generalizada que existe en el barrio respecto de la posible demolición del Centro de Salud Comunitaria (Cesac) 18, ya que es un espacio de vital importancia para la salud y asistencia social de las familias”. Y demandaron el “cumplimiento de la Ley N° 1.769 que, también desde hace diez años, ordena la construcción de un hospital en la Comuna 8”.
Al respecto, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) sostuvo que “ni siquiera en campaña Mauricio Macri cumple las leyes. A sólo cuatro meses para que venza el plazo que le dio la jueza Elena Liberatori para urbanizar el lugar, el gobierno porteño apenas desmalezó el predio y no inició la descontaminación”. Según Bodart, “para revertir el grave déficit habitacional que hoy afecta a uno de cada cinco porteños, es preciso incrementar los planes de viviendas populares del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y poner en pie un verdadero programa de alquiler social con garantía estatal y subsidios”.
La urbanización de la Villa 20 reconoce como antecedente el año 1991, cuando a través de la ordenanza 44.873, el Concejo Deliberante creó los Distritos U31 que otorgaron una zonificación específica a cada una de las villas existentes y ordenó al Poder Ejecutivo que en un plazo de sesenta días se elaboraran los proyectos de urbanización específicos para cada una, entre ellas, la Villa 20.(Infojus)
