El proyecto de la legisladora del Frente de Todos busca preservar el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE). Es ante la pesca ilegal en Malvinas y el Atlántico Sudoccidental. Por año, más de 300 buques extranjeros han llegado a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros fuera de la plataforma argentina y libres de control, según un informe privado. Además, en otro proyecto la diputada pide al Ejecutivo la instalación de radares para controlar y vigilar el tráfico irregular de los barcos.
La diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley en la cámara baja para tipificar a la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un delito. En concreto, establece la reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.
La iniciativa modifica el artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal. Entre los delitos, contempla la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales; y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.
De este modo, busca evitar la pesca ilegal que se realiza en Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales. También, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental. China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos, indicó el proyecto.
Por año, más de 300 buques extranjeros han llegado a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros (calamar, merluzas, entre otros) fuera de la plataforma argentina, libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras). Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre USD 1.000 y USD 2.000 millones al año, según estimaciones de esta organización civil.
En distintos foros desde la década del noventa se promueve el combate contra la pesca ilegal. Por caso, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR). Sin embargo, después de casi treinta años, casi todos los países que pescan a distancia siguen efectuando pesca ilegal. Así lo indicó un informe elaborado por el experto en pesca César Lerena.
Por otro lado, el proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020, cuando modificó el régimen federal de pesca e introdujo aumentos en las multas por pesca ilegal. «Resulta conveniente contar con mayores medios necesarios para el control debiendo decomisar el buque y las materias primas», sostuvo la iniciativa.
A su vez, la medida destacó una serie de disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), que establecen que los Estados ribereños deberán determinar la captura permisible en su ZEE, asegurar la preservación de las especies, que no haya exceso de explotación y garantizar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.
En otras partes del mundo existen medidas o documentos contra la pesca ilegal y sus implicancias en el ecosistema y la economía. En 2014 el Reino Unido en su documento de Estrategia de Seguridad Marítima expuso «la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal». Ese mismo año, la Unión Europea incluyó a la pesca ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros. Mientras que en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.
Radarización
El segundo proyecto (de resolución) de Vallejos en materia de pesca pide al Ejecutivo nacional la instalación de radares para la «vigilancia y control» del tráfico irregular de los barcos en la ZEE del país.
Solicitó que «a través de los organismos competentes en la materia, disponga la instalación de equipos de radarización con las especificaciones técnicas adecuadas para la vigilancia y control estricto de la navegación, tráfico irregular o ilícito, pesca en el espacio marítimo de superficie, submarino y aéreo de la Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur a efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos».
Detalló asimismo que en el millón de km2 de ZEE, en 2004 operaban 95 barcos ilegales, mientras que hoy aumentó a alrededor de 500 los barcos piratas con el trasponder de identificación-localización silenciado. Durante el día, estos navegan en la milla 201, en aguas internacionales, y de noche se cuelan en la ZEE argentina. Están siempre ocultos por la curvatura terrestre, salvo para las pocas patrullas navales o aéreas de la Armada o de la Prefectura Naval Argentina.
Una de las tecnologías que planteó el proyecto incluye los radares de Superficie de Alta Frecuencia, (High Frequency Surface Radar ) que emiten en banda HF (entre 10 y 100 metros de longitud de onda) desde una matriz de antenas radiantes cercanas a otra matriz de antenas receptoras, todas en la costa. Ya en 2004 este tipo de radares los utilizaban Australia, Reino Unidos, Estados Unidos, China y Rusia, especificó el proyecto.
En las últimas décadas, Prefectura logró 2,5 capturas por año en promedio. Las naves piratas, que pasaron de 95 a 500, causan pérdidas de USD 2000 millones a USD 3000 millones, según cálculos de César Lerena. Con el valor agregado del packaging y la distribución, puesta en anaquel en Vigo o en Shangai, esa pesca representa USD 14.000 millones, de acuerdo a este experto en pesca.
«Poner orden va a requerir de otros radares, con tecnologías más disruptivas. Desplegar seis estaciones fijas de radar transhorizonte de tipo HFSWR podría costar dos días de rapiña pesquera», concluyó el proyecto.
Los proyectos cuentan con la adhesión de diecinueve diputados del Frente de Todos: Carolina Yutrovic, Aldo Leiva, María Jimena Lopez, Graciela Landriscini, Liliana Schwindt, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Alicia Aparicio Rosa Muñoz, Mabel Caparrós, Claudia Ormachea, Lía Caliva, Alejandra Obeid, María Rosa Martinez, Marcelo Koenig, Claudia Bernazza, Héctor Fernandez, Nancy Sand y Ayelén Sposito.
