Vallejos pidió al Gobierno que aclare si las gasíferas se cubrieron de la devaluación a través del dólar futuro
La diputada nacional Fernanda Vallejos cuestionó la decisión del Ejecutivo de hacerse cargo de la compensación a las empresas transportadoras y distribuidoras de gas, y solicitó que se informe a la Cámara de Diputados los contratos de concesión, los cuadros tarifarios vigentes, la estructura de costos y el precio de ingreso al sistema de transporte, conocido por las siglas PIST. «Cabe preguntarnos sobre la necesidad de este incremento excesivo y la capacidad de los ciudadanos argentinos de soportar sobre sus espaldas semejante carga», reclamó.
A través de un proyecto de resolución presentado este miércoles, la legisladora también pidió que se hagan públicas las posiciones de cambio al contado y a término de las empresas, así como los activos en moneda extranjera en propiedad de las firmas. Al mismo tiempo, requirió que se detalle la composición accionaria de las prestatarias y cuáles son los criterios para determinar los costos operativos y la rentabilidad.
La diputada recalcó que «los ciudadanos necesitan transparentar la información del cuadro tarifario vigente, la estructura de costos, las rentabilidades consideradas ‘suficientes”, y los riesgos empresarios. Además, los consumidores deben exigir que los transportadores y distribuidores asuman el riesgo empresario (y el riesgo cambiario en particular), y no que se traslade a subsidios y/o tarifa al consumidor».
En este sentido, enfatizó que «cabe cuestionar la estructura de costos de los productores de gas y petróleo, y el precio que reciben en PIST». «En la actualidad, los productores reciben alrededor de US$4 el millón de BTU, y el programa era llevarlo a US$6,70 el millón de BTU mientras que, según el propio Ministerio de Energía, los costos de producción del shale gas en promedio se encuentran entre US$2 y US$3, y la producción es rentable con un barril de entre US$40 y US$50, encontrándose actualmente por encima de los US$70», explicó.
Teniendo en cuenta las ganancias de las productoras de petróleo y la parte de la renta que se apropian, Vallejos sugirió que «tal vez sería apropiado pagarles el costo de producción con una rentabilidad ‘suficiente’, y permitir que las tarifas a los consumidores sean más bajas (o utilizar el ahorro fiscal consecuente para ampliar la tarifa social)». «Cabe mencionar que en el Artículo 6° de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, el precio en boca de pozo no debe ser inferior al de importación, salvo casos excepcionales», recordó.
Ese artículo sostiene, entre otras cosas, que «cuando los precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de los precios de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de explotación de la empresa estatal, las amortizaciones que técnicamente correspondan, y un razonable interés sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere realizado».
En tanto, Vallejos destacó que «si las propias transportadoras y distribuidoras tienen gastos en dólares, pero pueden cubrirse de los mismos por medio de la compra de futuros, que en general tienen plazos de un mes a más de un año, no debería influir la devaluación en las tarifas de corto plazo». «Si existe la posibilidad de cobertura, el riesgo cambiario es un riesgo empresario en el corto y mediano plazo, y lo debe enfrentar la empresa, en vez de los consumidores», subrayó.
De hecho, según informaron varios medios periodísticos, la empresa Metrogas logró protegerse de la devaluación a través de la adquisición de dólar futuro. Al mismo tiempo, en base a los balances de las distribuidoras del año pasado, se constataron utilidades de $4379,4 millones durante todo 2017. La perspectiva de cara a 2018 es superior, dado que varias empresas registraron ganancias mayores a ese monto en el primer semestre. Aun así, y luego de la controversia generada por el adicional en cuotas que había decretado el secretario de Energía, Javier Iguacel, el Gobierno decidió pagar con fondos públicos la diferencia generada por la corrida cambiaria.
Para Vallejos, la ciudadanía necesita «conocer las obligaciones y los ingresos en dólares y pesos, y la posición a término, para poder calcular cuál fue la exposición a la devaluación en el patrimonio y en los ingresos netos». Igualmente, aclaró que «si las empresas ganaron, o incluso perdieron menos del incremento de los gastos operativos en dólares, no se justifica semejante aumento en las tarifas o en las deudas del Estado con las empresas».
