Una historia manchada de sangre
Tortura de trabajadores durante la dictadura, estafa al Estado y a pequeños productores, evasión fiscal y fuga de divisas fueron algunos de los recursos de los que se valió Vicentín para forjar su crecimiento. La intervención pone fin a varias décadas de impunidad, y por eso es resistida por la propia empresa y por sus aliados.
Por Claudio Siniscalco
“La visión y la pasión puesta en el porvenir”, dice el eslogan con el que a la empresa le gusta presentarse. Sin embargo, en casi un siglo de historia (nació en 1929 como un almacén de ramos generales), Vicentín utilizó herramientas menos nobles que las que sugiere esa frase.
El 4 de noviembre de 1976 fueron secuestrados 22 obreros de la fábrica. Se llevaron a toda la comisión directiva y a todo el cuerpo de delegados. Algunos de ellos fueron secuestrados dentro de la propia fábrica mientras cumplían su turno de trabajo. Y a Efrén Venturini, delegado general, lo señaló el jefe de personal.
Venturini recuerda que estaba trabajando, a las 11 de la mañana, cuando lo secuestraron para meterlo en el circuito del terror que empezaba en Avellaneda y terminaba en Coronda. Estuvo 10 días desaparecido. Primero lo llevaron a la comisaría de Avellaneda, donde le pegaron y le robaron su primer reloj. Después, encapuchado, lo llevaron a la Jefatura de Reconquista. Ahí los ataron a todos y en la madrugada los metieron a patadas en un camión y los llevaron a la ciudad de Santa Fe.
Efrén Venturini
La tortura en la ex Policía Caminera lo dejó muy lastimado, permaneció tres o cuatro días tirado hasta recuperarse. Pero siguió padeciendo torturas, para finalmente ser llevado a la Guardia de Infantería Reforzada. Después lo llevaron a Coronda, desde donde -y como a muchos – lo llevaron a la comisaría 4ta de Mario Fasino, para seguir siendo torturado.
El 5 de noviembre, un día después del secuestro de los trabajadores y representantes gremiales, la fábrica les envió un telegrama para que se presentaran a trabajar en 24 horas, bajo amenaza de ser despedidos. Esta estrategia fue usada por otras empresas cómplices de la dictadura en el disciplinamiento de sus obreros.
“Ellos sabían que estábamos desaparecidos, nos llevaron de la fábrica misma”. Se trató de una estrategia patronal para librarse de los trabajadores “problemáticos” y a la vez ahorrarse una fortuna en indemnizaciones, declaró Venturini al portal enredando.org.ar. El ex delegado sobrevivió a la dictadura y todavía espera justicia.
Después de las torturas, la deuda
“Alejandro Córdoba, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se acerca hasta el Sindicato de Aceiteros para recordar que en 1982, a Vicentín le estatizaron la deuda privada. Pablo Rolón acerca un documento que atesora alguno de sus compañeros de Norte Amplio: la revista El Periodista donde consigna que ya entonces, la empresa fundada en 1929 había pedido 1.958.000 de dólares que pagó el Estado argentino”, publica Página 12.
Y agrega que “En el paraje El Carmen, de Avellaneda, Eulogio Sellarés se enoja por la respuesta de Avellaneda a la decisión de intervenir y expropiar la empresa. A sus 82 años, se ocupa de sus vacas este cofundador de las ligas agrarias, que estuvo detenido dos años y tres meses en Coronda. «Yo vivo acá, era agricultor, me reconvertí en pequeño ganadero», cuenta, y vuelve sobre la deuda: «Me acuerdo perfectamente de Domingo Felipe Cavallo. No sólo a Vicentin sino a varios grandes empresarios les tuvimos que pagar todo el pueblo argentino la deuda en dólares. La clase media de Avellaneda y Reconquista, que me disculpen la palabra que voy a utilizar, pero suelen ser el forro de los grandes intereses», dispara.
Sentido de pertenencia
“En Avellaneda tienen un sentido de pertenencia muy grande por Vicentín, pese a que hace algunos años la fábrica se fue para la zona de Rosario, para San Lorenzo y Ricardone, donde tiene el mayor peso de sus operaciones”, nos cuenta Elisa Soldano, una periodista santafesina que conoce muy bien la zona.
Soldano define a Avellaneda como una ciudad “conservadora, bastante cerrada”, y señala que la dirigencia política y los medios de comunicación, tanto de Avellaneda como de su vecina Reconquista “movilizan en contra de la intervención y mucho más de la posible expropiación”.
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¿Fin de la impunidad?
Una deuda de casi 100 mil millones de pesos, una estafa al Banco Nación promovida por su ex titular Javier González Fraga, un tendal de productores también estafados, miles de puestos de trabajo en riesgo, operaciones de triangulación para evadir impuestos y fuga de divisas a paraísos fiscales. En ese marco llegó la oportuna intervención del gobierno de Alberto Fernández, que anunció que enviaría al Congreso una ley de expropiación de la compañía.
Y entonces las marchas anticuarentena mutaron (como suele hacerlo el virus) en manifestaciones antiexpropiación. Los ANTI siguen siendo PRO, lo cual parece una contradicción. Como tantas otras que es necesario seguir revelando.