Un artículo del Código Civil mantiene movilizados a los mendocinos

Cuando ayer el gobernador de Mendoza anunció que suspendería la reglamentación de la polémica ley 7722, parecía que las cosas estaban en vías de solución. Sin embargo, Rodolfo Suárez apelaría a una maniobra legal para calmar los ánimos y que la ley-cianuro no se caiga.

Lo explica con claridad el reconocido abogado ambientalista Enrique Viale:

«Rodolfo Suárez dijo que va a suspender la reglamentación de la ley-cianuro (lamémosle así), que fue la que tiró abajo a la ley 7722. Pero el Código Procesal Civil de la provincia de Mendoza, en el artículo 219, inciso 2, dice textualmente:

Amparo por ausencia de reglamentación. Será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas determinen.

«¿Qué está diciendo el Código Procesal Civil? Que si el gobernador no la reglamenta, en este caso los mineros pueden hacer una acción de amparo para que entre la aplicación inmediata de la ley, que por supuesto está vigente porque ya ha sido publicada en el Boletín Oficial».

«Esta es la parte estrictamente legal -continúa Viale-. ¿Qué es lo que yo intuyo? Acá debe haber habido un acuerdo con las mineras: “Muchachos, voy a pausear la reglamentación, así se pacifica la provincia, para que yo pueda hacer la Fiesta de la Vendimia, porque se están cayendo las reservas de hoteles, etc., y una vez que pase la fiesta, ustedes meten el amparo porque yo no reglamenté la ley y es de manual que la ley-cianuro toma toda su fuerza y vigencia”, explicó.

«El señor gobernador de la provincia de Mendoza nos sigue tomando por boludos», sentenció el abogado.

Los asambleístas exigen la derogación de la ley 9209, que fue la que modificó a la 7722 y habilitó el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Y sostienen que el anuncio de ayer fue una pantomima de Suárez que no cambia nada, y que es es para engañar a la gente común.

«Por suerte no le creyeron y se multiplicó la cantidad de gente en las calles», concluyó un manifestante.

El Frente de Todos de Mendoza solicita la derogación de la Ley 9209 

«Cualquier otra instancia que no sea vinculante, puede ser interpretada como una maniobra dilatoria. Desde un primer momento dijimos que íbamos a discutir la matriz productiva de Mendoza de forma responsable. Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7722 enviadas por Rodolfo Suarez».

«Frente al escenario actual parece correcto el llamado al diálogo del gobernador, porque, tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad. En su momento, aclaramos también, junto a nuestros legisladores provinciales, que el único lugar que contaba con dicha licencia era el departamento de Malargüe».

«Por todo lo expuesto reiteramos nuestro pedido de que se derogue la norma mencionada para comenzar la búsqueda del consenso».

Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Bermejo, Omar Félix Marisa Uceda. Emir Félix (San Rafael) Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz). Lucas Ilardo, Germán Gómez, Adolfo Bermejo. Guillermo Carmona.