Deleznable e infeliz expresión de brutalidad, la realizada por Bussi, como parlamentario tucumano, al oponerse a la aplicación de la Ley Micaela en la provincia de la que es oriundo. Su visión de derecha extrema pone alarmas al sistema legislativo de todo el país, ante el contexto patriarcal que afecta a las argentinas.
En líneas generales, la violencia política obstaculiza e imposibilita el acceso y permanencia de las mujeres a los cargos públicos, a partir del ejercicio de distintos tipos de violencia (física, sexual, psicológica, económica o simbólica). A ello se suma la carga social que poseen en los típicos roles familiares y de cuidado. De esta manera, las mujeres que desean participar de la actividad pública deben afrontar ciertas presiones y reglas creadas para un área tradicionalmente masculina. Quizás esta es la razón que sostiene la sinrazón expresada por Ricardo Bussi en contra de la ley Micaela para evitar, entre otras cuestiones desvirtuadas, por el machismo en la práctica política.
Molesto por el desarrollo que se manifestó con un apoyo parlamentario del Congreso Nacional a la figura de la militante Micaela García, el legislador tucumano, Ricardo Bussi, expresó su negativa a la adhesión a la Ley para capacitar funcionarios y funcionarias contra la violencia de género.
Fuerza Republicana, el partido fundado por el genocida y ex gobernador de la provincia Antonio Domingo Bussi, presentó un contraproyecto para no adherir a la Ley. El mismo, que lleva las firmas de Ricardo Bussi (hijo del represor) y de los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci (del Partido por la Justicia Social), también propone la capacitación del personal del Estado en materia de violencia de género pero con la diferencia de que esta no sea obligatoria.
¿Cuál es la carga ideológica que evoca la Ley que lleva el nombre de Micaela García?
Sin dudas, la de la militancia de género que propende a manifestarse en los espacios partidarios del Peronismo en la actualidad, sobre todo con el activismo de las millones de jóvenes en el país.
Micaela fue, la víctima del odio de género y de la mujer en el territorio político y social, propio de quien busca un mundo más justo y humanitario para quienes son personas vulneradas por la pobreza, la opresión y el abuso del poder, primero económico y luego, institucional y político.
Ricardo Bussi, utilizó el caballito de batalla de los antiderechos, y eso es ir contra la perspectiva de género, indicándola como una cuestión ideológica; la misma que esgrimiría si la LEY se denominara EVITA, otra víctima de la violencia política, de género y del abuso, por quien los represores que secuestraron su cuerpo, la vejaron con toda la carga del odio patriarcal que no dudan, aún vigentes, descargar en todas las mujeres activistas de derechos humanos e igualitarios.
“La adhesión a la Ley Micaela es una adhesión a una Ley Nacional que no necesita un proyecto distinto”, opinó al respecto la legisladora Sandra Tirado que integra el bloque Frente Justicialista por Tucumán, y forma parte de la Comisión de Protección de los derechos de la Mujer.
“En la provincia ha habido diferentes obstáculos de los sectores conservadores acerca de distintas normas sobre la ampliación de derechos. tanto a las mujeres como al colectivo LGTB”, explicó en Barricada TV Celina de la Rosa, integrante del colectivo Ni Una Menos Tucumán y de la Agencia de Prensa Alternativa.
En la provincia, como ocurre en todo el país con el aislamiento social, hay un aumento de los casos de violencia de género. “Seguimos contando a víctimas fatales del machismo”, precisó Celina. “En Tucumán ya son 9 las muertes”, agregó.
Para Celina la Ley es el comienzo para un cambio de mentalidad. “Hay prácticas discriminatorias que no pueden seguir existiendo, hay prácticas de obstaculización de derechos que ya no son aceptadas en la sociedad y mucho menos en la función pública”, sostuvo.
Al mismo tiempo, desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán se está convocando a una campaña nacional: “Que pida la Ley Micaela para Tucumán”, señaló Celina.
La norma en cuestión surgió a raíz del femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2016 en la localidad entrerriana de Gualeguay. El único imputado por su crimen fue Sebastián Wagner, quien contaba con antecedentes penales por violación. La muerte de la joven de 21 años abrió paso a un proyecto que fue convertido en Ley a fines de 2018.
Por otra parte, la legisladora Nadima Pecci, del bloque bussista e impulsora del contraproyecto, argumentó que la Ley Micaela apunta a que el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad se convierta en una “gestapo ideológica que trata de imponer mediante la coacción estatal el adoctrinamiento ideológico en género de una manera compulsiva y autoritaria”, y que por esa razón la normativa no debe ser obligatoria.
Violencia Política en el contexto de la ley 26485
Violencia política contra las mujeres: aquella acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, incluyendo a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y las organizaciones estudiantiles. La violencia política, en tanto modalidad, puede incluir uno o más de los tipos de violencia reconocidos en el art. 5 de la ley 26485.-
