Tres meses de represión
La restauración conservadora se escuda en los palos, gases lacrimógenos y balas de goma para someter al pueblo.
Junto con la asunción de Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre, y la instauración de políticas económicas y sociales del orbe neoliberal, se modificaron los paradigmas en seguridad. Con poco más de tres meses en el poder, Cambiemos incurrió en constantes ataques contra los sectores vulnerables y para ello utilizó en cada oportunidad a las fuerzas represivas del Estado.
La decisión política del hijo de Franco Macri de avanzar con un brutal ajuste económico trajo de la mano a la represión contra la resistencia conservadora.
Para ello, conformó el mejor escenario posible para escudar un gobierno de concentración de la riqueza en balas de goma y gases lacrimógenos. La ministra de Seguridad del proceso que lleva adelante Cambiemos, Patricia Bullrich, orquestó la emergencia en seguridad para dotar de recursos de amedrentamiento a las fuerzas de seguridad. No obstante, se conformó el protocolo anti manifestaciones para legalizar la represión y criminalizar la protesta social.
En ese sentido, el coordinador del programa de Acceso a la Justicia, Julián Axat, manifestó que desde la asunción de Macri y Vidal “hay un incremento en los casos donde hay abuso en la fuerza, existe un agravamiento de estos casos de violencia institucional”. “Desde el 10 de diciembre comenzó una etapa en la que aparecen protocolos, aparecen operativos de seguridad que antes no existían”, aseveró.
“Hay un objetivo por parte de la fuerza de seguridad para buscar reprimir, criminalizar a la gente que vive en situación de vulnerabilidad que son las víctimas de estos abusos de las fuerzas”, consideró. En la misma línea, remarcó que “existe como una suerte de autorización de llegar más allá de donde se llegaba antes, se sienten más seguras para actuar sin mayores controles porque tienen garantizados los protocolos de trabajo y relajados los controles internos”
Desde la asunción de Mauricio Macri se produjeron represiones a los trabajadores de Cresta Roja, a cooperativistas de La Plata, a una murga de la Villa 1-11-14, a trabajadoras de SOEME en La Plata, a trabajadores de Atucha, en Santiago del Estero, en Merlo, y en distintos puntos del país.
“Estos casos marcan un cambio de clima en el cual las fuerzas de seguridad son funcionales a un sistema económico que se está imponiendo”, denunció Axat y agregó que “la violencia institucional es parte de un sistema económico que se busca imponer, y ese sistema económico es ortodoxo de acumulación financiera basados en las recetas de las grandes empresas transnacionales que son parte del gobierno”.
A su vez, manifestó que “no es un problema de violencia institucional, sino como una cuestión de política económica y social”. “Hay un incremento del uso de la fuerza sobre los sectores vulnerables y esto es la lógica de un nuevo modelo económico y social”, destacó. En tanto, subrayó que “hay un cambio de clima, de época, donde las fuerzas de seguridad toman otro rol. La violencia institucional viene de antes y es algo del estado argentino desde la dictadura hasta acá, porque ante la duda se genera muertos”.
Además, destacó que la lucha contra la violencia institucional es una deuda de la democracia y destacó en ese rol a León Arslanián y Nilda Garré. “Había una decisión de luchar contra los crímenes del pasado, como los de Mariano Ferreyra, pero no había una decisión firme de luchar contra la violencia institucional, casos como el de Luciano Arruga, son casos testigos. El problema es que ahora es mucho más grave. Se incrementó, hay montones de pibes que son víctima de la violencia institucional porque esto viene de largo alcance”, explicó.
En tres meses de gestión el macrismo avanzó brutalmente contra los sectores vulnerables que resisten el embate de la restauración conservadora que llegó con palos, balas y gases lacrimógenos.
