Trabajadores viales respaldan auditoría sobre los negociados en la gestión de Iguacel
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, respaldó ayer las declaraciones realizadas por el ingeniero Justo Pastor Romero, testigo en la causa «Vialidad», contra Javier Iguacel por el vaciamiento de Vialidad Nacional, quien aportó datos precisos sobre el rol del ex funcionario en el organismo. «Se está haciendo justicia. Quedó demostrado que la gestión de Dietrich/Iguacel trabajó en contra de los argentinos, privilegiando los negocios al interés común», cuestionó Aleñá.
Así, durante su presentación, el auditor Romero contó que las obras en Santa Cruz que habían sido licitadas de manera previa a la llegada del macrismo al organismo «fueron abandonadas, con el perjuicio que eso significa para el Estado Nacional», y aclaró: «las deficiencias que se advirtieron fueron mínimas y todas las obras que se habían licitado, existían. No entiendo cuál fue el razonamiento que hizo el ingeniero en petróleo Iguacel para hacer una denuncia a partir de nuestro informe».
En ese sentido, Romero agregó: «yo me preguntaba cómo puede ser que habiendo un control interno, integrado por la AGN y por la Sigen, que ese sistema haya sido todo alterado», y detalló que «eso se comprobó que no era así, se comprobó que las obras existían. Lo más grave es que estas obras fueron abandonadas durante el gobierno de Macri», agregó el auditor.
Por otra parte, el sindicato que lidera Graciela Aleñá presentó el año pasado una denuncia ante el Juzgado N°7 del Dr. Casanello por la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje en el resto de los 7 corredores viales, denuncia por la que Iguacel fue procesado.
Así, la referente sindical manifestó que «de a poco se sigue corriendo el velo de la corrupción macrista, se están cayendo todas sus mentiras», y agregó: «queda claro que usaron las denuncias de corrupción como cortina de humo para hacer sus propios negocios y propiciar el vaciamiento del organismo».
Además, Aleñá recordó que desde el gremio denunciaron también las Sociedades de Participación Pública Privada (PPP), sobre lo que cuestionó: «para hablar de sobreprecios habría que ver qué pasó con los contratos PPP, cuyos valores eran tres veces más altos que en la modalidad anterior».
«Vialidad fue diezmada por la gestión de 2016 a 2019, sobre todo respecto del personal técnico», remarcó Aleñá, y recordó: «nosotros llevamos a la justicia las denuncias penales contra la gestión Dietrich, nos mintieron a todos los argentinos bajo su falsa política de transparencia e idoneidad».
