Supremo Tribunal de Brasil suspende el traslado de Lula a una celda colectiva
La Justicia brasileña había ordenado el traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril del año pasado en la ciudad de Curitiba, a una cárcel común ubicada en el interior de San Pablo, donde están alojados homicidas famosos. Pero a las pocas horas decidió dejar sin efecto esa medida. Lula permanecerá preso en Curitiba.La decisión se enmarca en medio del escándalo por las filtraciones que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la causa Lava Jato y el exjuez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.
De acuerdo al fallo, Lula será enviado a la cárcel de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, un centro penitenciario común con homicidas famosos en la historia policial brasileña, lo que levantó el alerta sobre su seguridad y reclamos de sus defensores sobre la legalidad de su detención.
La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del exjuez Moro.
Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.
Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que no fue tenido en cuenta.
Lula está preso desde el 7 de abril de 2018 acusado de corrupción en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná. Los abogados de Lula denunciaron irregularidades durante todo el proceso judicial y concluyeron que el exmandatario fue condenado sin pruebas. Desde aquel 7 de abril, militantes del PT montaron una vigilia en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.
Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco de la operación Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.
Sin embargo, filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo probarían la existencia de maniobras para condenar a Lula, en esos mensajes se admite la falta de certezas de la acusación.
Pedido de la defensa a favor de Lula
Los abogados del expresidente pidieron frenar la decisión judicial hasta que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.
El abogado Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto expresidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.
La orden de la jueza de Curitiba, por un pedido de la Policía Federal, determina que Lula puede ser enviado a una cárcel común y a una celda colectiva, algo que será determinado por un juez de Sao Paulo.
El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.
«Lula ni debería estar preso porque es inocente y fue condenado por una farsa, ya que en la sentencia el propio Moro dijo que no hubo desvíos de Petrobras en el caso», dice el comunicado del PT.
Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ser trasladado a la cárcel de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, conocida por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos.
El juez pidió una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores.
Marcha atrás al traslado
El Tribunal Federal Supremo (STF) decidió el miércoles por la tarde mantener al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en prisión en Curitiba. En una orden judicial, el ministro Edson Fachin, relator de Lava-Jato, negó la solicitud de libertad hecha por la defensa del ex presidente, pero aceptó la solicitud de que no sea transferido a la prisión de Tremembé en Sao Paulo. Solo el ministro Marco Aurelio votó en contra. El ex presidente ha estado encarcelado desde abril de 2018 en la Superintendencia de la Policía Federal en la capital de Paraná.
El ministro Dias Toffoli llevó el caso al pleno del STF, compuesto por once ministros. Toffoli dictaminó que el relator es Fachin, quien dirige los procedimientos judiciales de Lava-Jato.
En la sesión, la Fiscal General de la República, Raquel Dodge defendió la estadía de Lula en la sala especial donde ha estado desde abril del año pasado en Curitiba.
Fuente: Latinoamérica piensa
