Stornelli desestimó en tiempo récord una denuncia contra Carrió por no declarar una casa en un country

Según publicó el diario Tiempo Argentino, el fiscal federal Carlos Stornelli no dudó en desestimar a mediados de 2013 una sospecha contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, luego de que el abogado Gustavo Ogni radicara la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la legisladora chaqueña.

Fue luego de que la revista Veintitrés llevara a su tapa un informe en el que detallaba la compra por parte de Carrió de una chacra en un club de campo ubicado en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, a unos 80 kilómetros de su banca del Congreso.

En esa ocasión, el fiscal no dudó y descalificó la denuncia con un argumento, al menos sorprendente, en favor de la diputada. Afirmó Stornelli que para determinar como «infundada» la presentación sobre la dirigente, tuvo en cuenta que la denuncia en su contra se hizo en un momento en que se formulan acusaciones y demandas sobre supuestos hechos de corrupción que involucrarían a figuras del gobierno nacional.

Algo así como un blindaje judicial constante para Carrió, ya que la líder opositora basó sus dos décadas de participación activa en la política en dos aspectos fundamentales: quebrar las expectativas que creaba entre sus ocasionales aliados políticos para denunciarlos de inmediato de las peores bajezas de la inmoralidad pública y así romper cada frente, alianza o coalición que dibujaba con fines electorales; y, por otro lado, descalificar a repetición al gobierno y a sus funcionarios con cuanta incipiente sospecha deslizaban en los medios dominantes.

Entonces, si el argumento para desechar una investigación contra la diputada es que el gobierno nacional es investigado por presuntos delitos basados en denuncias, el círculo de inmunidad es perfecto para Carrió. ¿Cómo investigarla si ella es la que denuncia siempre?

El mismo fiscal que desechó de manera cuasi instantánea iniciar una investigación contra Carrió, con celeridad manifiesta, aplicó idéntica velocidad pero en sentido inverso y dio curso en una secuencia para la antología judicial a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que involucra a Cristina Fernández de Kirchner.

La secuencia fue la siguiente: el domingo 9 a la noche, la líder del GEN miró el programa Periodismo para todos que emite Canal 13 y conduce Jorge Lanata, donde se sostuvo que habría irregularidades en el funcionamiento de la empresa Hotesur SA, firma que indicó ser accionista la presidenta en su declaración jurada.

A la mañana siguiente, Stolbizer fue rauda a los tribunales federales de Comodoro Py y radicó una demanda contra la mandataria y el ministro de Justicia, Julio Alak. La presentación recayó en el juez Claudio Bonadio y con Stornelli como fiscal a cargo, quien no dudó en requerirle al magistrado que abriera una causa para que se investiguen las sospechas contra la jefa de Estado que fueron lanzadas desde la pantalla del Grupo Clarín, y acercadas hasta los tribunales de Retiro por la diputada del GEN.

Este modus operandi quedó expuesto en lo que el secretario de Justicia, Julián Álvarez, definió como «Operación Escudo», una estrategia de Bonadio para conseguir protección en los medios de comunicación opositores al gobierno y de esta manera presionar al Consejo de la Magistratura, que debe definir la situación del juez federal que acumula nueve acusaciones en ese organismo por mal desempeño de sus funciones. (Telam)