SRT solo con la prevención no alcanza

Una de las preocupaciones que agitan desde el gobierno con respecto al mundo del trabajo es la mal llamada “industria del juicio”.

El argumento se choca de frente con la realidad, donde la alternativa de resolución administrativa a los conflictos arroja una estadística notablemente menos favorable para el trabajador. Por ejemplo en la determinación de incapacidad, la valoración de la secuela que deja un accidente laboral, en fuero judicial tiene un resultado promedio 12,5% más elevado que por vía administrativa, según el último relevamiento realizado por la UATR.

La iniciativa gubernamental de actualizar el BAREMO es un intento de resolver estas distorsiones del sistema y unificar un criterio para la resolución de conflictos. Desde diversos sectores del mundo advierten que la medida no termina de atacar la raíz del conflicto y que, en varios aspectos, perjudica aún más la situación de litigiosidad y sobrecarga del sistema.

En diálogo con este medio, el secretario general de ATE SRT, Raúl Gomez, se expresó en el mismo sentido: “Desde que se implementó la nueva ley la idea era bajar la litigiosidad, pero la cantidad de juicios no ha dejado de aumentar, sostenidamente, año a año. El nuevo baremo, que a priori es una iniciativa saludable, termina siendo una sábana corta. Intenta resolver por un lado mientras descuida por el otro.”

Respecto de la situación particular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el dirigente remarcó que “Lo que nosotros reclamamos como trabajadores de la superintendencia es disponer de las herramientas para analizar, entender y, en última instancia, atacar el problema de la litigiosidad. Si no se estudian seriamente los motivos del aumento en los juicios, difícilmente se pueda resolver el tema.”

Desde el desembarco de milei en casa rosada hay una clara política de ataque al sector público, con las consecuencias que eso acarrea. Sumado a la no contrataciónes de nuevo presonal y al acoso permanente desde medios oficiales, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha generado una ola de renuncias, sobre todo de cuadros técnicos y profesionales formados en la función pública. Al respecto, Gomez señala que “Hoy hay una falencia muy clara que es la falta de trabajadores. Nos encontramos con áreas estalladas, con una sobrecarga notable, y con la perspectiva, en varios casos, de recibir más tarea todavía. Para revisar el tema de la litigiosidad lo que falta es un departamento específico que se aboque a estudiar el tema. Y para eso hay que contratar trabajadores, no despedirlos.”

La iniciativa del BAREMO es una discusión abierta. Para el dirigente referenciado con ATE Capital, lo que hace falta es “Sobre todo sincerar las falencias del sistema y de las ART en temas de rechazo de enfermedades o “desconocimiento” de los factores de riesgo. Que hoy no se tomen en cuenta temas de salud mental en trabajadores que son sujeto de situaciones violentas o extremas resulta bastante sintomático.”