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Situación de los hogares inquilinos en CABA

En las últimas dos décadas, la proporción de hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires ha escalado significativamente, pasando del 24% al 36% del total. Este aumento demográfico ha puesto en relieve la importancia de políticas y regulaciones que protejan los derechos de estos residentes. Según un estudio realizado en 2023 por el Observatorio de Economía Urbana del CEPA, la ley de alquileres 27.551 ha sido fundamental en esta protección.

El relevamiento, basado en un muestreo representativo del parque habitacional de la población inquilina, reveló altos niveles de cumplimiento de la ley en aspectos cruciales como la duración de los contratos y la actualización de precios. Sin embargo, también destacó una preocupante disparidad entre los precios de oferta y los precios pactados en contratos vigentes. Esta discrepancia sugiere que los precios del mercado no reflejan la realidad económica actual, al menos hasta diciembre de 2023.

La existencia de la ley ha actuado como un amortiguador crucial para los hogares inquilinos frente a la inflación, proporcionando un marco para la actualización objetiva de los precios en un mercado caracterizado por su volatilidad y fluctuaciones. Esto ha evitado un deterioro significativo en las condiciones de vida de una población inquilina que supera el millón de habitantes en la ciudad.

No obstante, la situación se torna más crítica con la derogación de normativas que históricamente brindaban algún grado de protección a los inquilinos. Esta medida, en un contexto de crisis económica generalizada, agrava aún más la vulnerabilidad de este segmento poblacional, careciendo de respaldo efectivo por parte de los gobiernos locales y nacionales.

Con el 36% de los hogares en la Ciudad de Buenos Aires bajo régimen de alquiler, la necesidad de políticas públicas efectivas y sostenibles se vuelve imperativa. La revisión y fortalecimiento de las regulaciones existentes podrían ser clave para mitigar los efectos adversos de la crisis económica en los inquilinos y asegurar un acceso equitativo a la vivienda en una de las ciudades más habitadas de América Latina.

Informe del CEPA

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