Si los funcionarios funcionan, no habrá paz con la derecha
La principal conclusión que dejaron el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa y las inmediatas reacciones del aparato político-mediático-judicial que representa al bloque dominante, es que si el Gobierno gobierna (los funcionarios funcionan, diría Cristina) no habrá consensos civilizados ni convivencia democrática.
Por Claudio Siniscalco
La razón es simple: los requisitos del macrismo para que la paz política sea posible son incompatibles con una gestión del Frente de Todos que dé respuestas a las necesidades de una mayoría que incluye a su propia base social y electoral.
Esa conclusión no es nueva, pero cobra valor otra vez tras el impecable mensaje de Alberto Fernández, al que siguió una lluvia de ataques de Juntos por el Cambio, en sus versiones política y mediática. Lo de siempre: «embestida contra los jueces», «corrupción», «falta de autocrítica».
Para no declararle la guerra al Gobierno, la derecha exige dos cosas: la impunidad de todo lo actuado bajo la catastrófica gestión de Mauricio Macri y una absoluta libertad para que la clase dominante continúe con el saqueo del Estado, la persecución del peronismo y el empobrecimiento de la mayor parte de la sociedad.
Básicamente, la idea es desconocer su derrota en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 y que las cosas continúen como si Macri hubiese sido reelecto, con el beneficio adicional de evitar el desgaste que implica gobernar.
Semejante pretensión, completamente fuera de la realidad en cualquier análisis racional, es percibida (o al menos difundida) como un objetivo razonable dentro de la lógica de la sinrazón y la prepotencia que anima al liberal-fascismo: si gana la derecha, gobierna como quiere; si gana el peronismo, debe gobernar como quiere la derecha.
Tras cuatro años de saqueo neoliberal y luego de un 2020 marcado por la pandemia, el oficialismo encara el 2021 como el año en que debe comenzar, sin más demoras, la reconstrucción argentina. La proximidad de las elecciones de medio término marca un límite a la tradicional tendencia dialoguista de Alberto Fernández y obliga a resolver la encrucijada que plantea el macrismo: cuanto mejor le vaya al país, más fuertes serán los ataques desestabilizadores contra el Gobierno democrático.