¿Se aplica el Debido Proceso en Argentina?
La reforma de la Ley de Ejecución Penal
Tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso «Lynn» se llevan a cabo reformas legislativas para garantizar el acceso a la Justicia.
El secretario Horacio Pietragalla Corti participó en el Senado de la Nación de la presentación de un proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional y trabajado por la Secretaría Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios junto con la Defensoría General de la Nación para reformar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 24.660).
Se trata de una iniciativa que tiene origen en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Lynn”, que garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa durante la ejecución de la pena.
El proyecto logró dictamen de la comisión de Asuntos Penales del Senado de la Nación, por lo que pronto pasará al pleno de la Cámara para su tratamiento.
En la sesión coordinada por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del senado Oscar Parrilli expusieron, junto con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios María Laura Garrigós; María Josefina Ignacio, comisionada en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Dra. Silvia E. Martínez por la Defensoría General de la Nación.
Sobre el caso “Lynn”
Guillermo Patricio Lynn presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la representación de la Defensoría General de la Nación. Allí alegó la violación a sus derechos humanos en el contexto de un procedimiento administrativo sancionatorio, durante su privación de la libertad.
En su informe Nº 106/2018, la CIDH concluyó que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial del señor Lynn. Como consecuencia de ello, determinó que el Estado debía tomar una serie de medidas para garantizar la reparación integral de las violaciones que tuvieron lugar en este caso.
En concreto, indicó que el Estado debe asegurar que los procesos sancionatorios durante la ejecución de la pena cumplan con el debido proceso.
