Salta: una mujer violentada por un maltratador y el Estado ausente
Un entorno de desamparo es el que vive Carina Santos, como víctima de violencia de género, con 4 menores a cargo, dos de los cuales tienen discapacidades, sin una ayuda que le permita tener lo básico y necesario para afrontar el día a día. Su ex marido la acosa y pone en peligro la seguridad de ella y de sus hijos.
Suma a todo esto, el hecho de las altas tarifas de electricidad que se facturan en la provincia de Salta, motivo por el que sin poder afrontar estos costos excesivos, le fue retirado el medidor de su domicilio. Ahora no tiene luz eléctrica, ni ayuda estatal, ni amparo de la justicia, ni nada…
Madres desamparadas, jefas de hogar tratando de contener a sus hijos son las historias de este país inmerso en una de las dictaduras financieras, más graves que sea recordada por la población.
El contexto se pone peor para Carina quien además tiene el padecimiento de las mujeres que no se pueden liberar de los misóginos, violentos y maltratadores, dado que a la Justicia local y todos los mecanismos que dicen defender a las víctimas de violencia de género, no cumplen con lo necesario para que ni ella, ni nadie más deba vivir miserablemente a costa de tanta desgracia.
Carina, recurrió a los medios para que se haga pública su historia y consiga el interés generador de soluciones, porque luego de reiteradas denuncias e idas y venidas, en comisarías y juzgados, al hombre le impusieron una restricción de acercamiento, mientras que una consigna policial, custodia el hogar de ella y sus hijos, que ahora está a oscuras por la interrupción en el servicio básico.
Sin recibir la cuota alimentaria, la violencia suma un resultado inevitable; la pobreza que hace todo más doloroso, difícil e indigno. Carina solicitó a la prensa los medios necesarios para que se sepa su caso y que en ello logre escucharse su voz y consiga de ese modo la intervención estatal pertinente. Al momento de esta nota, ella nos comentó que si bien habían movilizado personal de EDESA hasta su domicilio, no le fue restituido el medidor y por tanto, tampoco el servicio de energía eléctrica.
Cabe destacar que el único recurso comunicacional disponible para ella, fue el contacto a través de las redes sociales y del servicio de mensajería de Whatsapp, así es que nos solicita compartamos su número de celular para aquellas personas que puedan ayudarla solidariamente en estas circunstancias difíciles: 0387-5000142. El número de NIS de su domicilio para EDESA es 3097326.
Santos debiera ser contenida con un subsidio dada la discapacidad de sus hijos y contar con los servicios básicos para la atención de los menores, no obstante, brega para que Justicia, Estado y sociedad, la apoyen en este momento, a la espera que en breve la situación sea revertida y con ello deje atrás un pasado de miedo, violencia y empobrecimiento.
El abuso económico sobre la mujer
La violencia de género se sustenta en un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre los varones y las mujeres. Si bien todos los tipos de violencia restablecen la situación de subordinación de las mujeres, la violencia económica y patrimonial cercena aún más los procesos de autonomía y, en el contexto de las relaciones de pareja, resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control sobre sus vidas.
La Convención de Belém do Pará, incorpora la afectación de los derechos económicos como parte del concepto de violencia. En su Artículo 5 establece que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”.
En el país la ley contra la violencia de género, también contempla la situación de las mujeres vulneradas económicamente y las situaciones suscitadas con respecto a este maltrato del varón hacia la mujer, a través de medios económicos.
En estos casos, aparece un agravamiento de la violencia económica y patrimonial por el incumplimiento del aporte alimentario para la crianza de las hijas e hijos y objeciones a la división del patrimonio. Esto último asociado a maniobras conducentes a la continuidad del vínculo que, en ocasiones, pueden llegar a la perpetración de una modalidad extrema de violencia, el femicidio.
Una mujer víctima de violencia económica y patrimonial, se ve afectada no sólo en lo relativo al control y autodeterminación de su vida y su autoestima, sino también en su desarrollo e inserción laboral, vulnerándose gravemente sus derechos humanos, su calidad de ciudadanía y su supervivencia.
