Salta: Sáenz someterá a exámenes toxicológicos a funcionarios estatales
A través de un decreto de necesidad y urgencia argumentó que es una tarea preventiva
Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. (Organización Mundial de la Salud) en Salta, mediante un decreto provincial se vincula con lo moral, lo ético y un aspecto contrario al principio de inocencia.
Gustavo Sáenz, amaneció el martes 27 de enero del 2026, concurrió a Casa de Gobierno, revisó su agenda y de pronto, mencionó que un modo de mostrar gestión sin los fondos nacionales es poner giro a la derecha más extrema, llevándose puesto derechos y garantías constitucionales, poniendo bajo sospecha que personas afectadas por adicciones; en general, a sustancias psicotrópicas, fármacos, tabaco, alcohólicas y demás no pueden desempeñarse en un cargo estatal, entiénda a este como del Ejecutivo, el Legislativo e incluso Judicial.
Bajo el manto de sospecha, caen miembros de su gabinete, las autoridades de la Corte de Justicia, o los del Servicio Penitenciario que estuvieron envueltos en un escándalo financiero con una estafa piramidal. Le cabe el rigor de estudios clínicos a todas las personas que tendrán pero dificultosamente los kapanga del gobierno aliado fascista de Milei, se sometan a tan absurda determinación en la Provincia afectada por las inundaciones en las comunidades originarias, la desnutrición infantil, la falta de infaestructura vial o incluso el cada vez menos respetado derecho alimentario.
El elefante blanco que pasará por detrás de esta demagógica medida es el pedido que Santilli realizó durante su visita a Salta a gobernador e intendente capitalino para arbitrar inmediatos despidos en las plantas de trabajadores estatales de ambos estamentos y para ello, la estrategia será, presionar con los exámenes toxicológicos, de modo que, la caza de brujas se cuenta por sí sola. Caer en gracia -o mejor dicho, en desgracia- a la gestión libertaria, implica subir al risco y tirar a los defectuosos, aunque la casta esté plagada de narcovinculaciones, psicópatas y otros personajes del fétido círculo circense que hoy gobierna en el país.
Pero retomando el DNU de este 2026, y conforme a la fuente que representa la Organización Mundial de la Salud, cabe mencionar que las adicciones abarcan un amplio abanico de situaciones:
- Adicciones Comportamentales: Conductas compulsivas (juego, trabajo, tecnología) que interfieren gravemente en la vida cotidiana.
- Política de Salud Pública (Consumo de Sustancias): Estrategias gubernamentales que abordan las consecuencias sociales y sanitarias, buscando proteger la salud de la población y reducir el daño.
- Función Pública en Adicciones: Se enfoca en la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo problemático como una condición de salud tratable, no solo un problema criminal.
Sáenz, en un claro sometiemiento a los antojos políticos de Milei, cede a estas declamaciones vanas de transparencia y organización gubernamental sin todavía dar la cara por las partidas que Capital Humano envió en el 2025 para los pueblos indígenas de Rivadavia Banda Norte, tampoco, las asistencias sociales que no cubren a la mayoría de las familias afectadas por inundaciones en los pueblos más humildes de Salta.
El narcotráfico ha socavado a las instituciones gubernamentales, en palabras expresadas oportunamente por el propio Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, quien luego de los grandes anuncios mediáticos sobre crimen organizado y muertos en departamentos como Orán, no volvió a asomar con esta realidad grave de la provincia norteña.
Es extraño cómo se asume que la culpa de la falta de transparencia, confianza y legitimidad de la gestión provincial muy deteriorada de Sáenz en Salta, sea porque hay enfermos en la función pública, sea una posibilidad la ignorancia de quienes, lapicera en mano, suponen hacer un bien moral y ético cuando en la práctica es todo lo contrario.
Al caso de esta nota, se cita la investigación de Andrea Elizabeth Vázquez. Dra. en Psicología. «PROCESOS DE ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD AL SISTEMA DE SALUD DE PERSONAS CON CONSUMOS PROBLEMÁTICOS» Universidad Nacional de Buenos Aires.
«El discurso del delito asociado a las drogas ilegales tiene un fuerte componente ideológico y produce un efecto de poder explicativo, basado en la suposición de peligrosidad de las personas que las consumen. La situación de quienes han sido alcanzados por la legislación penal muestra que ni siquiera el cumplimiento del castigo logra deshacer la marca de la judicialización. Entre los tipos de estigma, cabe destacar el referido a “los defectos del carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad”.
Ellos surgen de informes sobre “perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo, homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio y conductas políticas extremistas”.
El prohibicionismo no es congruente con el reconocimiento de los derechos de ciudadanía ni con el derecho al
consumo de drogas; no al menos para aquellos ciudadanos que viven en situación de pobreza: los estigmatizados.
Esto dificulta enormemente las intervenciones y omite reconocer que gran parte de la población consume alguna droga legal o ilegal, produciendo una gran distancia entre realidades cercanas.
El discurso estigmatizante, que señala la necesidad de apartar a las personas con consumos problemáticos, genera en ellas una reacción de aislamiento, que suele impactar en los vínculos con instituciones de salud y redes sociales e invisibiliza sus derechos . Esta operatoria las aleja cada vez más de una potencial inclusión social, profundizando la exclusión y el autoestigmatización» Explica la investigadora.
Si esto, no bastare para la asesoría blindada que circunda al gobernador de amplio repertorio folclórico, puede ser más simple de entender, la legislación vigente: Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Ley de Hábeas Data) Es la norma principal que regula el tratamiento de *datos personales, incluidos **datos sensibles* como la salud o las condiciones médicas. Define principios, derechos, deberes de responsables de bases de datos, y acciones judiciales para defender esos derechos (como el hábeas data).
Salta no avanzó sobre leyes que impidan la mortandad de niñeces indígenas, tampoco lo hace para salvaguardar los bosques nativos ante el desmonte sojero, no ordena, siquiera, políticas públicas que propendan a frenar las enfermedades de transmisión sexual en la provincia, por citar un ejemplo básico, e incluso no se habla de alguan forma de salvataje para la obra social local a la que están obligados a aportar toda la planta de empleados públicos, funcionarios y demás, siendo en la actualidad, evidente la crisis por la que atraviesa el IPS.
Salta, sigue la tendencia de San Luis y Neuquén, queriendo dar guiños a un fascismo que en breve le quitará el manejo de recursos para cumplir las exigencias de intereses foráneos y poco importara qué padecimientos poseen los funcionarios o los empleados estatales o los aspirantes a puestos públicos.
