SALTA: La Justicia Federal investiga a los hombres del candidato a Gobernador por el macrismo
AFIP realiza una investigación por facturaciones truchas a través de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, cargo máximo ejercido al momento por GUSTAVO SÁENZ, candidato de Macri a la Gobernación.
La causa está en el Juzgado Federal de Salta Nº1 perteneciente a Julio Bavio desde donde ya hace más un año se investiga al Gobierno Municipal bajo sospecha de una asociación ilícita que fue montada para evitar que se detecten el manejo discrecional de los fondos públicos.
Empresarios, funcionarios y empresas truchas se congregan en esta banda delictiva que fue armada para disponer de licitaciones y contrataciones directas por obra pública.
La denuncia primera que registró AFIP permitió llegar a identificar al menos unas 26 empresas que facturaban a la Municipalidad salteña, con comprobantes originados desde la propia dirección IP del Centro Cívico Municipal, ubicado en la Avenida Paraguay al 1200
En la investigación y pericias de los equipos forenses, se observó que las contrataciones de los años 2017 y 2018 con facturas, testimonios y escuchas realizadas sobre los involucrados, se hacían evidentes las maniobras en lo que denominan «faceta delictiva» la cual operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras impresas en papel -legales pero insolvente al no contar con bienes registrados, compras o empleados- con lo que se ocultan a los verdaderos titulares. También se constata la connivencia de funcionarios públicos, para resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecio, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor”, según informa El Destape.
Gustavo SÁENZ pre candidato macrista videoplayback
Las apreciaciones del juez federal
Para el juez federal Bavio, se encontró que “en muchos casos la utilización de facturas apócrifas (duplicadas) tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos”.
SEC S.A. es la empresa que está en el ojo del huracán. Se creó en 1998 pero en 2017 pasó a manos de Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz y su domicilio fiscal se concretó en Vicente López al 1700, donde no se registra actividad industrial ni comercial, sino que el lugar es ocupado por un estudio jurídico y figura como domicilio de Aníbal y Álvaro Anaquin, ambos empleados públicos. Según la Justicia, el empresario Matías Huergo es quien maneja el control operacional desde las sombras.
Romero es jubilado desde marzo de 2013 y cobra $7.264. No tiene bienes registrables, vive en una casa modesta – «casa habitación» – y nunca salió del país a pesar de ser socio de ésta y otras empresas también vinculadas a Huergo. De este modo, entendieron en la AFIP y la Justicia, su estilo de vida no se condice con las altas facturaciones de las compañías. Su socia, Camila Muñoz, tiene sólo 24 años, vive con sus padres, no se registró nunca como empleada en relación de dependencia, no tiene bienes registrables y no salió de la Argentina. Así, se manifiesta que los presuntos titulares de SEC S.A. son insolventes ya que nada explica cómo pudieron adquirir las acciones de la firma.
Pese a esta irregularidad y al hecho de haber declarado un solo empleado entre abril y mayo de 2017, la Municipalidad de Salta les otorgó la obra de colocación de 600 farolas y 690 luminarias en el casco céntrico de la ciudad. Augusto Aparicio Pereya fue el único trabajador registrado por SEC S.A. para semejante tarea, con un sueldo de tan sólo $10.670.
La compañía no tenía empresas proveedoras y no registró compras destinadas a la subcontratación para la realización de los trabajos que justifique la falta de empleados o que les provea los materiales para las columnas, faroles y luminarias. O sea, con un solo trabajador, SEC S.A. suministró los instrumentos de la obra y la concreción de la misma. Al resultar imposible que la compañía haya realizado tal encomienda, se sospecha que todo fue costeado por la propia Municipalidad de Salta.
El vínculo con el Gobierno comandado por Sáenz es estrecho. El único cliente de SEC S.A. es la Municipalidad de Salta a la que, de abril a junio de 2017, le emitió ocho facturas por un monto de $8.632.540,02. Sin embargo, la empresa registra acreditaciones bancarias por $13.769.231, un excedente de $5.136.637 que el municipio podría haber pagado sin haber registrado.
Pero SEC S.A. no es la única firma implicada en este armado. Según la investigación, “otras 26 empresas facturaron al municipio desde esa misma IP por un importe total de $121.645.345” desde enero de 2017 a agosto de 2018. Además, en el mismo período hicieron lo mismo, “incluyendo otras IP, por un total de $422.238.276”, según pudo saber El Destape.
Partícipes necesarios en las maniobras
También se estima que en este «armado» existe una pata estatal de la organización ilícita: «Uno de los funcionarios apuntados es Pablo Gauffín, secretario de Hacienda Municipal en ese entonces. En un allanamiento al domicilio del empresario Matías Huergo, beneficiario y parte de las maniobras de esta asociación ilícita, se encontró información digital que había sido eliminada pero que pudo recuperarse. Allí, los investigadores dieron con distintas carpetas y, “entre los conceptos pagados, figuran pagos a ‘Pgauffin’ o ‘Pablo Gauffin’ en distintas oportunidades, los que arrojan un total de $1.510.000”.
Luego de corroborar que la empresa de Gauffín no facturó a Arcadio Obras Eléctricas S.R.L. (de Huergo) y al propio Huergo, se relacionaron los pagos registrados al funcionario con cuatro facturas emitidas por la compañía SEC S.A., también propietaria del empresario en cuestión, a la Municipalidad de Salta “por la provisión e instalación de farolas, luminarias”. En este entrecruzamiento se constató que “el primer pago registrado en el libro de caja – a nombre del entonces Secretario municipal – coincide con la fecha en que la primera factura fue cancelada por la Comuna, mientras que respecto de las restantes se hizo con posterioridad”.
De este modo, según la causa judicial analizada por El Destape, se entendió que hubo un retorno económico al exfuncionario por beneficiar a las firmas del empresario. Incluso, destacaron, se encontró la carpeta “Provisión cheques realizados” en una notebook ubicada en Oficina 2 de Arcadio Obras Eléctricas S.R.L. donde se “consignó que el cheque por $161.278,67 había sido entregado a Gauffín” pese a que en la planilla pusieron otro nombre para despistar» detalle el sitio web de noticias.
Retornos y autores de la fachada
Agregan con respecto a estas investigaciones judiciales que «Los retornos encontrados a Gauffín provinieron de Matías Huergo que, con Aníbal Anaquin y Gerardo Romero, entre otros implicados, se encargaron de crear sociedades ficticias, formalmente existentes pero sin capacidad económica y operativa como SEC S.A.
Otros dos funcionarios están implicados en el armado, de los dos lados del mostrador. Se trata de los hermanos Anaquin. Álvaro es el firmante de la cuenta bancaria de SEC S.A. con menor movimiento de dinero y es empleado provincial desde 2006 con una remuneración bruta de $26.768, según los registros de 2017. En tanto, Aníbal es monotributista de la categoría más baja, empleado público desde 1999 con un sueldo de $44.546 a agosto de 2017 y ocupó diversos cargos en el Estado salteño. Es el firmante de las cuentas del Banco Macro, con mayor movimiento, y junto a Huergo, desde la clandestinidad legal, son los verdaderos dueños de esta empresa creada como «fachada» para facturar sin tener capacidad operativa»
Pero en la notebook de Huergo, secuestrada en el allanamiento a su domicilio, se encontraron más documentos que implicaron a otros funcionarios públicos. Allí se halló un archivo con una pestaña denominada “Certificado parcial de obra Nº2” para la provisión e instalación de 300 farolas ornamentales con un saldo a pagar de $754.000. Entre las personas que suscribieron el mismo está Miguel Uranga, como director de Obras Eléctricas del municipio. Además, se halló otro documento denominado “00 caja nueva mayo 2018” en el que se detectaron egresos para Gauffín y Uranga, por $10.000.
Pagos y rastros de los ilícitos
También se encontraron pagos efectuados a Marcos Rizzotti, director de Concursos de Precios y Licitaciones Públicas de Obras Públicas, subsecretaría de Contrataciones de la Secretaría de Hacienda por un total de $340.000 en lo que respecta a los llamados de contratación. Además, se registraron salidas de dinero con Francisco Agolio como destinatario, “quien se desempeñaría como subsecretario de Inspecciones y Certificaciones de la secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, quien firma la factura presentada por SEC. S.A., el Certificado Parcial de Obra (los dos junto a Uranga) y lo eleva al Secretario de Hacienda”.
El Destape web ha prometido mostrar que «En este armado, se detectó que hubo un direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios hacia Matías Huergo y sus empresas a cambio de un retorno económico. El caso investigado hace foco en compañías de fachada creadas para cometer distintos delitos que perjudican al municipio como lavado de dinero, evasión fiscal o la creación y comercio de facturas truchas para no pagar impuestos o generar retornos económicos»
