La investigación que lleva adelante Canicoba Corral, referida a las tareas de espionaje sobre los 21 jueces de distintas instancias que se vincula estrechamente con los cometidos a través de la Dirección Nacional de Migraciones, el esquema utilizado para tal cosa, implica la participación necesaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta. Como antecedente pesa la investigación que también realiza el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, con respecto al espionaje ilegal en la que surgieron operaciones no autorizadas sobre actividades de los ministros de la Corte Suprema que fueran dirigidas por el falso abogado D`Alessio.
En tanto que Ramiro González inició el expediente de la causa con el listado que integran los 21 jueces víctimas de estas acciones persecutorias, entre ellos Juan Carlos Maqueda, los integrantes de tribunales orales y la totalidad del fuero federal. Una noticia criminis es la que dio inicio a la causa judicial en trámite, cuya autoria le pertenece a un periodista de La Nación, Carlos Pagni, quien en abril de 2017 denunciaba la existencia de lo que denominó «pestilente círculo negro de espionaje» y detallaba allí las distintas operaciones vinculadas con la AFI -Agencia Federal de Investigaciones- Dado que en estas circunstancias, hubiera sido investigado -aunque en modo irregular- el propio Canicoba Corral, el magistrado dispuso ese tramo de la causa a cargo de su par María Romilda Servini.
Se destaca de lo investigado hasta el momento que las operaciones de espionaje ilegal cometidas, se realizaron mayoritariamente utilizando el sistema de Migraciones juntamente con las estructuras de Gendarmería, Ministerio de Seguridad, Policía Federal UIF, Policía de la Ciudad, Procuración Nacional, Ministerio de Seguridad de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria o Prefectura Nacional, Canicoba Corral ya giró los pedidos de explicaciones a 12 organismos.
¿Para qué utilizaban esta estructura de espionaje?
A través de Migraciones podían determinar si es que un juez o funcionario viajaba frecuentemente, más allá de las posibilidades económicas del funcionario espiado, o en fechas en que debería haber estado trabajando, con una licencia irregular o acompañado de qué, quién, entre otros detalles. Todos estos elementos pueden transformarse en bases para aprietes que condicionen alguna decisión judicial. Como cada consulta a la base de datos de Migraciones debe hacerse con una clave, ahora deberá precisarse quiénes fueron los funcionarios que investigaron irregularmente a los jueces y a quién respondían.
El propio juez de la causa, Canicoba Corral admitió correspondencias entre el acceso al sistema de Migraciones y la aparición de alguno de esos datos sobre el juez en cuestión en algún medio periodístico porteño. Lo que también mostraría una operatoria similar a la del caso D´Alessio, donde el falso abogado sostenía cuestionables relaciones (que hoy están siendo investigadas) con periodistas como Daniel Santoro, del diario Clarín.
