El fiscal acusó a los funcionarios públicos por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes. La formalización de la imputación transcurrió durante una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas, a lo largo de las cuales Toranzo expuso las pruebas que acreditan la participación de los acusados en los hechos. El fiscal resaltó la labor desplegada por la Oficina Judicial Salta, que estuvo a cargo de la coordinación técnica de la audiencia. Participaron a distancia los imputados y sus abogados defensores, y el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, quien la supervisó.
Luego de escuchar a las partes, Bavio dispuso en primer término formalizar la imputación penal tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado es “sólido y provisto de numerosa prueba documental”. Dispuso además que el plazo de investigación se extienda por noventa días, y fijó un embargo en 60 mil pesos.
Lista de imputados
Las personas imputadas son los concejales de las siguientes localidades que se consignan junto a sus nombres: Jesús Ernesto Cuellar (Urundel); Luis Carlos Coronel (El Carril); Paola Sandra Cantarella (Pichanal); María Del Valle Torres (Rivadavia banda Norte); Fernando Leandro Gerónimo (Payogasta); Gabriela Elizabeth Cazón (Aguas Blancas); Franco Marcelo Córdoba (San Antonio de los Cobres); Melisa Mónica González (San Lorenzo); Marta Beatriz López (Orán); Ricardo Alberto Díaz (Colonia Santa Rosa); Nicolasa Maraz (Los Toldos); Nancy Valeria Quiroga (Santa Victoria Oeste); Jimena Antonieta Ordóñez (Aguaray); Javier Héctor Chauqui (Angastaco); y Alexandra Ludmila Borujow, Héctor Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas (El Quebrachal).
También fue imputado Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En la audiencia, el fiscal Toranzos sostuvo que la investigación se inició a partir de la difusión el 23 de julio pasado de una investigación de periodistas de la radio FM Noticias, de Salta, que puso en evidencia el cobro irregular del IFE por parte de distintos funcionarios públicos, la mayoría de ellos concejales de distintas localidades de la provincia.
Los 17 concejales imputados corresponden a 15 localidades de la provincia de Salta.
Explicó que a partir de ese conocimiento se llevaron adelante diversas diligencias tendientes a verificar la revelación periodística, para lo cual se requirieron informes a la oficina central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo entregó un detallado reporte sobre las personas que habrían cobrado de manera irregular dicho beneficio.
Posteriormente, se solicitó al juez de garantías una segunda diligencia que permitió a los investigadores del Área de Casos Complejos y No Penal verificar en las mismas oficinas de la ANSES el camino virtual que realizaron los sospechados a fin de cobrar el IFE.
Asimismo, el fiscal se refirió a otras pruebas producidas, entre ellas cotejos requeridos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los ingresos de los imputados y sus empleadores. El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que aún se encuentran pendientes otras medidas de prueba que, una vez concluidas, permitirán conocer más detalles de los trámites realizados por los imputados.
El beneficio
En su exposición, el fiscal resaltó que el beneficio del IFE fue puesto en vigencia a partir del decreto de Necesidad y Urgencia N°310 de 2020, el cual habilitó el pago excepcional de un monto de 10 mil pesos para personas que, debido a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, habían resultado afectadas por las medidas sanitarias.
El beneficio –indicó- está dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tenían ingresos precarios, como monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares.
El mismo decreto y las reglamentaciones posteriores pusieron la responsabilidad del pago, como del respectivo control, en la ANSES, organismo que, a su vez, dispuso en detalle quiénes serían los beneficiarios, los requisitos, el trámite y el medio de pago.
Toranzos indicó que la disposición del beneficio es clara y que, sin embargo, los acusados la cobraron. De esa forma, dijo, incumplieron con el juramento realizado al asumir en la función pública, pues conocían que no podían cobrarlo, ya que se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos. En muchos casos, explicó el fiscal, lo percibieron en dos ocasiones.
Añadió que las pruebas producidas dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron los imputados, sino el medio por el cual percibieron irregularmente tal beneficio.
El fiscal también señaló el sueldo que percibía cada uno de ellos, sumas que oscilaban entre los 20 y 60 mil pesos, en concepto de haberes abonados por el Estado.
El fiscal indicó que las pruebas producidas dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron los imputados, sino el medio por el cual percibieron irregularmente tal beneficio.
Toranzos recordó que entre las condiciones para otorgar el IFE se exigía que el beneficiario no tuviera relación de dependencia ni tampoco ingresos propios. Por eso el fiscal consideró que su cobro indebido “se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”.
En función de ello, Toranzos solicitó que los acusados, 17 concejales y el empleado de ministerio, sean imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
También solicitó un embargo para cada uno por la suma de 100 mil pesos, a fin de cubrir los daños causados y las costas del proceso.
Respecto a las medidas de coerción, el fiscal requirió, por ahora, el compromiso de los acusados de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación penal en curso, para la cual pidió un plazo de treinta días hábiles, en vista de lo avanzado del caso.
Las defensas
En su turno, las defensas, tanto oficial como particular, coincidieron en rechazar el monto del embargo, el cual consideraron excesivo, como así también solicitaron un plazo de investigación de 90 días, en vista de que muchos de los acusados reservaron su declaración para otra etapa del proceso.
Asimismo, muchos de los acusados, a través de sus defensas, informaron que ya restituyeron el dinero percibido a través del IFE. Uno de ellos, por ejemplo, señaló que el trámite fue realizado por su ex pareja, sin su consentimiento: al tomar conocimiento del cobro indebido, esa persona -dijo el imputado- decidió adquirir mercadería que entregó a un comedor de su localidad.
