Salta: Ex intendente acusado como coautor del robo de rieles

“Los saqueos ocurrían a la luz del día y con la connivencia de la policía y Gendarmería”, afirmó el fiscal general, Eduardo Villalba, quien impulsó dos investigaciones contra miembros de esas fuerzas.

El fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Salta, Eduardo Villalba, formalizó la ampliación de la imputación penal seguida contra el exintendente de Coronel Juan Solá, Atta Gerala, como coautor del delito de robo agravado de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas en localidades del Chaco Salteño.

El agravamiento de la situación procesal del exintendente –en noviembre pasado Villalba lo había imputado en grado de partícipe necesario– fue formalizado el 20 de marzo pasado ante el juez federal de garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien al cabo de la audiencia autorizó una serie de medidas probatorias y dispuso el arresto domiciliario de los otros dos coimputados: José Miguel Gerala, hijo del exjefe comunal, y David Medina, un comerciante de Orán, quienes habían sido detenidos el 4 de noviembre pasado y se encontraban en prisión preventiva.

En aquel momento a estos dos acusados se les imputaron los delitos de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en calidad de coautores, dado que -de acuerdo a los elementos reunidos en la pesquisa- los rieles extraídos eran subidos a camiones y enviados a Bolivia, donde eran reducidos. Gerala (h) además fue acusado entonces de robo agravado por ser cometido en despoblado.

Las detenciones se habían producido en el marco de un operativo que incluyó varios allanamientos simultáneos, tanto en la ciudad de Orán como en Coronel Juan Solá (Estación Morillo), que derivaron en el secuestro de 165 rieles, 15 de ellos en una propiedad del exintendente.

Un mes más tarde, el 11 de diciembre, el fiscal general solicitó la detención del entonces intendente, a quien le imputó el contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario. Pero ahora su situación en el caso se agravó, dado que la fiscalía lo considera coautor.

El robo de rieles se daba en el Ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas. Foto: Gendarmería Nacional.

Durante la audiencia el fiscal también lo imputó por “malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal” hasta que dejó de ser intendente el 20 de noviembre pasado, cuando se dispuso la intervención del municipio.

La defensa del imputado intentó cambiar la prisión domiciliaria dispuesta en el caso por la libertad provisoria, pero el pedido fue rechazado por el juez a instancia de los argumentos esgrimidos por la fiscalía.

“Robo a cara descubierta”

“Estamos ante un robo a cara descubierta que cuenta con el consentimiento de la policía de Morillo, la que está sujeta a la autoridad del exintendente”, dijo el fiscal Villalba, al fundar las razones que llevaron a agravar la situación penal del exjefe comunal.

Con la asistencia de la auxiliar fiscal, Roxana Gual el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó la tarea de campo realizada en la investigación, que -según explicó- llevó a un equipo de trabajo de la fiscalía a situarse en la localidad de Morillo para recibir declaraciones testimoniales de integrantes de las comunidades originarias, quienes sindicaron al exintendente como el cabecilla del robo de rieles.

Villalba destacó el resultado del peritaje realizado al teléfono del hijo de Gerala, pues de ese análisis surgieron mensajes que fortalecieron la teoría del caso y, sobre todo, el vínculo directo del exintendente con los robos de rieles registrados en la zona.

En tanto, la auxiliar fiscal recordó que el 19 de mayo del año pasado personal policial de la localidad de Padre Lozano detuvo a dos camiones que transportaban 180 rieles sin la documentación correspondiente, en el marco de un operativo llamado “Municipio Seguro”.

Explicó que el procedimiento se concretó sobre la ruta provincial 53 y que los conductores de los rodados mintieron respecto a la carga, pues dijeron que era chatarra.

La auxiliar fiscal añadió que, ante la insistencia de los policías por ver la carga, quedó al descubierto que transportaban rieles, sin ninguna documentación respaldatoria. En esa situación, uno de los conductores sostuvo que habían sido contratado por el ex intendente para trasladar la carga desde el paraje de Pluma de Pato (municipio de Morillo) hasta Pichanal.

Según expuso la fiscalía, algunos rieles aparecieron en una propiedad del exintendente, mientras que otra parte de la carga estaba lista a orillas del río Bermejo con destino a Bolivia, donde se reducía el botín.

Precisó que la situación procesal de los dos camioneros fue resuelta por el fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Descentralizada de Tartagal, quien el 2 de octubre pasado arribó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba con los dos conductores.

Como parte del acuerdo -homologado por el juez Jorge Gustavo Montoya-, los imputados realizaron una donación de más de 3 millones de pesos en favor del hospital de General Mosconi y se comprometieron a 16 horas mensuales de tareas comunitarias para una iglesia evangélica de la localidad de “Los Blancos” por el lapso de un año.

A pedido del fiscal general, las constancias de ese proceso fueron agregados a la investigación y con ello se amplió el objeto procesal. Para la fiscalía, el traslado de los rieles robados y las revelaciones dadas por uno de los camioneros fortalecen la teoría del caso, en especial la responsabilidad del exjefe comunal en los hechos investigados.

Connivencia

En otro tramo de la audiencia, el fiscal sostuvo que uno de los roles centrales que tuvo el exintendente consistió en evitar que la policía local pusiera la maniobra al descubierto. “Prueba de ello es que no hay ninguna actuación policial de Morillo respecto al robo de rieles registrados en su jurisdicción, pero sí existen intervenciones de las dependencias policiales vecinas”, resaltó.

“El robo se hacía a la luz del día; los vecinos escuchaban los ruidos de cortes y extracción de los rieles y de las maquinarias”, marcó el fiscal, para quien el exintendente tuvo un rol preponderante sobre las fuerzas de seguridad de esa localidad, dada la ascendencia que ejerce producto de un arraigo muy fuerte en la zona con casi 30 años como intendente, con excepción de cinco en los que se desempeñó como diputado.

Villalba definió la investigación como “sumamente compleja” y refirió que se iniciaron actuaciones penales por la connivencia de personal de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la provincia con asiento en ese municipio.

El fiscal indicó que existen evidencias de ello que surgen de una serie de intervenciones telefónicas. Al respecto, la auxiliar fiscal puso de relieve un diálogo mantenido por el hijo del exintendente con un oficial de la comisaría de esa localidad. En esa comunicación, centrada en un reclamo del policía, aparentemente de dinero por el paso de camiones con los rieles, José Gerala tranquiliza al oficial que le hacía las demandas y le dice que “el comisario habló con mi viejo”, tras lo cual le confirma el pago de una importante suma de dinero por cada camión.

La auxiliar fiscal describió que los miembros de comunidades originarias declararon que habían sido contratados por el exintendente y que era su hijo quien dirigía las cuadrillas para el saqueo, con la utilización de herramientas y maquinarias del municipio.

La auxiliar fiscal recordó, a su vez, que los robos de rieles investigados se circunscriben a los parajes de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, adyacentes a Morillo. Precisó que, una vez extraído, el material ferroso era trasladado hasta un galpón administrado por Medina, en Orán.

Añadió que, en otros casos, como se probó en los allanamientos, algunos rieles aparecieron en una propiedad del exintendente, mientras que parte de la carga ya estaba lista a orillas del río Bermejo con destino a Bolivia. En el vecino país se reducía el botín, en violación a la prohibición de exportación de material ferroso que, hasta fines del año pasado, regía en todo el país.

Mano de obra y amenazas

Según la fiscalía, para la extracción y traslado de los rieles, los acusados se valían de pobladores de las comunidades originarias de la zona. Ese dato fue confirmado a través de numerosas declaraciones testimoniales y de la evidencia extraída del teléfono de uno de los imputados.

Al respecto, la auxiliar fiscal remarcó que uno de los camioneros detenidos por personal policial de Padre Lozano reveló que la carga de los rieles a los camiones fue realizada por miembros de la población aborigen del lugar y dijo que también tuvieron a su cargo la extracción.

Gual continuó citando al transportista, quien sostuvo que se utilizaba la camioneta del entonces intendente, ahora secuestrada, para el traslado de esas personas a los lugares de donde iban a sacar las vías. Añadió que este dato quedó corroborado por fotos extraídas del teléfono del hijo del exjefe comunal, que muestran el traslado hasta el lugar, y en un video donde se observa la extracción de los rieles.

La auxiliar fiscal agregó que los miembros de las comunidades originarias declararon ante el personal de la fiscalía que habían sido contratados por el exintendente y que era su hijo quien dirigía las cuadrillas para el saqueo, con la utilización de herramientas y maquinarias del municipio.

También señalaron que recibieron amenazas por parte del entorno de Gerala, quien -de acuerdo con la fiscalía- ejercía sobre los aborígenes y todo el pueblo una gran influencia, pues la extracción de las vías se hacía a plena luz del día y los vecinos reconocieron que los ruidos de se escuchaban en todo el pueblo, pero nunca la policía tuvo alguna intervención al respecto.

EL EX FUNCIONARIO MUNICIPAL INSISTE QUE ESTA CAUSA ES POLÍTICA

El ex intendente acusado pidió declarar. “Yo no tengo nada que ver en esto, ni con los camiones, ni con los fierros, absolutamente nada. No sé por qué dicen los camioneros mi nombre. Si viene al caso, con todo respeto, si son siete mandatos que estuve es porque el pueblo me ha elegido y cada vez gané mejor la elección; no creo que haya sido tan malo. Ya voy a cumplir 70 años y le puedo asegurar que nunca tuve nada que ver en nada. Esto para mí es un manejo político”, aseguró.

Negó también haber tenido relación con los aborígenes y, en cuanto a las fotos que muestran a su camioneta, dijo que un empleado realizó tareas de iluminación en la zona, tras lo cual reiteró que no tiene relación con las acusaciones en su contra.

A su turno, el fiscal general valoró: Atta fue elegido por el voto popular y por ello, tiene influencia sobre el pueblo, pero la misma circunstancia de que haya sido la autoridad tantos años condujo a los vecinos a pensar que la extracción de los rieles había sido dispuesta por la autoridad estatal, cuando no fue así. Pues se trata de bienes que son del dominio público del Estado Nacional, al que tanto le cuesta construir”.