La primera etapa de la transición gubernamental, arriba con ministerios, gobernación, intendencias, legislatura y concejos deliberantes convulsionados. Muertes de niños por hambre, problemas con la Salud Pública, mordaza a la información, prácticas oscurantistas del siglo XVIII, denotan que nada ha cambiado en la provincia norteña.
Las comunidades originarias se ven desesperadas pues los niños y niñas de 0 a 8 años, mueren de hambre, ante la falta de acceso a los alimentos, el agua potable, la salud, etc. Los módulos alimentarios que bien puede disponer la provincia con un margen exiguo del presupuesto para este año, no llegan, pues Gustavo Sáenz, mandatario local, espera que la NACIÓN, a través de Daniel Arroyo; lo favorezca con los bolsones que por falta de conectividad en el municipio de Santa Victoria Este, reemplazarán a las tarjetas del programa ALIMENTAR. Hasta que esto suceda, llevan 4 niños y una niña de ocho meses, muertos.
Aún así, inconmovibles o sin capacidad de inmediata reacción, que al caso es igual, los mandatarios no ponen el pan en la mesa de los pobres cuyos recursos naturales se ven seriamente afectados por el desmonte en las fronteras agrícolas que van corriendo -literalmente- a los pobladores nativos.
Entre las crónicas del horror, la prensa provincial, pudo constatar esa desidia de la nueva gestión -que no tiene nada que envidiar a su antecesora- cuando escucha declaraciones como las vertidas por las autoridades del área sanitaria: «En realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiple factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichis, que son reacias a la atención médica» dijo con absoluto desparpajo oligarca, el Secretario de Salud de la Provincia, Antonio de los Ríos, a un diario local. No conforme con esta frase digna de Mengele, el funcionario insiste en aquella premisa del «indígena» sucio, pobre y culpable de la vida y la muerte en la miseria “las comunidades wichis, que son muy cerradas, deben adquirir nuevos hábitos de higiene“.
Así quien lee esto y piensa en la función del INADI, en los avances en Derechos Humanos para el siglo XXI, no acierta a saber si Salta se ha quedado colonial en su arquitectura o más que nada en su composición de mentalidades. La gravedad de tales afirmaciones por parte de este funcionario perteneciente al gabinete de GUSTAVO SÁENZ, comunica con certeza, lo terrible del ideario que moviliza la gestión política de Salud Pública en la provincia norteña, recordemos que la semana pasada, la propia ministra del área emitió un memorándum inconstitucional que cercenaba el acto de transparencia del Gobierno a través de la información. El mismo fue desactivado por el mandatario local, pero en estos días se pudo saber que sigue el ocultamiento de datos estadísticos -no se descarta que falseados- sobre las muertes por desnutrición infantil.
El vidente que le pagan por médico
Las aberrantes palabras de desprecio emitidas por De Los Ríos, se coronan con el accionar de un médico de guardia en la ciudad tropical de Tartagal, cuyo nosocomio público se negó a ingresar de urgencia a una jovencita que acompañada por su madre presentaba sangrado vaginal profuso, propio de una insuficiencia ovárica. El médico de nombre Patricio Parra Marin, sin haber revisado a la paciente, supuso -como si fuera un vidente y no médico- que la señorita venía con una complicación post aborto y bajo ese prejuicio negó la atención médica de urgencia, mientras -literalmente- la joven se desangraba en la vereda del hospital PÚBLICO, Juan Domingo Perón. Acompañada por su madre, la joven, se sentía cada vez peor. La atención médica definitiva la consiguió porque Clara Pistán, mamá de la paciente afectada trabaja como empleada con una señora cuyo padre fue un prestigioso médico en esa ciudad.
Previo a la internación, el médico Parra Marín, golpeó a la madre de la paciente, las echó del hospital sin atenderla, le negó el derecho a ser revisada por otro profesional y las denunció ante la policía local. Este relato que figura en varios sitios digitales salteños, parece imposible de creer pero en la provincia con un alto grado de abandono, sin controles de ninguna clase, los médicos golpean en vez de salvar vidas.
No es extraño, en este contexto prejuicioso y discriminador que el secretario de Estado, De Los Ríos, considere a las personas originarias como seres conflictivos «Tenemos muchos problemas con ellos por falta de entendimiento cultural, por ejemplo esconden a los enfermos en el monte, hay que ir a denunciarlos a la policía para poder asistirlos y si el agente sanitario los denuncia no puede entrar más a la comunidad” declaró a los medios.
Pobres: la variable de ajuste
Pero la Salud es uno de los lugares sensibles que muestra las graves falencias de un gobernante que considera gestión al simple hecho de contar con la amistad de algún legislador nacional en Buenos Aires y esa llave del oficialismo actual, le daría todo a pedir de boca. Asusta el grado inusitado de ignorancia en el manejo y la gobernabilidad de una provincia, no sólo empobrecida, sino ahora, más abandonada. Consecuentemente, Sáenz se desgasta en una interna con la Intendente Capitalina, Bettina Romero, hija del senador Nacional, Juan Carlos Romero -otrora gobernador- y un ferviente profesante del neoliberalismo salvaje. Su hija como empresaria, tiene esa mirada bajo la cual, el Estado no cumple con un fin social, sino que debe rendir como una empresa. La ex diputada provincial, considera que en el municipio, los trabajadores sobran y por ello, decidió disolver la COOPERADORA ASISTENCIAL, entidad dedicada a resolver los problemas de comedores comunitarios, enfermos sin recursos, ni obra social, familias en estado paupérrimo, la copa de leche a las escuelas de la capital, entre muchas otras acciones de índole netamente social. Bettina es obediente del mandato paterno y hace lo que vio desde muy joven: reducción del Estado, recorte del presupuesto social y beneficios para las empresas y grupos económicos «amigos». Luego de eso, ni a ella, ni a Sáenz, se les conoce a la fecha, un plan de gobernabilidad para ninguno de los territorios a su cargo, respectivamente.
En medio de este «río revuelto» se encuentran las Intendencias de los pueblos, sin presupuestos, con esquemas que deben ser auditados, cajas diezmadas por las antiguas jefaturas comunales, algunas con más de tres décadas de mandatos; contratos basuras y mucha ignorancia por parte de las nuevas gestiones. El mayor problema, además del hambre y la miseria, se presenta en esta época con la provisión de agua potable. Los pozos de Salta y del interior, no cuentan con el procesamiento óptimo para potabilizar el líquido elemento, las empresas: AGUAS DEL NORTE Y EDESA -energía eléctrica- se ven acorraladas por manejos poco claros de sus servicios, sus cuentas y sus deudas con el estado provincial, incluso el ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, ha detectado problemas internos relacionados con la interacción entre estas instituciones en perjuicio de los usuarios.
El carnaval parlamentario
Por su parte, el tambaleante sistema gubernamental de Salta, parece haber comenzado un año complicado. La Cámara baja provincial se ve envuelta en un hecho policial por cuanto, uno de sus empleados jerárquicos, fue víctima de un robo millonario y por ese motivo, los legisladores arbitraron los medios para que se investigue el origen y justificación del dinero que le fuera sustraído al empleado desde su vivienda en un barrio de la zona oeste de la ciudad de Salta.
Los medios de comunicación detallaron, al respecto: «El ex secretario administrativo y actual empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia, José Alfieri, denunció en una comisaría del microcentro un asalto con sello mafioso en su propio domicilio, donde los delincuentes finalmente se llevaron más de 15 millones de pesos en divisas extranjeras. La cantidad exacta no fue hecha pública, pero se habló de 170.000 dólares billetes y unos 30.000 euros» dado que las sumas robadas excederían los ingresos de José Alfieri, Diputados dispusieron que se investigue el origen de estos valores en manos del empleado legislativo.
El portal fiscalespenales.gob.ar detalla en referencia al hecho delictivo: «En el marco de las actuaciones que se llevan adelante por el robo de una importante suma de dinero de una vivienda de Junín al 1300, la fiscal a cargo de la UNICROH, giró actuaciones correspondientes a la Fiscalía Federal en turno para que se investigue la posible comisión de un delito federal.
La fiscal penal Ana Inés Salinas, interina en la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, giró las actuaciones correspondientes al ámbito de la Justicia Federal en el marco de la investigación que lleva adelante por el robo de una importante suma de dinero en moneda extranjera de una vivienda en la zona Oeste de la ciudad.
Salinas realizó la remisión para que se investigue la posible comisión de un delito de naturaleza federal, sin perjuicio de la competencia de la UNICROH para el esclarecimiento del hecho caratulado como robo agravado por efracción, en poblado y en banda.
Asimismo, la fiscal solicitó informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos para conocer si el dinero sustraído había sido declarado, ante un eventual evasión fiscal»
La Justicia también tiene sus «cosas»
Para acrecentar la incertidumbre de un administración institucional en franca crisis, el Ministerio Público Fiscal, vio concretarse la designación del fiscal penal Marcos Ezequiel Molinati cuestionado por violencia de género y por ello, interpelado mediáticamente, aunque no fuera cuestionado en el período de antecedentes y oposición que se acata con la presentación del pliego correspondiente.
Al parecer más allá de las críticas, el letrado consiguió uno de los dos puestos para los que se había presentado en una misma semana; uno como fiscal penal y el otro como vocal del Tribunal de Impugnación, cuyo concurso se declaró desierto y se pospuso indefinidamente. En la oportunidad, cuando se presentó ante el comité evaluador de la Magistratura, Molinati, fue avisado por un miembro examinador sobre su elección para el cargo que hoy ostenta, como si tal situación no debía ser informada en ese contexto; un desliz, sin intención aparente. Se comenta que el propio Procurador General, cuestionó su designación.
«Encontrándose el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en uso de la licencia por feria judicial, el fiscal ante la Corte en feria, Eduardo Sylvester, tomó juramento a Marcos Ezequiel Molinati como fiscal penal del Distrito Centro» el aviso oficial de su asunción explica que Molinati estará a cargo de la Fiscalía Penal 6, ubicada en el barrio Solidaridad; zona sureste de la ciudad, a travesada por situaciones complejas en lo que respecta a criminalidad.
En SALTA, la política hace que todo el año sea carnaval.
