Salta: Despidos encubiertos en Educación
La Junta Calificadora culpó a los educadores estafados por una capacitadora que no tiene acuerdos con el Gobierno
Unos docentes quedaron sin poder cubrir cargos para el 2026, otros fueron descartados para postular en cualquier parte de la Provincia y algunos otros directamente, afectados para ingresar al sistema de enseñanza. Gustavo Sáenz, comenzó la cacería de brujas en la administración pública local.
En una primera etapa del reclamo judicial por esta arbitrariedad cometida desde el Ministerio de Educación, tres docentes debieron recurrir a un amparo que, conforme lo expuesto por los asesores letrados de las víctimas de persecución, explicaron a IB24: » Venimos a interponer AMPARO (Art. 87 de la Constitución de la Provincia de Salta y Art. 43 de la Constitución Nacional) contra la JUNTA CALIFICADORA DE MÉRITOS Y DISCIPLINA de Nivel Inicial dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta, a fin de que se declare la NULIDAD ABSOLUTA e INSANABLE de la Disposición Nº 92/2025, por haber sido dictada en abierta violación al DEBIDO PROCESO y al principio de LEGALIDAD.
La presente acción persigue que se dejen sin efecto las sanciones de exclusión impuestas sin la sustanciación del sumario previo exigido de manera imperativa por el Art. 48 de la Ley Nº 6830 (Estatuto del Educador). La omisión de este procedimiento esencial constituye una vía de hecho administrativa que lesiona de forma actual e inminente el derecho constitucional de defensa, el derecho al trabajo y la estabilidad laboral.»
En el instrumento legal presentado por los docentes perseguidos desde el Gobierno, expone: «MEDIDA CAUTELAR URGENTE: Como consecuencia necesaria para garantizar la eficacia de la sentencia a dictarse, solicito a S.S. la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LOS EFECTOS de la Disposición Nº 92/2025 (Art. 81 LPA), ordenando a la demandada la REINCORPORACIÓN OPERATIVA DE LA SUSCRIPTA a los listados de clasificación. Ello implica la obligación de la Junta de realizar las acciones técnicas para asegurar mi participación efectiva en los actos de cobertura de cargos del Ciclo Lectivo 2026, bajo el puntaje que legalmente le correspondía con anterioridad al acto viciado.
Se interpone la presente vía dada la ineficacia de los remedios ordinarios frente a la inminencia de las designaciones docentes y el carácter alimentario del salario en juego, por lo que solicito se haga lugar al mismo, con expresa imposición de costas.»
En la medida cautelar se solicitó al juez: «la SUSPENSIÓN INMEDIATA Y OPERATIVA DE LOS EFECTOS de la publicación de los cuadros de puntaje (Art. 81 LPA), ordenando a la demandada la REINCORPORACIÓN OPERATIVA DEL SUSCRIPTO a los listados de clasificación. Ello implica la obligación de la Junta de realizar las acciones técnicas para asegurar mi participación efectiva en los actos de cobertura de cargos del Ciclo Lectivo 2026, bajo el puntaje que legalmente le correspondía con anterioridad a la exclusión arbitraria.»
Como así también, la RESERVA DE VACANTE: Subsidiariamente, para el caso en que por razones técnicas la inclusión informática demore, se ordene a la Junta la RESERVA DE CARGO Y VACANTE en los actos públicos de adjudicación, impidiendo que los cargos que por orden de mérito me corresponden sean cubiertos de forma definitiva por terceros hasta tanto se dicte sentencia en este amparo.
EL CASO ALARMANTE DE CASTIGOS CONTRA EDUCADORES
A finales de diciembre del 2025, al menos ochocientos educadores damnificados manifestaron ante la prensa, su temor, pues estaban en peligro sus legajos, carreras profesionales, cuadros de puntaje y nombramientos.
Esto a raíz que una empresa que ofreció, vendió y cobró capacitaciones destinadas a docentes de la provincia, no estaba reconocida por el Ministerio de Educación y consecuentemente sin acuerdo con la Junta Calificadora de Méritos y disciplina, perjudicó al menos a 800 docentes que habiendo cursado, sin ser advertidos de las irregularidades, hoy temen por sus legajos, horas cátedras, nombramientos y titularidades.
La afectación sobre el trabajo de docentes es compleja. Además de representar una situación grave.
Los docentes afectados, que actuaron bajo el principio de buena fe y confianza legítima, adquirieron capacitaciones de una oferente que se presentaba con aparentes convenios institucionales y que, incluso, contaba con recomendaciones de personas vinculadas al ámbito educativo. Los docentes fueron engañados por una red que simulaba validez académica.
Ante el conocimiento de la irregularidad, los afectados han iniciado de manera espontánea denuncias penales por estafa y presentaciones administrativas.
Los docentes no buscaron vulnerar el sistema, sino que fueron usuarios de un servicio que resultó ser fraudulento.
Es importante destacar que estas mismas capacitaciones fueron, en una primera instancia, aceptadas y computadas por la propia Junta, lo que reforzó la convicción de su legalidad.
Se ha observado con preocupación que se están evaluando sanciones, e incluso se ha efectivizado alguna de ellas, sin otorgar a los Docentes el correspondiente derecho al descargo. El debido proceso es una garantía constitucional que debe respetarse en toda instancia administrativa.
Ante esta situación, el equipo legal que los asesoró, intentaron mediar para asegurar que la Junta de Calificación considere las pruebas presentadas (comprobantes, recibos y denuncias policiales) y se abstuviera de aplicar sanciones automáticas, sin antes permitir que cada docente explique su situación particular.
Nuestro objetivo es que la administración educativa comprenda que estamos ante trabajadores que fueron estafados y que el hilo no debe cortarse por lo más delgado. Solicitamos que se garantice el derecho a ser escuchados y se actúe con la equidad que el caso requiere”, señalaron los representantes legales.
Los docentes instaron, por entonces, a las autoridades a abrir un espacio de diálogo y revisión, priorizando la transparencia y la justicia para quienes dedican su vida a la enseñanza. Sin embargo, el Gobierno optó por hacer caso omiso a tal pedido y en lugar de ello, fiel a su alianza con el fascismo nacional, eligieron perseguir a las personas damnificadas, a los fines de dejarlos si derecho a postular, ejercer y acceder a la tarea docente en la enseñanza pública, cada vez más desfinanciada y deteriorada en el país, peor aún en Salta.
