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Salta: Defraudan y extorsionan al Estado

 

 

Escribe Diego Comba, exclusivo para InfoBaires24

 

 

Lejos de un reclamo social legítimo, por estos días se registraron algunos cortes en la ruta nacional 34, a la altura de General Mosconi, al norte de Salta, orquestados por el intransigente José Pepino Fernández, sobre quien pesa una causa penal por defraudación al Estado, y no conforme con defraudar al Estado, organiza un piquete extorsivo para no perder sus privilegios.

 

Tras una minuciosa investigación la ANSeS terminó de recolectar el material necesario para enviarlo a la justicia, en tanto resolvió inhibir a la fundación Fundatrap, cuyo titular es José “Pepino” Fernández, de realizar liquidaciones de asignaciones familiares.

La investigación, que recayó en una denuncia penal en el Juzgado Federal de Orán, estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Penales para la Seguridad Social, y con motivo de esa inhibición los 1.079 trabajadores con los que en teoría cuenta esa fundación dejarán de percibir las asignaciones familiares que venían cobrando.

La operatoria de la fundación consistía en registrar trabajadores a los que les pagaba, en teoría, un salario mensual de $201, lo que le permitía a ese trabajador acceder al cobro de asignaciones familiares por parte de la ANSeS y, según se desprende de la investigación, una vez cobrada la asignación el “trabajador” debía pasar por la sede de la Fundación a dejar un porcentaje de ese dinero, claro que el “trabajador” no hacía ningún trabajo pues Fundatrap solo funciona como una unidad defraudadora del Estado.

Así, una vez inhibida la fundación, los “trabajadores” se quedan sin cobrar esas asignaciones e instigados por el propio Fernández decidieron cortar la Ruta Nacional 34 exigiendo que se levante la inhibición.

Así, una vez inhibida la fundación, los “trabajadores” se quedan sin cobrar esas asignaciones e instigados por el propio Fernández decidieron cortar la Ruta Nacional 34 exigiendo que se levante la inhibición.

La reacción de la ANSeS fue comenzar a relevar a los supuestos trabajadores registrados para arribar a una solución, donde se evite que Fundatrap o Fernández deban ser mediadores en la cobranza, así los sujetos de derecho de las asignaciones no se quedarán sin percibir el beneficio y de Fernández, su fundación y eventuales cómplices que se encargue la justicia.

Pero hasta ahora lo que se encontró es intransigencia y la ruta permanece cortada, miles de personas no pueden transitar libremente y hasta hay versiones que los extorsionadores que organizan la protesta están armados con bombas molotov, por si las fuerzas de seguridad intentan despejar la ruta, pero las conversaciones llevan siempre al mismo punto: no van a levantar el corte hasta que la ANSeS levante la inhibición, claro, para que el negocio a costa del Estado siga funcionando

 

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