Revocarían el sobreseimiento por las visitas de jueces a Olivos durante el macrismo
La denuncia fue presentada en abril del año pasado por los diputados nacionales Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.
Los beneficiarios del fallo de primera instancia son Mauricio Macri y los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
La apelación estaba siendo estudiada por la sala II de la Cámara Federal pero los tres integrantes ,Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, se excusaron.
Los magistrados de la sala I del Tribunal tendrán que definir en si aceptan que se aparten del caso y posteriormente resolver si subrogaran la sala II para resolver.
«La decisión del señor juez de primera instancia ( Marcelo Martínez De Giorgi ) debe ser revocada, en virtud de que no se adecua ni a la normativa aplicable, ni a las constancias» de la causa, sostuvo la fiscal Alejandra Mángano, en el recurso de apelación.
El juez Marcelo Martínez De Giorgi falló en favor de los acusados en abril pasado sobreseyendo a Macri, Hornos y Borinsky; por entender que no se probó la comisión de ilícitos en visitas a la quinta presidencial y a Casa de Gobierno y que muchas de ellas no fueron acreditadas. Esta decisión es considerada, por la fiscalía, como «prematura».
«El principal argumento del juzgado para dictar este temperamento definitivo sería la inexistencia o falta de registro de varios de los encuentros denunciados, aún cuando el soporte informático de los ingresos a Olivos y Casa Rosada no fueron recibidos en este expediente pero sí en otros», advirtió.
En la denuncia se detallan seis visitas a la Casa Rosada por parte de Gustavo Hornos para ver a Macri «días antes de dictar sentencias favorables a los intereses de ese mismo Presidente» entre 2015 y 2018.
En cuanto a Borinsky, se denunciaron 18 reuniones; de ellas 16 en la quinta de Olivos y dos en Casa Rosada «con proximidad temporal a la resolución de fallos judiciales en los que los magistrados intervenían, lo que les permitía inferir que había existido una influencia indebida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo con relación a casos de trascendencia política».