Reparación de legajos para víctimas universitarias de la dictadura
El compromiso institucional fue asumido por la Universidad Nacional del Nordeste
Una comisión especializada hará el trabajo de la reparación documental y los legajos rectificados serán entregados en un acto público.
Debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia y la enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado” se consignará en los documentos.
El Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) dispuso la rectificación y entrega, a través de un acto público, de los legajos de estudiantes y docentes que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar, que llevarán la inscripción “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia y la enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”.
La iniciativa fue promovida por el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini; el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel; el fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini; el fiscal general integrante de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Carlos Martín Amad; el fiscal general subrogante de Formosa, Luis Benítez; los auxiliares fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay y Horacio Rodríguez; y el fiscal federal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Corrientes, Juan Martín García.
En efecto, en el marco de los alegatos del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la VII Brigada de Infantería, la fiscalía federal de Corrientes, planteó diversas medidas de reparación a las víctimas, entre las cuales se encontraba la rectificación de los legajos en la universidad. En septiembre pasado los fiscales se reunieron con el rector de la UNNE, Omar Larroza, para canalizar ante la casa de estudios la propuesta que antes había tenido forma de requerimiento en el marco de los procesos judiciales.
La iniciativa de los representantes del Ministerio Público Fiscal, tiene relación con la prueba recogida en los juicios por crímenes de lesa humanidad llevados adelante en los tribunales federales de la región entre 2004 y 2024, en los que se logró probar que docentes y estudiantes pertenecientes a la UNNE fueron detenidos ilegalmente, en muchos casos fueron asesinados y se encuentran desaparecidos y en otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y más tarde recuperaron la libertad.
De acuerdo con las diferentes sentencias, las víctimas que formaban parte de la comunidad universitaria de la UNNE pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el Regimiento de Infantería 29 de Formosa, la denominada «Casita de Mártires» de Misiones, las alcaidías de Resistencia y Formosa, las jefaturas de policía provinciales y las unidades penales N°7 y N°10.
En el marco del pedido formal al rector Larroza, los representantes del MPF habían manifestado una frase que también habían pronunciado en sus alegatos: “Los legajos son nuestros documentos e incluyen nuestras biografías: en ellos se plasman las trayectorias, el desempeño individual y constituyen una hoja de ruta del individuo en relación con la institución de la que formó parte. La identidad intenta ser restituida al consignarse en ellos que los estudiantes o profesores que fueron detenidos no eligieron dejar de estudiar o de enseñar, sino que fueron arrancados de la sociedad para ser detenidos por razones políticas durante los años que duró la dictadura militar”.
“Una decisiva contribución”
En los fundamentos de la resolución dictada el 19 de marzo pasado, el rectorado de la UNNE destacó que las políticas de reconocimiento y de reparación “son centrales a la vigorización de una comunidad, toda vez que permiten la visibilidad y el reconocimiento por parte de las instituciones universitarias de las acciones lesivas de derechos humanos desarrolladas en periodos de interrupción democrática en el pasado”. En tal sentido, marcó que la medida es “una decisiva contribución” tanto a la reparación de situaciones trágicas como al propio posicionamiento de la universidad frente a tales hechos.
“Estas razones vuelven necesario el desarrollo por parte de la Universidad Nacional del Nordeste de medidas tendientes a dejar constancia tanto de las personas reconocidas oficialmente como detenidas-desaparecidas y vinculadas al momento a la institución, así como de quienes debieron interrumpir sus desempeños laborales o estudiantiles producto de tipos variados de persecución y acoso”, señaló el recortado en su resolución.
La UNNE ha realizado en los últimos años numerosas actividades en las distintas unidades académicas, vinculadas a asignaturas o áreas específicas, tendientes a la visibilización de historias de vida, como también a la contextualización de situaciones socio-históricas locales. También ha llevado adelante acciones y actividades tendientes a la producción de contenidos audiovisuales, la participación en juicios y la reparación de documentos de archivos, entre otros.
