Trabajadores del servicio de Niñez, pertenecientes a la Secretaria de Desarrollo Social, están nuevamente en estado de alerta por sus condiciones laborales y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Desde la asunción de la gestión de gobierno de Martiniano Molina los contratos del servicio local de Niñez se renuevan cada tres meses. Una de las consecuencias de esta inestabilidad y precariedad permanente es que los trabajadores queden sin obra social durante un periodo de 15-20 días hasta la renovación, sin ART, trabajando en la total ilegalidad.
Los trabajadores municipales de la dependencia de Niñez y Adolescencia vienen denunciando que la política pública de niñez viene siendo desfinanciada y denostada desde las arcas provinciales. Con Pilar Molina a la cabeza, vienen sufriendo persecución todos los trabajadores y trabajadoras que se organizan, generando traslados a modo de represalias, dejando sin recursos a las instituciones encargadas de restituir y promocionar derechos para los pibes y proteger a los mismos.
Los servicios locales son una pata fundamental en la implementación de la política pública de niñez diversificada en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La gran característica de las políticas públicas en el marco del neoliberalismo están marcadas por la focalización, la segmentación y descentralización, situación que provoca que hoy en día la política pública de niñez quede en manos de cada municipio, financiados con dinero provincial. Dinero y recursos que no llegan a destino.
Hace mucho tiempo los trabajadores dejaron de contar con recursos para llevar adelante su trabajo en la restitución de derechos. Muchos se fueron y no han sido ocupados sus lugares, dejando los equipos técnicos con cada vez menos profesionales, menos trabajadores.
El viernes se vencen los contratos y los trabajadores saben que la gestión de Martiniano Molina y María Ángel Sotolano en Desarrollo Social siempre aluden “errores administrativos” para concretar los despidos. No solo se trata de vaciar los organismos encargados de restituir derechos, es un plan estratégico, con barrios militarizados, pibes criminalizados, educadores ninguneados y despidos a mansalva que generan un alto grado de vulnerabilidad de los sectores más pobres de la sociedad.
Frente a esto, la “solución” que promueve el gobierno es bajar la edad de imputabilidad de los pibes y las pibas y estigmatizar la lucha, mientras vacía los organismos de atención a la población más vulnerable.
(Fuente: resumenlatinoamericano.org)
