Proyectan una ley para evitar presxs políticxs
Recibimos al gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saa en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, anuncia José Schulman, en su carácter de dirigente por esa organización civil, quien además anunció que el encuentro tuvo por eje «conocer un proyecto para liberar a los presos políticos por un camino legítimo que apoyamos».
El proyecto de referencia, se trata DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD PARA PRISIONES PREVENTIVAS, le pertenece a la Senadora Nacional María Eugenia Catalfamo. Entre los artículos con una base prolífica de argumentos y jurisprudencia en DDHH, menciona que «El objeto de la presente ley es instrumentar los mecanismos del control de convencionalidad obligatorio para los casos de dictado de prisión preventiva» y para tal caso propone en su ARTICULO 2º: «Será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la existencia de algunos de los siguientes supuestos: (…) c) incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso» entre otros. Como así también, cuando se hallare la «i) inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política»
Asimismo, se propone una modificación al Código Procesal Penal de la Nación y Federal, en el ARTICULO 9º: Modificase el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Nación que quedará redactado de la siguiente forma:
“Declaración. ARTICULO 168. – El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuere posible, de eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciere, deberá declarar la nulidad a petición de parte.
Deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de las normas constitucionales o convencionales de acuerdo a la interpretación de sus órganos, o cuando así se establezca expresamente.” Entre otras modificatorias, propuestas en el anteproyecto parlamentario.
Al caso, en los fundamentos que acompaña a esta propuesta, la autora, destaca: «En los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos.
En su primer discurso como presidente en ejercicio, el Dr. Alberto Fernández expresó que “una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia”, y que “cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana”. A todo eso el pueblo argentino dice “Nunca más”.
Ello se verifica con el dictado de medidas judiciales que privaron de libertad a varios ciudadanos argentinos, como referentes sociales, sindicales y políticos, mediante la utilización del Poder Judicial, un poder del Estado independiente conforme la Constitución, para fines políticos, afectando inclusive la posibilidad de ciertos candidatos de presentarse a elecciones.
En síntesis, este improcedente accionar que hemos visto en los últimos años se ha reflejado en el uso constante e indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política y social, con objetivos claros de destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros» dice en sus primeros párrafos la presentación.