Procesan por cohecho pasivo a un funcionario de Larreta

El sobreseimiento fue revocado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal tras la la impugnación solicitada por la fiscal Romina Monteleone.

Un empresario denunció que, en marzo de 2017, tras 4 meses de intentar renovar su pliego con la el gobierno de la ciudad le solicitaron como requisito la suma de 200 mil pesos mensuales para el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para renovarle el contrato sin pasar por el proceso de licitación. La persona que le habría realizado «la oferta» trabaja en la función pública y tendría contacto con los funcionarios investigados, aunque al momento de los hechos no revestía funciones en el gobierno porteño. Figuraba como funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviado a trabajar en comisión al Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En agosto de 2020, la fiscal Monteleone solicitó el procesamiento del hombre acusado de solicitar el soborno, en orden al delito de tráfico de influencias, y las declaraciones indagatorias -que tuvieron lugar en octubre de ese año- del titular de la AGIP, de su director general de Planificación y Control, del exsubdirector general de Sistemas, del subdirector general Técnico Administrativo y de Gestión Operativa, del director de la Administración y del director General de Rentas.

Oportunamente, la jueza Zucconi procesó por tráfico de influencias al hombre que solicitó el soborno y sobreseyó a los seis funcionarios, lo que motivó el recurso de la fiscalía y la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que, en marzo de 2021, ordenó profundizar la investigación respecto de cuatro de los implicados.

El 29 de marzo pasado, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15 sobreseyó a los funcionarios, pero la fiscal Monteleone apeló la resolución respecto del director de Administración de la AGIP. En su presentación ante la Cámara, la representante del Ministerio Público Fiscal enumeró distintos elementos, entre los que se encontraban las comunicaciones entre los implicados, que le permitieron concluir que el funcionario “se encontraba en pleno conocimiento de la propuesta ilícita” que realizó el otro hombre procesado en la investigación, por lo que debía adoptarse el mismo temperamento a su respecto.

Al resolver la cuestión, los camaristas López y Rodríguez Varela coincidieron con la fiscalía “en la existencia de elementos de convicción suficientes” para que se procesara al funcionario. En virtud de ello, hicieron lugar a la apelación de la fiscalía, revocaron la resolución de la jueza de grado y procesaron al director de Administración de la AGIP en orden al delito de cohecho pasivo. También ordenaron la remisión de las actuaciones al juzgado, para que la jueza Zucconi dicte las medidas cautelares correspondientes.