Procesados por delitos de lesa humanidad le exigen a Macri un cambio
En la misma línea que la editorial de La Nación, defensores de procesados por crímenes cometidos en la dictadura ya empezaron a pedir postergaciones en los juicios con el argumento de que la asunción del nuevo gobierno “exige analizar cómo se continúa”
Durante la primera audiencia posterior a las elecciones del domingo 22 de noviembre, el abogado de los ex jueces juzgados en Mendoza pidió diez días de postergación de las audiencias porque “el cambio de signo exige que se analice cómo continuar”.
Ese martes 24 de noviembre debían empezar los ya demorados alegatos en un juicio que lleva 22 meses de debate marcado por una abrumadora presencia documental de pruebas de más de 200 expedientes que está mostrando que los integrantes del sistema judicial no movieron un sólo papel para buscar a los desaparecidos y que –dicen las querellas– “fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de esos expedientes que se archivaban en cuestión de días”.
Los primeros en alegar iban a ser los representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), pero el pedido del abogado Juan Day logró postergarlo. El Tribunal Oral Federal se dio tiempo hasta hoy, lunes 30 de noviembre, a las 9.30, para contestar el insólito pedido.
Los querellantes creen que el objetivo no es sólo dilatar, sino dejar fuera de la escena de alegatos a las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, cuyas presencias se extiende –de momento– sólo hasta fin de mes.
El juicio contiene más de 200 expedientes que demuestran que los integrantes del sistema judicial no movieron un sólo papel para buscar a los desaparecidos
El juicio que comenzó en febrero de 2014 es uno de los de lesa humanidad de características históricas. Entre los 38 acusados hay integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía, pero cuatro de ellos son ex integrantes del sistema judicial de la dictadura: entre ellos, Luis Miret y Otilio Romano, juez y fiscal federal de la etapa represiva por los que pasaron decenas de expedientes que se analizan como parte de las pruebas de este juicio.
Y premiados con una carrera judicial en ascenso que los llevó a integrar hasta hace muy poco la Cámara Federal de Mendoza, máxima autoridad de la Justicia Federal de la provincia. Una de las áreas más sensibles a las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad, que continúan en investigación pese al lobby constante desde usinas como los editoriales del diario La Nación, que hace una semana clamó especialmente por los magistrados.
Durante la dictadura, las familias de los detenidos desaparecidos de Mendoza presentaron hábeas corpus ante la Justicia Federal para averiguar el paradero de sus seres queridos, pero también denunciaron sistemáticamente esos secuestros ante las comisarías de sus barrios. Esta modalidad permitió una producción de numerosos sumarios policiales que hoy son uno de los datos centrales de esta causa.
Bajo análisis hay más de 200 expedientes judiciales que nacieron del paso de esos sumarios desde la Policía de la Provincia a la Justicia Federal. La serie muestra dos puntos claves. Que a contramano de lo que dicen los acusados, la Justicia Federal era competente en estas causas. Y que los expedientes se terminaban en cuestión de días sin ordenar una sola medida de prueba y con “sobreseimientos provisorios”, que en la práctica eran el archivo de la causa.
Los números apabullantes de documentos están relevando para querellas y fiscalía que ni un integrante del sistema de Justicia movió un solo papel para investigar decenas de crímenes de las fuerzas de seguridad. “Esta multiplicación de expedientes archivados era lo que garantizaba la mecánica de impunidad”, dice el abogado Pablo Salinas, querellante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.
La verdad es que el ánimo de los defensores parece ser sostenerse en este triunfo del macrismo para avanzar con el mismo tipo de pedidos que realizan desde hace meses
En ese sistema de justicia, Miret y Romano eran parte central de las poleas. Uno estaba en la fiscalía y otro en el juzgado. Uno recibía los sumarios de la Policía, los abría, sugería el sobreseimiento y el otro confirmaba ese sobreseimiento días después.
En la audiencia del martes 24, el abogado Juan Day, a cargo de la representación formal de Miret, invocó dos tipos de cuestiones para pedir el aplazamiento de los alegatos. Una, más técnica, vinculada a la necesidad de revisar la producción de prueba, herramienta usual entre los defensores para extender estos juicios donde la celeridad es vital. Y la otra, mas insólita, al introducir el resultado de las elecciones.
“La verdad es que el ánimo de los defensores parece ser sostenerse en este triunfo del macrismo para avanzar con el mismo tipo de pedidos que realizan desde hace meses”, señala a Página/12 la abogada Viviana Beigel, también del MEDH. “En este caso el planteo de Day incluyó una cuestión política diciendo que el cambio de signo exigía que se analizara cómo se continúa”.
Day también pidió la prisión domiciliaria de Otilio Romano. De acuerdo a la información de la querella, el TOF, sin embargo, aún no aceptó el pedido. Evitó el comienzo del alegato pero convocó a una audiencia para hoy en la que se espera que respondan el reclamo.
Otro de los elementos en juego es el futuro de los apoderados de las secretarías de derechos humanos de Nación y de la Provincia. Por Mendoza, está Sergio Bonsague, subsecretario de Justicia, y por Nación, el abogado Fernando Peñaloza. Estaba previsto que ellos comenzaran con los alegatos después del MEDH, pero en este nuevo contexto serán ellos quienes irán en primer turno.
