PRISIÓN PARA UN EMPRESARIO POR EL ROBO DE CAÑOS EN EL GASODUCTO NEA

El juez federal de Garantías de Orán -SALTA-  Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva por cuatro meses del empresario de origen mendocino, Antonio Vera.

El empresario estuvo prófugo desde el 14 de mayo pasado, cuando la fiscalía solicitó su captura internacional en el marco de la investigación por el robo de 213 caños del Gasoducto Nea.

Montoya hizo lugar al pedido del fiscal federal, Eduardo José Villalba, quien -con la asistencia de la auxiliar Roxana Gual- formalizó esta mañana la imputación durante una audiencia realizada por medios remotos. La imputación es por los delitos de robo agravado y falsificación de instrumento privado.

Vera es uno de los once imputados que tiene el caso y fue detenido el jueves pasado en la ruta 52, a la altura del kilómetro 15, en el partido bonaerense de San Vicente, donde fue sorprendido junto a otros cómplices durante la sustracción de caños de la red de gas local.

Al verificar que registraba pedido de captura, Vera quedó detenido en una dependencia policial local, desde donde hoy asistió, por medios remotos coordinados por la Oficina Judicial de Orán, a la audiencia de imputación. También estuvo presente el abogado querellante Sebastián Smith.

Tras la identificación de rutina, el fiscal Villalba presentó las pruebas en contra del empresario, a quien le imputó los delitos de “robo calificado en concurso real con falsificación de instrumento privado”, que establece una escala de seis  meses a diez años de prisión.

En su exposición del caso, Villalba resaltó la magnitud del entramado de robo de caños, fraude y otros delitos imputados al resto de los acusados, entre los cuales se encuentran el actual intendente de Aguaray, Jorge Prado, su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y varios empresarios Salta, Mendoza y Buenos Aires.

Con su accionar -agregó el fiscal- cada uno de los acusados causó un gran perjuicio al Estado Nacional, pues no sólo lo despojaron de bienes adquiridos con fondos nacionales, sino también echaron por tierra los beneficios que habrían podido gozar los habitantes de numerosas localidades y departamentos que conforman el noroeste argentino.

Imputación

Al precisar el rol de Vera, y en base a las pruebas reunidas, el fiscal indicó que el empresario estuvo ligado directamente a la extracción de los caños del gasoducto, tanto en el norte de la provincia de Salta como en otros puntos del país.

El fiscal sostuvo que Vera llevó adelante la comercialización de dichos bienes, para lo cual montó una empresa “fantasma” denominada Vera SA, de la cual se valió para darle un marco legal a la venta de los caños.

De acuerdo con la imputación, Vera utilizó documentación falsa, entre ellas facturas y remitos, para “disfrazar” distintas operaciones realizadas con empresarios del rubro, quienes también fueron imputados en la cadena de responsabilidades que la fiscalía investiga desde febrero pasado, cuando se descubrieron los hechos.

Villalba endilgó a Vera su participación en el robo de 22 caños del gasoducto, que fueron recuperados en un procedimiento realizado el 14 de abril a raíz de la denuncia de representantes de la empresa IESA, licenciataria del Estado Nacional en la construcción de la obra.

Los caños, transportados por dos camiones, fueron secuestrados en un parador, en la ruta 34, a la altura del kilómetro 1.425, en el norte de Salta. Los tubos habían sido extraídos del paraje El Desemboque, ubicado a 130 kilómetros de General Mosconi.

Villalba explicó que Vera, con remitos falsos a nombre de una empresa minera, consignó como destino de los caños robados a las empresas Peteser SRL/Vera SA, lo cual quedó probado cuando el encargado de su empresa, Cristián Bouczek, se presentó a reclamar por los caños, secuestrados por personal de la Gendarmería Nacional.

Bouczek, quien también se encuentra entre los once imputados, aportó documentación que permitió descubrir otras operaciones, entre ellas el robo de cinco caños que fueron secuestrados el 18 de abril pasado en un allanamiento realizado en la empresa Peterser SRL.

En otro procedimiento, y a partir de las declaraciones testimoniales de los camioneros que hacían el transporte de los bienes robados, se pudieron secuestrar otros 123 caños en el predio de la empresa M y P Servicios Esenciales -ex Wheatherford-.

Por otra parte, Villalba vinculó a Vera con el robo de otros once caños, recuperados n el paraje Balbuena, a unos 140 kilómetros de la ruta 34. En este caso, el procedimiento fue posible gracias al aporte de vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el movimiento de camiones y operarios. Los denunciados manifestaron haber sido contratados por la empresa VERA S.A., subcontratista de PETERSER S.R.L.

Por último, Vera fue imputado también por la sustracción de 52 caños del gasoducto, a su vez localizados en el predio de Quilmes de la empresa COMARFIL S.A., perteneciente a Matías Rossi, otro de los empresarios vinculados penalmente en el caso.

La imputación respecto a Vera, cabe señalar, fue fundamentada por el fiscal con prueba documental y declaraciones testimoniales obtenidas a lo largo de la investigación penal que la fiscalía lleva adelante desde febrero.

Riesgo de fuga

Al momento de solicitar la prisión preventiva del empresario el fiscal resaltó que, a diferencia de los otros imputados, Vera en ningún momento estuvo a derecho ni buscó colaborar con la justicia, aún a pesar de conocer que era requerido por la fiscalía.

El fiscal señaló, a su vez, que presenta antecedentes penales, entre ellos una condena dictada en 2018 por el delito de estafa, como así también mantiene otra causa abierta, según lo informado por la justicia de la provincia de Buenos Aires.

Villalba citó lo mencionado por el mismo acusado al prestar declaración en la audiencia, quien buscó desligarse de los hechos imputados, se presentó como víctima de una estafa y reconoció su responsabilidad en la sustracción de caños en el partido bonaerense de San Vicente.

Villalba, por ende, solicitó la prisión preventiva de Vera basado tanto en el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento procesal, como así también en el reconocimiento que el hombre hizo respecto de su actividad delictiva, la cual intentó justificar en las necesidades económicas por las cuales atraviesa.

Asimismo, el fiscal manifestó que en el marco de las distintas medidas para dar con Vera, se investigaron los permisos de circulación utilizados por el acusado, puesto que al momento de los hechos regían restricciones por la pandemia del coronavirus.

El fiscal explicó que al verificar los domicilios y lugares de trabajo señalados por Vera, la respuesta fue siempre la misma: “nadie lo conocía”. Ante ello, y pese a la oposición de la defensa, el juez resolvió de manera favorable el planteo de la fiscalía, por lo cual dispuso la prisión preventiva por un lapso de cuatro meses, que coincide con el plazo de investigación del caso.