La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, presentó un amparo en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 de la Capital Federal para exigir que se declare la «ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad» de la adjudicación por parte de YPF de un contrato de transporte de hidrocarburos en el corredor San Lorenzo – Barranqueras a la empresa Horamar S.A. que construirá barcazas para tal fin en Paraguay, lo que pone en riesgo más de 2000 puestos de trabajo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial argentina.
Asimismo, la demanda de la FeMPINRA solicita se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº668/2019, donde se le autoriza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la toma del crédito público allí detallado en su Anexo, a los fines de la adquisición del buque polar logístico antártico, el cual se pretende construir en su totalidad en país extranjero y así quitarle el trabajo a más de 2000 trabajadores en los astilleros argentinos. «Dichos actos violan en forma deliberada derechos constitucionales contemplados en nuestra Carta Magna tanto de este ente federativo y los sindicatos a ella adheridos como también de los afiliados a los mismos», señalaron desde la FeMPINRA. Así, el amparo se suma a las denuncias realizadas por la Cámara de la Industria Naval (CINA) en la Oficina Anticorrupción.
De esta manera, Schmid señaló que «desde la FeMPINRA estamos preocupados por la situación de los 200 trabajadores marítimos que podrían perder sus empleos a raíz de una licitación que se está haciendo a las apuradas y de los 2000 compañeros que hoy se desempeñan en astilleros que están con capacidad ociosa mientras los barcos se construyen afuera» y agregó: «presentamos un amparo para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de esta licitación que cobraría vigencia en 2021 y es gestionada por una administración que está por finalizar su mandato en diciembre».
En ese sentido, el texto del amparo resalta que «el servicio de remolcadores y de transporte de hidrocarburos en dicho corredor lo viene realizando en forma impecable, sin conflictos comerciales ni sindicales y con un precio totalmente razonable pactado pacíficamente entre las partes, e incluso impuesto por YPF, desde hace más de 25 años, la empresa National Shipping SA, con trabajadores argentinos».
«La decisión de otorgar la concesión de tal servicio a otra empresa, implica que todos aquellos trabajadores que actualmente se encuentran trabajando para National Shipping SA, perderán irremediablemente sus puestos de trabajo en el caso en que se consolide esta contratación que consideramos de carácter inconstitucional y lesiva», reafirmó Schmid, quien también conduce la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Por otra parte, desde la Federación destacaron también la convergencia con sectores empresarios como la Cámara de la Industria Naval (CINA), que presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción para que «se investigue si se cometieron irregularidades en el proceso licitatorio que adjudicó a la empresa Horamar el servicio de transporte fluvial de combustibles entre San Lorenzo y Barranqueras a partir de enero de 2021».
Así, Schmid sostuvo: «es importante entender que coincidimos con el sector empresario en que este gobierno no puede tomar decisiones de esta envergadura a un mes y medio de abandonar el poder, de ahí nuestras denuncias judiciales como parte de la actividad».
El principal argumento de la CINA radica en que las barcazas utilizadas para el transporte de hidrocarburos serían construidas en astilleros de bandera paraguaya. «Están incumpliendo con el artículo 15 de la Ley 27.418 de Promoción de la Industria Naval, que solo permite recurrir a la construcción de buques en el extranjero previo informe fundado y elaborado por la Comisión asesora de la Industria Naval», señaló Silvia Martínez, titular de esa entidad.
«Como vemos, YPF y el Estado, en lugar de favorecer la producción, fabricación y compra nacional, admite, a pesar de que la industria naval está paralizada, que la construcción se haga en Paraguay y la construcción de un Buque Polar en Astilleros de la Comunidad de Galicia, esto es, decide comprar trabajo extranjero», manifestó Schmid, y concluyó «la Industria Naval argentina concentra al menos cien empresas, que tienen 6.000 empleados pero sostienen otros 12.000 puestos indirectos. No hay duda alguna acerca de la real y efectiva existencia de una gravísima lesión constitucional que de no impedir con absoluta urgencia su continuidad, afectará en forma inexorable derechos constitucionales, tanto individuales como colectivos de los trabajadores y de esta organización gremial, y fundamentalmente el Derecho Humano al Trabajo».
