Por ley, los condenados por lesa humanidad no podrán ser indultados
El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la ley 27.156 que prohíbe cualquier la amnistía, indulto o conmutación de penas a los quienes estén en proceso o hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Tanto en Diputados como en Senadores, no hubo votos negativos.
La norma consta de sólo un artículo que explica la prohibición: “Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.
El proyecto había sido presentado el año pasado en la Cámara de Diputados por varios legisladores, encabezados por el legislador Horacio Pietragalla, y aprobado en noviembre de 2014 por la cámara baja. A comienzos de julio de este año el Senado lo convirtió en ley.
“Se encuentran entre el público dos luchadoras a las cuales quiero nombrar, porque para nosotros son un ejemplo claro de la lucha inclaudicable por la justicia, la memoria, la verdad, los derechos de las víctimas y algo que plantea este proyecto con mucha claridad: la no repetición de este tipo de crímenes. Son integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo: Rosa Roisinblit y Buscarita Roa”, dijo Remo Carlotto, cuando le tocó ser el diputado informante del proyecto que se analizaba en aquel noviembre.
“Estamos legitimando un fallo de la Corte Suprema de Justicia por medio de la sanción de un proyecto de ley en esta casa del pueblo”, agregó uno de los impulsores de ese proyecto, Horacio Pietragalla Corti, que sostuvo que “queremos seguir tranquilos, que la memoria de nuestros familiares siga estando en el lugar que la puso este proyecto y que en el futuro nadie empañe la política de memoria, verdad y justicia”.
Aquel día, con una mayoría absoluta, y con la abstención del Pro en diputados, el diputado Manuel Garrido agregó que se trata de “una declaración política contundente” que “viene a ratificar principios consagrados en el derecho regional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos… descalificando y desacreditando la posibilidad de que en el derecho vigente en nuestro país sea admisible cualquier tipo de obstáculo a la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad. Luego de la aprobación de diputados vendría la del Senado este año.
