Piden que la provincia no desmantele el programa de prevención contra la violencia en cárceles
Se trata de la única Política pública civil de acción territorial y comunitaria sostenida en el tiempo en las cárceles Bonaerenses, que incorporó nuevas profesiones como la Antropología, Sociología, Psicología social y Psicopedagogía
La semana pasada el interventor del Servicio Penitencio el Sr. Fernando Rozas dispuso la inmediata reasignación de cargos de 23 de los 47 profesionales que se abocan al Programa Provincial de Prevención de Violencia en cárceles (PPPVC).
Además ya fueron despedidas dos colegas por lo que solicitamos su inmediata reincorporación. En el día de ayer han puesto en conocimiento que desvincularán a los profesionales restantes. La Provincia proyecta 1000 despidos en todas las secciones que pertenecen al Ministerio de Justicia. La elección de quien se queda y quien se va es abrupta y pavorosa, para todos los abocados a las cárceles en la órbita civil y penitenciaria.
Sólo piden listados a todos los sectores y luego anuncian los despidos o las reasignaciones. El PPPVC lleva 7 años trabajando por la humanización de la pena en 16 cárceles de máxima seguridad de la Provincia. Fueron abordados por esta Política pública más de 14.600 internos e internas. Sus profesionales trabajan en el enaltecimiento del portador de delito, con espacios confidenciales y voluntarios, de contención y reflexión, atención en crisis, urgencias, en buzones, pabellones y con familiares de detenidos.
Es la única Política pública civil de acción territorial y comunitaria sostenida en el tiempo en las cárceles Bonaerenses, que incorporó nuevas profesiones como la Antropología, Sociología, Psicología social y Psicopedagogía como trabajadores permanentes, además de los Psicólogos y Trabajadores sociales que fueron los primeros desafectados del PPPVC para cubrir instancias evaluativas, lo contrario a las premisas y objetivos del programa. Los compañeros que lo llevan adelante intervienen día a día por la restitución de ciudadanía de hombres y mujeres privados de su libertad y por cárceles dignas.
Todo esto se da en el contexto de una “reforma Carcelaria ficticia” y la Ley de emergencia carcelaria. Que no tiende a arrojar ningún beneficio para las personas privadas de libertad.
¿Cómo se desmantelan políticas de tratamiento de inclusión social sin que eso repercuta en la reincidencia? ¿Cómo se puede garantizar seguridad a la población si los detenidos no tienen tratamiento No se puede seguir permitiendo que se cierren más políticas de inserción y protección de los más vulnerados.
