Peligroso antecedente: la UOM Regional Tierra del Fuego aceptó congelar las paritarias hasta 2020
En un primer paso concreto de la flexibilización laboral de hecho que sufren los trabajadores argentinos, el secretario general de la Regional UOM de Tierra del Fuego, Oscar Martínez, firmó un congelamiento de salarios para evitar despidos masivos en la región, que se aplicará desde junio de 2018 a junio de 2020. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone firmó un acuerdo de competitividad con el Gobierno Nacional que pone en juego varios cientos de puestos de trabajo. Un peligroso antecedente que puede ser tomado por empresas de otros sectores productivos.
A cambio del acuerdo, se propuso detener los despidos y suspensiones en esa industria, que venía sufriendo grandes pérdidas en lo que respecta a la mano de obra. Asimismo, apunta a mejorar los índices de productividad y bajar los precios de diversas tecnologías para los consumidores.
El convenio, firmado por funcionarios del Ejecutivo nacional, de la provincia sureña, por la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (AFARTE) y representantes sindicales, se realizó en el Palacio de Hacienda.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseveró durante el acto que la búsqueda está puesta en encontrar “caminos graduales para resolver problemas estructurales”.
Asimismo, destacó que el pacto “busca reducir el precio de la tecnología, que afecta transversalmente la competitividad de toda la economía, preservando los puestos de trabajo del sector, y al mismo tiempo diversificar el perfil productivo de la provincia”.
Según trascendió, el impuesto interno a los productos electrónicos se reduciría en forma escalonada del 10,5% en el 2018 hasta llegar al 2% en 2023.
“Los trabajadores fuimos víctimas de una extorsión”
Ante la noticia del acuerdo, el diputado y secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez, advirtió que los trabajadores del sector fueron “víctimas de una extorsión por parte del gobierno nacional en su ambición de modificar las condiciones”.
“Hemos sido presionados incluso con la posibilidad de reducir un 30 por ciento nuestros ingresos actuales”, contó el dirigente, quien marcó que “producto de esta extorsión, hemos aceptado esta alternativa para no perder nuestros puestos de trabajo”.
Según expresó Martínez en una entrevista con Radio 10, con los cambios impositivos impulsados por el Ejecutivo «se ponen en riesgo los más de 10 mil puestos de trabajo directos en el sector, que suman un número similar o mayor de indirectos y que hace que alrededor del 60% del empleo privado tenga ese origen y esa fuente de financiamiento o de ocupación”.
“Esto que es difícil, que es un trago amargo que nos toca afrontar, es también parte de la responsabilidad que hemos asumido de intentar transitar para defender nuestros derechos, la soberanía y seguir viviendo en la provincia”, concluyó.
