Peligra la continuidad de los Centros de Atención a ludópatas en la Provincia
Los trabajadores de los distintos Centros de Prevención y Asistencia al Juego Patológico de la Provincia de Buenos Aires denunciaron el recorte en políticas de salud y el peligro de las fuentes laborales.
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo forma parte de un convenio entre el Ministerio de Salud bonaerense y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y brinda atención psicológica y contención social a todas aquellas personas que sufren la adicción al juego y también a sus familiares.
Empezó en 2005, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, constituyéndose en el primero en Latinoamérica. Su desarrollo fue acompañado por la apertura de diez centros de atención ubicados en las localidades de Vicente López, Avellaneda, La Plata, Morón, Olavarría, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Bahía Blanca y Pergamino.
Los profesionales a cargo realizan entrevistas individuales, terapias grupales y familiares, talleres de capacitación y asesoramiento a otras instituciones y reuniones multifamiliares; también se encargan del trámite de autoexclusión, para que el paciente que así lo solicite no pueda ingresar a los bingos.
Cuenta, además, con el servicio telefónico 0800-444-4000, que brinda orientación, prevención, derivación y contención de forma anónima.
El pasado 5 de mayo, las nuevas autoridades de la Lotería de la Provincia convocaron a los coordinadores de cada una de las casas a una reunión en La Plata, donde anunciaron su inminente cierre sin explicar qué pasará con los 130 empleados y los más de 1900 pacientes y sus familiares.
El sábado siguiente, los trabajadores se movilizaron hacia el Congreso de la Salud realizado en la ciudad de Tandil, donde -paradójicamente- años anteriores habían sido invitados y expuesto sobre ludopatía. En esa ocasión, se presentaron para informarle a todos los profesionales de la salud la resolución del Gobierno.
El Ministerio de Salud y la Lotería pretenden que la iniciativa pase a depender de la Subsecretaría de Adicciones, y que se atienda en los Centros de Prevención de Adicciones (CPA) que hay en cada uno de los municipios. Los trabajadores argumentan que no solo la mitad están cerrados y la otra mitad desmantelados, sino que hay diferencias sustanciales entre los tratamientos contra la toxicidad y los que trabajan las compulsiones.
Al no recibir ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno provincial, los centros siguieron movilizándose y alertando a los medios de comunicación la situación. Finalmente, la denuncia salió a la luz y las autoridades tuvieron que salir a desmentir su decisión, acusando a los trabajadores de haberlos malinterpretado.
Sin embargo, rechazaron sistemáticamente la propuesta de ATE Capital de organizar una mesa técnica y dejar sentado por escrito el compromiso de continuar con el programa.
Frente a este accionar, la preocupación persiste. Los empleados de la Subsecretaría de Adicciones aseguran que en los pasillos ya es un hecho que después de las elecciones «se va a hacer mierda».
Los trabajadores de los centros continúan realizando asambleas permanentes y movilizaciones. Incluso se sumaron los pacientes, quienes ya han perdido su familia, su dinero, su casa y temen perder también su tratamiento y por ende la posibilidad de recuperarse. La semana pasada, ellos mismos organizaron una volanteada masiva en la Plaza Alsina del partido de Avellaneda.
Hay más de 130 empleados de planta permanente, transitoria, contratados y becados que están preocupados por su fuente laboral, siendo éstos últimos los que más incertidumbre tienen, ya que de disolverse el convenio se quedan automáticamente sin trabajo.
A pesar del silencio y la desacreditación del Gobierno de María Eugenia Vidal, los trabajadores siguen en alerta, exigiendo explicaciones y dispuestos a defender el derecho constitucional a la salud gratuita y de calidad.
