PEDIDO DE SENTENCIA POR ABUSO SEXUAL, INCLUYE PUBLICACIONES EN DIARIO CLARÍN

La fiscalía explicó que el imputado las engañaba con falsas ofertas laborales para luego captarlas y trasladarlas a diferentes domicilios de ese barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las víctimas, se suicidó antes de la detención del imputado.

El titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Abel Córdoba, y la auxiliar fiscal María Laura Grigera, solicitaron 27 años de prisión para un hombre acusado de haber abusado y explotado sexualmente de tres mujeres a las que engañaba con falsas promesas laborales para someterlas en diferentes departamentos del barrio porteño de Retiro, entre 2017 y 2020.

El caso tiene como particularidades que podría darse la primera condena de explotación por medios digitales -ya que en pandemia las jóvenes eran obligadas a hacer sesiones de sexo virtual frente a una webcam-, y que una de las víctimas se suicidó antes de que el imputado sea detenido.

El alegato fue realizado el viernes pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -integrado por la jueza María Gabriela López Iñiguez y sus colegas Guillermo Costabel y Luciano Gorini-, en el marco de un juicio que tiene como imputado a Fredy Junior Arturo Zea Ricardo (38), quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Córdoba y Grigera pidieron para él la pena de 27 años de prisión, al considerarlo autor de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en concurso real con abuso sexual agravado reiterado contra tres mujeres.

La fiscalía le imputó a Zea Ricardo haber captado, a través de falsas ofertas laborales, dos de ellas publicadas en el diario Clarín, trasladado y acogido a tres víctimas para explotarlas sexualmente mediante engaño, fraude, violencia, amenaza, abuso de situación de vulnerabilidad y otros medios de intimidación y coerción en diferentes períodos de tiempo comprendidos entre 2017 y 2020.

Además, se le atribuye haber abusado sexualmente de ellas en reiteradas ocasiones, con acceso carnal por vía anal y vaginal, así como haberles ocasionado daños graves a su salud física y mental provocando el suicidio de una de ellas –identificada como María Cecilia S.– antes de que el imputado fuera detenido.

Streaming sexual en pandemia

Durante el alegato, Córdoba y Grigera destacaron que el acusado tuvo la habilidad de adaptar la explotación de una de sus víctimas para sortear las restricciones impuestas durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ante la pandemia del COVID-19: a través de la transmisión online o streaming.

Según la fiscalía, la joven era obligada a someterse a largas jornadas de exposición ante la webcam para transmitir en línea contenido sexual pago. A criterio del Ministerio Público Fiscal, esta nueva modalidad resultó “aún más cruel y tortuosa”, ya que no tenía límite ni descanso, le exigía la exposición constante, el manejo de códigos y lenguajes de exhibición que desconocía.

Reparación patrimonial

En su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron las siguientes medidas de reparación patrimonial o no patrimonial, a favor de las víctimas:

• La devolución de elementos personales de una de las víctimas.
• La eliminación inmediata de todo contenido producido por o con las víctimas de la causa que circule en la web y plataformas que tenga su origen los hechos juzgados.
• Se ordene al diario Clarín la publicación de la sentencia tanto en la versión gráfica como en el portal web toda vez que ese medio ha sido utilizado para la captación de dos de las víctimas.
• Se ordene la publicación de la sentencia en las plataformas utilizadas para la oferta sexual y en el diario Clarín.

Por otro lado, Córdoba y Grigera también solicitaron los decomisos del inmueble del padre del imputado ubicado en la localidad bonaerense de Ezpeleta, por haber sido utilizado como instrumento del delito -era base de sus operaciones digitales- así como para ocultar al imputado de la acción de la justicia; de los 46.000 pesos que fueron secuestrados al momento del allanamiento; y del dinero que se halló depositado en el Banco Galicia en una cuenta a nombre del imputado.

Finalmente, requirieron que se incluya el perfil genético del imputado en la Base de Datos del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

Colchones apilados y una PC con webcam donde una víctima era obligada a exhibirse por webcam. Foto: Fiscalía General N°2 ante los TOCF

Agravantes

El fiscal y la auxiliar fiscal valoraron la existencia de agravantes de tipo general, especialmente: la duración del sometimiento a las víctimas y especial en el caso de M. Cecilia, que se prolongó por años; el brutal ejercicio de la violencia ejecutado contra las víctimas como medio empleado para la concreción del delito; la sofisticación de la red de recursos que articuló –junto con más gente aún no identificada– para lograr su cometido delictivo y la extensión del daño provocado a las víctimas.

En lo que refiere a los medios utilizados, destacaron que el modo en que se condujo el imputado estuvo caracterizado por el ejercicio de violencia extrema, explícita, y constante contra sus víctimas.

Por otra parte, hicieron hincapié en los relatos sobre las humillaciones, los golpes, las violaciones sexuales por vía anal como modo de castigo, el suministro de los medios apenas indispensables para mantenerlas con vida –debiendo resistir las jornadas con cantidades mínimas de alimento–, la privación de descanso, el suministro de narcóticos o sustancias similares, las amenazas constantes con provocarles más daños a ellas y aún a sus allegados y el control constante al que fueron sometidas.

En cuanto a la extensión del daño causado, los representantes del MPF advirtieron sobre el impacto que los hechos han tenido sobre las vidas de las víctimas, los efectos traumáticos que aún subsisten a pesar del paso de los años y el miedo que aún tienen, y que en el caso de la tercera víctima solo le permitió acercarse al proceso judicial una vez que supo de la detención del imputado.

A lo largo del debate, se detalló la situación que María Cecilia S. vivió luego de su rescate por parte de la Asociación Madres Víctimas de Trata, los intentos de suicidio, las recaídas, las crisis, el verdadero tormento que le significó lo vivido al punto tal que decidió quitarse la vida. Además, la fiscalía tuvo en consideración el daño que estos hechos han producido a su familia.

Por otra parte, durante su exposición, el fiscal y la auxiliar fiscal señalaron que la prueba producida durante el debate reveló un entramado criminal que trasciende la figura del imputado.

En esa línea, mencionaron que los testimonios de las víctimas describieron situaciones en las que otros individuos intervenían en su control y vigilancia, las cuales evidencian la existencia de una estructura organizada, que debe ser urgentemente investigada.

El debate comenzó el 4 de octubre del año pasado. A lo largo de diez audiencias declararon 21 testigos y se exhibieron los videos de las Cámaras Gesell de dos de las víctimas –la primera no llegó a declarar–. El juicio se reanudará el 4 de abril con el alegato de la defensa.

Los hechos

Según la investigación, el imputado captó a la primera víctima, María Cecilia S., a través de la publicación de un anuncio en el Diario Clarín mediante el cual se solicitaban modelos sin experiencia para una supuesta campaña publicitaria. Fue así como, desde mediados de 2017 y hasta el 4 de septiembre de 2020, el hombre la acogió con la finalidad de explotarla sexualmente trasladándola hacia distintos departamentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En particular, se constató la presencia de la víctima en los domicilios ubicados en Florida al 800, Tres Sargentos al 400 y avenida Santa Fe al 800, todos en el barrio de Retiro. Durante ese tiempo, el acusado la forzó a mantener relaciones sexuales con distintos clientes en esos domicilios alquilados, bajo una contraprestación monetaria que terminaba quedándose en su totalidad. Además, conforme la declaración de la víctima que fuera plasmada en los distintos informes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, así como a través de posteriores relatos escritos por la damnificada, se supo que el imputado solo la dejaba dormir cinco horas al día y le proporcionaba únicamente media hora para comer.

Además, para la fiscalía se acreditó que el imputado le hacía creer que conformaban una sociedad y que con él iba a ganar mucho dinero, a pesar de entregarle solo 500 pesos para asearse y comer.

Por otro lado, debido a que en gran parte del período del cautiverio de esta víctima regía el ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el hombre ofrecía un “servicio sexual virtual” en las páginas web “Chaturbate” y “Strip Chat”, los cuales se consumaban a través de la aparición de la víctima en medios virtuales por medio de una webcam suministrada por el propio imputado.

Esta víctima logró escapar el 4 de septiembre de 2020 del domicilio de la avenida Santa Fe junto con personal de la “Asociación Civil Madres y Víctimas de Trata”. Tiempo después, el 15 de diciembre de 2021, antes de que el acusado fuera detenido, decidió quitarse la vida tras estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico como consecuencia de todos los sucesos relatados.

Distintos ambientes de un departamento de la avenida Santa Fe al 800 del barrio porteño de Retiro allanado por la Policía Federa. Foto: Fiscalía General N°2 ante los TOCF

A Zea Ricardo también se le atribuye haber captado a la segunda víctima en noviembre de 2017 y haberla sometido hasta el 19 de febrero de 2018 aproximadamente. Según consta en el expediente, la joven fue contactada a través de la publicación de un anuncio en el diario Clarín mediante el cual se solicitaban modelos para realizar fotos publicitarias de lencería.

La joven relató que el hombre la citó para sacarse las primeras fotos en un domicilio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 600, del barrio de Retiro. Allí, la ocultó, mantuvo en cautiverio y explotó sexualmente, ya que, de acuerdo a la investigación, la forzaba a mantener relaciones sexuales con terceros y con él mismo, y se quedaba con la totalidad del dinero producido.

Según la fiscalía, durante ese período, la mujer padeció maltrato psicológico, agresiones verbales, tormentos y amenazas de dañar a su familia. Finalmente, en febrero de 2018, la víctima logró escapar del domicilio en cuestión, lo que motorizó el inicio de la investigación.

En cuanto a la tercera víctima, conoció al imputado en un boliche de zona sur del conurbano bonaerense que ambos frecuentaban. Luego de conversar sobre las aspiraciones laborales que tenía la víctima, Zea Ricardo le prometió brindarle trabajo como promotora.

Para ello, a fines de 2017 la citó en el departamento de la calle Florida al 800 de Retiro para tomarle fotografías en ropa interior, deportiva e indumentaria sensual. Más tarde, la trasladó al departamento de Marcelo T. de Alvear, lugar donde la acogió para explotarla sexualmente, según la denunciante. Durante ese tiempo, la forzaba a mantener relaciones sexuales con distintos clientes, quienes la sometían a diversas prácticas y se drogaban sobre su cuerpo.

Según su relato, también era forzada a mantener relaciones con el propio imputado, de quien recibía de manera constante humillaciones, maltrato psicológico, agresiones verbales, golpes y amenazas para continuar la explotación. Finalmente, en junio de 2018, en una ocasión en la que tuvo que salir a comprar provisiones, la mujer logró escapar.

Inicio de la investigación

La investigación se inició el 19 de febrero de 2018, fecha en que la segunda víctima logró escapar del departamento donde se encontraba cautiva. En ese marco, al divisar a personal de la Policía de la Ciudad en la vía pública, se acercó y relató que el hombre que la venía persiguiendo –Zea Ricardo– le había robado el teléfono celular y la cartera. Como consecuencia, el personal policial interceptó al imputado y al corroborar que tenía en su poder el celular y pertenencias de la denunciante, lo detuvo.

Una vez que la joven se trasladó a la sede policial, relató que en verdad el hombre la tenía retenida en un departamento donde la obligaba a prostituirse. Como consecuencia, la causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº6, donde se ordenaron una serie de medidas investigativas.

Pero al producirse la huida de María Cecilia S. del lugar donde se encontraba cautiva del departamento ubicado Santa Fe al 800, en septiembre de 2020, se inició una nueva investigación judicial que por conexidad subjetiva se sumó a aquella formada contra Zea Ricardo en febrero de 2018, a la que también se incorporó otro expediente en el que se había investigado la desaparición de la primera víctima durante la primera etapa de su cautiverio.

Luego de la detención del imputado, la tercera víctima, que reconoció al acusado como su victimario a partir de ver sus fotos en la prensa, se acercó al proceso a denunciarlo y se presentó como querellante.