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Patricia y la “licencia para matar” que extermina derechos

Alejandro C. Tarruella

No casualmente lo dijo en Río Cuarto, ante una periodista del diario “Puntal”: “La Argentina es un país libre, el que quiere andar armado que ande armado”. Lo expresó en una localidad a la que los cordobeses denominan “El imperio”, por el poder de la soja. La ministra se mostró etílica y gentil, respondió de inmediato en la semipenumbra de la noche de la llanura donde se cuece la soja. Buena comida, buenos vinos, como podría tomarlos cualquiera que se sienta libre (para la libertad se necesita bastante dinero en la Argentina) y sea proclive al fluir de la conciencia joyceano bajo una afición mendocina, sanjuanina o riojana cuyos costos asumirá el Estado.

Escribe Alejandro C. Tarruella

Lo cierto es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue recibida por manifestantes al salir de un restaurante en Río Cuarto, con cánticos adversos a su persona. Ella recordó entonces su cantinela de más policías en las calles para dar mayor seguridad. No a la seguridad del salario, la pensión, la jubilación ni los servicios de salud, educación y cultura. No, eso es patrimonio de los poderosos cada vez más ricos e insolentes ante el Estado de Derecho que se esfuma entre la fuga de capitales, las cuentas off shore del macrismo y sus socios.

Le preguntaron si aludía a la seguridad en el marco de la crisis y, naturalmente, bajo los efectos de Baco, Bullrich dijo que con la seguridad querían mejorarle la vida a la gente. La joven periodista de Puntal la consultó  acerca del modo de tener más seguridad y la ministro le dijo que su gobierno había cambiado el paradigma y tiro cifras donde todo va mejor. La cronista insistió con inteligencia y citó a Chocobar. Ella aludió a que en el juicio iba a quedar en claro que Chocobar actuó en defensa de la gente (recordemos que la defendió a balazos por la espalda).

Bajo los efectos de Baco, Bullrich dijo que con la seguridad querían mejorarle la vida a la gente

“El policía Chocobar actuó para defender a la gente”, repitió enfática y se preguntó: “¿por qué lo vamos a condenar?” Y a continuación expresó la frase que quedó en los medios, con su voz en extraño estrépito entre alturas y declinaciones: “Quien quiera andar armado que ande armado, quien no quiera andar armado que no ande armado”, y le sumó la idea de que esa premisa estaba dada porque estamos en un país libre. De manera que puede entenderse que la libertad se mide, para algunos funcionarios, por la capacidad de armarse.

Mientras Bullrich hablaba con la prensa, la policía local se llevaba a varios manifestantes detenidos. Mariano Lobell, dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes de Río Cuarto, que se expresaba ante ella, discrepaba con severidad: “Es preocupante cómo se aborda y se entiende la seguridad. Las fuerzas represivas del Estado puestas para defender supuestamente la seguridad interna, eligen reprimir la protesta social”, expresaba. Dos puntos de vista distantes; uno era el poder a rajatabla, sin diálogo con la sociedad, sin reconocimiento de los derechos ciudadanos que se diluyen ante la caída del Estado de Derecho; y el otro, el dale que va en el campo del poder que pretende situarse en lo absoluto de su ejercicio.

La herida absurda

Los estudiantes forcejearon con los policías y los hombres armados que rodeaban a la ministro durante su permanencia en Río Cuarto junto a Mauricio Macri. El Presidente aterrizó en esa ciudad para ser recibido por Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, casi un afiliado a Cambiemos, en su visita número quince a la provincia. Luego, sin agenda, se instaló en un hotel para seguir el partido de Boca-Palmeiras. Bullrich integraba su comitiva.

Macri protagonizó Argentina Exporta en la Sociedad Rural. Y en una conferencia de prensa junto al ministro de Producción, Dante Sica, y Patricia Bullrich, insistió en señalar que el gobierno castigará con más impuestos a la población. Y ahí hay un detalle.

“No está fácil la cosa”, dijo al pasar el hijo de Franco, y reafirmó que habrá más impuestos contra el pueblo argentino. No blanqueó allí que se intenta acabar con el derecho a la propiedad de la clase media, la clase trabajadora, millones de jubilados porque, pese a que ningún parlamentario lo haya planteado, la asfixiante carga de gastos en impuestazos, tarifazos, precios de distintos consumos, pagos de salud, van destruyendo la posibilidad de millones de argentinos de mantener una propiedad.

La violencia callejera, a la que se apunta al armar a cualquiera en cualquier parte, asegura el asedio a la vida cotidiana

Y al pagar semejantes tarifas en impuestos y gastos en general, su propiedad deja de ser un bien propio ya que, para sostenerla, hay que pagar mes a mes con riesgo cierto de perder su derecho a cada paso. Ante esa pérdida de derechos, la violencia de la inseguridad se convierte en un aliado de la seguridad del gobierno para evitar que los afectados se rebelen.

La violencia callejera, a la que se apunta al armar a cualquiera en cualquier parte, asegura el asedio a la vida cotidiana, el temor y la amenaza, elementos que sostienen el despojo de derechos. A eso se refería la ministro Bullrich cuando alentaba a andar armados. Tragos más, tragos menos, como si alguien cantará “La última curda” y dijera que hay en todo esto “una herida absurda”.

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