Para el fiscal, la megacausa La Perla permite ver cómo fue la represión ilegal en Córdoba

Facundo Trotta señaló -en el marco de la etapa final del juicio- que los delitos cometidos en ese centro clandestino de detención, que funcionó durante la dictadura militar, muestran «cómo fue la represión ilegal en Córdoba en toda su magnitud» por las características que tiene el proceso.

El fiscal contó a Télam que «estamos en la etapa final del juicio -comenzó el 4 de diciembre de 2012- donde tomamos 553 testimonios, en 242 audiencias, y nos restan tan solo 40 testigos» por lo que estimó que en un mes se podría concluir con esta etapa.

«Una vez que concluyan los testimonios, se dictarán 10 días hábiles para que las partes preparen sus alegatos y la querella sería la primera», relató Trotta.

Analizó que en el marco del proceso hubo «testimonios muy crudos, como en la última audiencia con el caso de Feliciano Figueroa, que cuando lo secuestraron tenia 14 años, luego lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y sin intervención de un juez de menores lo mandaron a la Unidad Penitenciaria Número 1 (Up1), y los penales de Sierra Chica y La Plata», ejemplificó. A Figueroa lo dejaron en libertad luego, en noviembre de 1979.

Ha sido un juicio largo, y con los alegatos vamos a llegar a los 3 años, pero también es cierto que hemos hecho un juicio sumamente grande: son 22 causas más los desprendimientos de algunas de ellas.

«No lo podíamos creer. Era un niño. Hubo testimonios que te dejaban perplejo», admitió.

También se refirió a la «complicidad empresaria» que ha quedado demostrada ya que dirigentes de empresas «proporcionaban listas a los represores», y eludió a la complicidad judicial y a la actuación de un sector de la Iglesia en referencia a la causa Morard «donde hay cinco seminaristas (de la Orden La Salette quienes junto a su superior, el sacerdote, Santiago Weeks) fueron secuestrados (3 de agosto de 1976) y sometidos a torturas».

«Ha sido un juicio largo, y con los alegatos vamos a llegar a los 3 años, pero también es cierto que hemos hecho un juicio sumamente grande: son 22 causas más los desprendimientos de algunas de ellas», relató el fiscal.

Destacó entre ellas, la causa Diaz «por sustracción de un niño, que es el nieto de Sonia Torres (titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo), el primer juicio de este tipo en Córdoba».

«También es la primera vez que estamos juzgando en Córdoba, como parte del plan sistemático de exterminio, el caso de las violaciones. El juicio ha dado cuenta de muchos casos de abusos sexuales y violaciones, fundamentalmente en el campo de concentración La Perla y por estos hechos ya hay una causa muy grande que los está investigando».

Trotta agregó que como novedad «en esta causa está la apropiación de una empresa (Mackentor, ordenada por el principal imputado, el represor Luciano Benjamín Menéndez), que se trata de un robo porque entraron a la empresa a punta de pistola», el 25 de abril de 1977 y se apropiaron secuestrando a directivos y empleados de la firma.

Agregó que «así como en el juicio a las juntas militares (1985), pudimos tener un pantallazo de lo que fue el plan sistemático de exterminio a nivel nacional, con la causa La Perla, tuvimos conocimiento de lo que fue el plan sistemático en la provincia de Córdoba».