Papel prensa: Bossio propuso derogar la ley favoreciendo a Clarín y La Nación
Diego Bossio, diputado del Bloque Justicialista, presentó un proyecto para dejar sin efecto a ocho artículos de la Ley 26.736 que regula la democratización de la producción y comercialización del papel de diario en el país. Además de controlar precios y buscar reducir las concentración por parte de grandes corporaciones.
El proyecto presentado por Diego Bossio que busca dejar sin efecto a ocho artículos de la Ley 26.736 sancionada en el año 2011 tuvo dictamen positivo y será tratada por la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación esta semana. Los puntos que pretenden inhibir están relacionados a las modalidades de pago, distribución y comercialización del papel de celulosa.
La iniciativa, presionada por empresarios del periodismo -Grupo Clarín y Diario La Nación, dos de los grandes accionistas mayoritarios de Papel Prensa- e impulsada por el bloque justicialista de Diego Bossio, afectaría a los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41, pensados para concebir de “interés público al papel de diario” y quitar los privilegios comerciales.
El proyecto de ley de Bossio propone derogar el artículo 20, hecho que eliminaría “la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago”. Artículo que evita que las proveedoras de este insumo puedan vender a un valor preferencial a ciertos medios en perjuicio del resto.
Por su parte, la derogación de los artículos 24, 25, 26 y 27 afectaría la regulación de la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios, pensada para asegurar el abastecimiento pleno del mercado local.
El proyecto es fundamentado en los reclamos de la empresa Papel Prensa y de algunos diarios del interior del país, agrupados en la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina (COOPPAL), quienes sostienen que la ley “impide la libertad comercial, encarece los insumos y obstaculiza inversiones”.
Los artículos 40 y 41 están abocados al rol que cumple el poder público en la capacidad operativa, financiamiento y abastecimiento de la producción de papel de celulosa. En caso de derogarse ambos, la importancia y presencia del Estado dejaría de tener peso en estos puntos.
