Otro represor beneficiado por la prisión domiciliaria
El repudio llegó hasta el Concejo Deliberante de Avellaneda
La Secretaría de DDHH de Avellaneda repudió la prisión domiciliaria concedida a Luis Horacio Castillo; también fue declarado persona no grata por el Honorable Concejo Deliberante durante la sesión ordinaria del 9 de junio pasado, con la abstención de Juntos por el Cambio.
“Es intolerable que un genocida espere su procesamiento en prisión domiciliaria” expresó el Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio Yacoy: ”Aquí no se está juzgando a alguien que cometió un delito común sino a alguien a quien se le imputan delitos que van desde tormentos, violaciones sexuales hasta apropiación de niños” y sostuvo “Es por eso que toda la comunidad de Avellaneda tiene que hacer llegar al titular del Juzgado Federal N° 3, el pedido para que se revoque la prisión domiciliaria de Castillo”
El pasado 30 de marzo, Ernesto Kreplak, el juez de instrucción federal de La Plata procesó a Castillo y le dictó prisión preventiva tras hallarlo responsable de secuestros, torturas, abuso sexual, apropiación de niños.
Castillo perteneció a la Policía Bonaerense y entre el 10 de agosto de 1976 y el 7 de marzo de 1977, fue oficial inspector. Ascendido a oficial principal de seguridad en la División Delitos contra la propiedad de la Bonaerense ubicada en aquel entonces en Villa Centenario, Banfield. En esa dependencia, que en enero de 1977 pasó a ser sede de la Brigada de Investigaciones de la fuerza conducida por Ramón Camps, funcionaba el centro clandestino conocido como Pozo de Banfield.
En marzo de 1977 Castillo fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense en Lanús, que funcionaba en Avellaneda: El Infierno. De ese centro clandestino es reconocido y nombrado por dos sobrevivientes.
En su testimonio, Héctor Callejas lo nombró por su apellido y lo identificó como el “jefe que estaba a cargo”. Alvariño Blanco lo nombró por su apellido, lo describió físicamente y relató cómo, bajo amenaza de muerte, la obligaron a firmar una declaración falsa mientras la tenían detenida clandestinamente en El Infierno. “Entró a mi celda con una silla y con un papel en la mano que decía que yo había sido detenida por tener en mi casa volantes y armas de la organización ERP y Montoneros”. Tras negarse a obedecer: “Se puso nervioso y me dijo mirá Mercedes, a vos acá no te torturamos, porque no lo hacemos nosotros sino que estamos a las órdenes de los militares. Yo seguí sin firmar y sacó de la cintura su arma y me dijo que firmara, entonces yo ante esa amenaza firmé y él se fue. Me dejó sin vendas”, según citan en el auto de procesamiento.
La Dirección de Educación de la Provincia tomó las medidas legales y administrativas necesarias para impedir que Castillo continúe desempeñando como representante legal del Colegio San Diego de Wilde, ya había delegado la dirección del colegio en manos de sus hijos en diciembre de 2021 al inicio del proceso judicial.
La Secretaría de DDHH de Avellaneda; el Espacio para la Memoria de Avellaneda “Ex Infierno”; la Mesa de la Memoria de Avellaneda y el Consejo Escolar de Avellaneda, realizaron el pasado lunes 13 una conferencia de prensa para pronunciarse ante la situación procesal del acusado y pedir la revocación de su prisión domiciliaria.
“Vemos con suma preocupación que la Justicia siga concediendo prisiones domiciliarias a represores. El lugar para un genocida es la cárcel”, Claudio Yacoy – Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda.
