Otro paso de Bullrich para criminalizar el reclamo social y legalizar la represión
Cambiemos avanzó en la construcción de un protocolo que impida las protestas sociales. “Macri no quiere que las calles sigan siendo un lugar de problemas”, indicó la Ministra.
En las últimas horas, el Gobierno de Mauricio Macri dio un nuevo paso en la criminalización de la protesta social. Durante los primeros dos meses de gestión del proceso neoliberal, se reprimió y detuvo a manifestantes que reclamaban por su puesto de trabajo (en La Plata y Cresta Roja), se detuvo a una militante social como Milagro Sala por liderar un acampe contra el vaciamiento del Estado en Jujuy, y se reprimió a mansalva a nenes que practicaban en una murga.
Ahora, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el macrismo busca efectivizar la persecución y establecer un protocolo contra la protesta social.
La propuesta de Bullrich no hace más que otorgarle legalidad a las fuerzas represivas del Estado para que cualquier ciudadano sea víctima del hostigamiento policial. Con la excusa de “cambiar la cultura del corte”, la titular de la cartera de seguridad anunció el nuevo protocolo que apunta directamente a evitar a cualquier precio (balas de gomas, plomo, gases lacrimógenos) algún reclamo que altera la supuesta revolución de la alegría.
“No vamos a tolerar la extorsión, si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, sostuvo y agregó que “Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”.
Asimismo, remarcó que “se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, mediante el uso de las fuerzas represivas, que esperan “se limite siempre al mínimo posible”. Por último, aseguró que el nuevo protocolo de legalización de la represión va a “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.
