¡¿OTRA VEZ SOPA!?

Ayer asistimos a la marcha de los miércoles, como jubilados que somos (o algunos que pronto lo serán), no solo en defensa propia sino también en lo que creemos que son los intereses de nuestro pueblo. Mientras tanto, en el recinto, altamente vallado, se discutía la aprobación del DNU.

Asistimos con el temor de que la violencia institucional fuera igual o más fuerte que la de la semana anterior, pero la calle demostró otra cosa. La marcha fue pacífica, pese a los vallados y al número de efectivos de seguridad, lo que da cuenta de que el gobierno, como se dice vulgarmente, «reculó en chancletas».

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, mediante el cual el Gobierno busca aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no solo constituye una afrenta al sistema democrático, sino que también representa una grave violación a las instituciones y al marco constitucional. Su carácter inconstitucional y su nulidad de nulidad absoluta radican en que su aprobación por esta vía transgrede la Ley 27.612, sancionada en 2021, que establece que cualquier endeudamiento con el FMI debe ser aprobado por el Congreso mediante una ley expresa. Al eludir este procedimiento, el Gobierno no solo deslegitima el rol del Poder Legislativo, sino que también impone una deuda sin el debido debate ni la validación de los representantes del pueblo.

El argumento de la necesidad y urgencia resulta falaz: el Congreso está en funcionamiento y puede tratar la cuestión sin necesidad de recurrir a un DNU. En este contexto, la maniobra del Gobierno se inscribe dentro de una estrategia de presión que responde más a intereses de mercado y financieros que al bienestar del país. Como bien lo expresó el dirigente Agustín Rombolá, si el Congreso puede sesionar, no hay necesidad ni urgencia, y el DNU es inconstitucional.

Resulta llamativa la actitud de muchos legisladores que hoy avalan esta decisión cuando en 2021 aprobaron la Ley Guzmán, que justamente establecía el procedimiento que ahora intentan sortear. Esta contradicción expone la falta de coherencia política de quienes deberían legislar en función de un proyecto de país y no de intereses personales o corporativos. Si algo ha demostrado la historia es que aquellos que se venden hoy, mañana también estarán en venta.

Por otro lado, es fundamental recordar quiénes serán los verdaderos pagadores de esta nueva deuda: el pueblo argentino. No se conocen los detalles esenciales del acuerdo —monto, plazos, intereses— y, sin embargo, se insiste en comprometer al país con una nueva obligación sin transparencia ni debate democrático. Mientras tanto, los recortes en jubilaciones, educación, salud, transferencias de seguridad a las provincias y cultura, junto con la caída del poder adquisitivo de los salarios, se sostienen para garantizar el pago de la deuda. El ajuste, como siempre, recae sobre los sectores más vulnerables y los trabajadores que aún tienen empleo.

Argentina tiene una larga historia con el endeudamiento externo y con el FMI, y sabemos que es posible vivir sin su tutela. Existen alternativas viables que prioricen el crecimiento productivo y la autonomía económica en lugar de depender de organismos que imponen recetas de ajuste que históricamente han perjudicado a la mayoría de los ciudadanos. El debate sobre la deuda no es solo técnico o financiero, sino profundamente político: ¿qué país queremos construir y en beneficio de quiénes?

Es imperioso que quienes lleguen al Congreso lo hagan con un programa político claro y comprometido con los intereses de la Nación, y no con agendas dictadas por presiones externas o intereses sectoriales. De lo contrario, la historia seguirá repitiéndose, con el pueblo pagando las consecuencias de decisiones irresponsables tomadas a espaldas de la sociedad. Salvo contadas y honrosas excepciones, la oposición permanece en su zona de confort, sin enfrentar con la firmeza necesaria la gravedad de la situación.

Asimismo, los políticos deberán manifestarse explícitamente en sus plataformas electorales sobre qué harán con esta nueva deuda: si van a convalidarla o si van a anularla. La ciudadanía tiene derecho a conocer de antemano la postura de cada candidato frente a un endeudamiento que compromete el futuro del país. Ya es hora de que quien quiera ser candidato lo haga expresando explícitamente su compromiso y no que llegue por el dedo de nadie.

Finalmente, cabe preguntarse: ¿No les corresponde juicio político a aquellos legisladores que avalan un DNU abiertamente inconstitucional? Si el Estado de Derecho debe ser respetado, quienes lo violan deben asumir las consecuencias de sus actos.

La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia y la soberanía no se entrega”.

AUTOR: José “Pepe” Armaleo: Militante, Abogado, Magister en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudios de la realidad política y social Argentina Arturo Sampay, Zona Norte.