Oscar Cuartango: Macri y su gran asalto a los jubilados

En anteriores artículos publicados en este portal, desde mucho antes del comienzo del proceso electoral de medio término, hemos hecho reiteradas referencias genéricas a las intenciones  gubernamentales de modificar la legislación laboral y previsional por parte del actual gobierno.

En los mismos nos referimos a algunas limitaciones de tipo constitucional, como el artículo 14 bis, el art. 75 inciso 22 y el denominado “principio de progresividad” etc.

El desarrollo de los acontecimientos, la conferencia de prensa dada por el Presidente Macri el lunes inmediato posterior al domingo de las elecciones generales, en directa relación con el resultado obtenido en las mismas y la lectura exageradamente optimista que de él hacen quienes detentan el poder, lamentablemente demuestran que nuestros anticipos estaban plenamente justificados y que la política de ajuste va a caer una vez más sobre las espaldas de los que menos tienen.

En materia previsional, atar el pacto fiscal a la aprobación de una reforma del sistema jubilatorio que modifica el coeficiente de ajuste de los beneficios atándolo a la inflación y que en la práctica implicará para el próximo año un ahorro superior a los 100 mil millones de pesos que se sustraerán de los famélicos bolsillos de nuestros jubilados y pensionados, es una manera perversa de presionar a los gobernadores de signos políticos distintos a los de la alianza gobernante, quienes deberán pensar muy detenidamente la decisión que toman, ya que un obrar erróneo puede significarles pan para hoy y hambre para mañana, la sociedad, más temprano que tarde facturará semejante insensibilidad social.

En lo que a la reforma laboral se refiere, la ratificación de ese rumbo negado a sol y a sombra durante el proceso electoral, a extremo tal que llevó a un calificado periodista del diario La Nación a manifestar en el programa de Charly Fernandez del pasado domingo que en esa materia el gobierno lisa y llanamente había mentido y la existencia de un borrador no desautorizado que anda circulando, nos impone la obligación de entrar en la letra del mismo y pronunciarnos sobre sus pro y sus contras.

Ya hemos hecho referencia y formulado en un artículo anterior, consideraciones sobre el blanqueo , respecto del cual coincidimos con reservas y los recaudos que a nuestro juicio era necesario tomar para que los costos del mismo no recayeran sobre las espaldas de los trabajadores regularizados, como así también para impedir que los mismos fueran blanqueados y poco tiempo después despedidos sin  la carga de las multas de la ley 24.013, como así también de la inconveniencia de reducir esas multas hacía el futuro y que sus importes dejaran de ir a los bolsillos de los trabajadores afectados.

También coincidimos con reservas sobre la implementación de un régimen de pasantías, pero a condición de que las mismas sean verdaderas prácticas profesionalizantes, vinculadas a los estudios que vienen realizando los pasantes, que sean de jornada reducida, que cuenten con un tutor y la fiscalización de las organizaciones sindicales y que reciban como compensación una suma equivalente al salario de convenio inicial y relacionado con las horas que se desempeñen en las mismas.  No volver al fraude laboral de los 90 cuando los estudiantes de ciencias económicas se desempeñaban como repositores de las góndolas de los grandes hipermercados, bajo la figura de la pasantía, por citar uno de los ejemplos que mejor grafican el fraude.

Nos oponemos entre otras muchas cosas, por vulnerar el principio de progresividad desarrollado en otro artículo publicado en este portal y la protección al trabajo en sus diversas formas establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,  a que se reduzca de 2 a 1 año el plazo que tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos, el más corto de nuestro sistema jurídico y que más que un plazo de prescripción, se caracteriza como uno de caducidad; la reducción de las indemnizaciones al salario básico; la institucionalización de la figura del “trabajador autónomo dependiente”, la eliminación del principio de solidaridad de la principal que terceriza; la posibilidad de crear un fondo de cese del empleo y la modificación de los convenios a la baja al estilo de Vaca Muerta.

Para concluir reiteramos el alerta, que de perseverarse en este rumbo, lejos de reducirse la litigiosidad laboral, la misma se verá exacerbada en grado sumo.