Oscar Cuartango: Julio López, Santiago Maldonado y los derechos humanos en épocas de Macri

El pasado lunes 18 participé en La Plata en un acto por los 10 años de la desaparición de Julio López y por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La del primero acaecida durante la gestión de Felipe Sola como gobernador de Buenos Aires y luego de haber declarado en un juicio contra genocidas de la policía bonaerense durante el último proceso militar y la de Santiago Maldonado en un confuso episodio en nuestra  Patagonia, en una puja entre mapuches y terratenientes multimillonarios en la cual el estado toma partido a favor de éstos últimos y adopta al igual que la justicia, una actitud que juzgada muy condescendientemente, lejos estuvo y está de responder a la altura de las circunstancias.

Ello aunado a un cúmulo de antecedentes que marcan de parte del actual gobierno una actitud, cuanto menos muy sospechosa sobre el respeto que le merecen los Derechos Humanos.  Para avalarlo, basta con mencionar el 2 por 1 receptado por la Corte Suprema de la Nación para el cumplimiento de penas por parte de los genocidas del último proceso militar, en un pronunciamiento estimulado desde el Poder Ejecutivo Nacional y la afirmación de algunos de sus funcionarios en la sentido que los desaparecidos durante el mismo no ascendían a 30.000 personas, establecido en el informe de la CONADEP, sino que no superaban las 10.000

En ese escenario y en un esquema de confrontación y descalificaciones especulativas,  nuestro país está transitando un camino de ajuste, se trata de reimplantar un modelo, ya aplicado en la década de los noventa, caracterizado por el repliegue del Estado, la flexibilización laboral, pérdida del poder adquisitivo del salario y de puestos de trabajo, la apertura del mercado a la entrada indiscriminada de productos y de capitales externos direccionados a la especulación financiera y el impacto negativo que ello tiene sobre el mercado interno, entre algunas de las características más importantes.

Esto tuvo su desenlace hacia fines del 2001 con el colapso de nuestra economía y como corolario del sistema político poniendo fin al gobierno de La Alianza, cuyos equipos estaban compuestos por muchos de los actuales integrantes del gabinete nacional.

En este marco, vemos hoy como las grandes potencias económicas mundiales que durante décadas dejaron avanzar al mercado sin intervención ni control, han comenzado un proceso de debate profundo acerca de la naturaleza del Estado, sus alcances y su vínculo con la economía y la sociedad. Países emblemáticos en el sostenimiento del paradigma del “laissez faire” hoy son los que sostienen una fuertísima intervención del Estado en la economía y plantean políticas keynesianas de aumento del gasto público para sostener el empleo y el consumo.  Para ello, se torna imprescindible el sostenimiento del empleo y la producción como ejes fundamentales.

En este marco, vemos hoy como las grandes potencias económicas mundiales que durante décadas dejaron avanzar al mercado sin intervención ni control, han comenzado un proceso de debate profundo acerca de la naturaleza del Estado, sus alcances y su vínculo con la economía y la sociedad.

Tal vez motivado por mi participación en el acto a que he hecho referencia en el primer párrafo, encuentro propicio enfocar los derechos humanos, considerados a los efectos de esta nota desde la óptica del mundo del trabajo, pero con carácter previo, para enmarcar adecuadamente el tema, considero conveniente destacar que el tema de los derechos humanos en general, no es otra cosa que la lucha del hombre por jerarquizar al hombre poniéndolo a cubierto de los abusos y ultrajes de que puede hacerlo objeto el hombre; paradojal situación magistralmente sintetizada en la acertada frase del pensador inglés “Homi homini lupus”.

En efecto, nadie más que el hombre es el destinatario de los derechos humanos, nadie más que el hombre brega por ellos y también, nadie más que el hombre los ataca y vulnera.

Si trasladamos estos simples enunciados al mundo del trabajo, no podemos sino concluir que la implementación de los derechos humanos en ese ámbito requieren encontrar un punto de equilibrio entre los intereses del capital y del trabajo

Así pudimos comprobarlo los argentinos, durante los duros años que arrancaron aquel nefasto 24 de marzo de 1976 en que se produjo el golpe institucional que ahora merece unánime condena desde el repudio, en los cuales, seres humanos fueron objeto de los ataques más aberrantes,  seres humanos fueron los que los que los hicieron posibles y llevaron a cabo y seres humanos fueron capaces de las actitudes más altruistas para poner coto a los mismos.

Si trasladamos estos simples enunciados al mundo del trabajo, no podemos sino concluir que la implementación de los derechos humanos en ese ámbito requieren encontrar un punto de equilibrio entre los intereses del capital y del trabajo, lo cual nos lleva a desestimar “ab initio” las recetas flexibilizadoras que pretenden dejar todo librado a las leyes del mercado, ya que de así hacerlo posibilitaremos que el lobo se coma al hombre y en esa hipótesis no concibo la forma de construir una sociedad viable.

Dable es recordar que las primeras luchas en los albores del sindicalismo y los primeros pasos en el terreno de las conquistas laborales constituyendo lo que muy bien pueden considerarse las normas precursoras del derecho del trabajo, lo fueron en procura de poner coto a los abusos y la explotación de los trabajadores, especialmente mujeres y niños mediante la imposición de jornadas de labor sin límite horario alguno y en condiciones de labor infrahumanas.

Como si la lucha del hombre por mejorar sus condiciones de vida de la que da cuenta la historia,  hubiera sido en vano, hoy nos enfrentamos a un gobierno  que a partir de la lógica rentística de los flujos financieros, instaura una dinámica de funcionamiento que apunta a abrirse paso a costa de los derechos humanos, está avanzando a costa de los derechos de los más débiles atacando principalmente los derechos de los trabajadores, los cuales a nuestro juicio y ello se compadece plenamente con nuestro ideario político, constituyen el núcleo mismo que legitima las democracias.

Este divorcio creciente entre la concepción economía y los ideales que legitimaron las grandes construcciones políticas de este siglo y la forma de neutralizarlo, constituye el desafío más significativo para  imponer el respeto por los DERECHOS HUMANOS.

Para ello, y procurando no sobreabundar en aspectos archiconocidos, considero conveniente remarcar, desde la óptica del mundo del trabajo un par de hechos trascendentes para la construcción de una sociedad donde la dignidad humana y la justicia social sean posibles.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Nacionales Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre cuyo artículo 25 describe los derechos inherentes a la Seguridad Social en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros de desempleo en caso de enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Esa declaración en nuestro país tiene jerarquía constitucional   y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable.”

Para finalizar, quiero formular votos para que en nuestro país prevalezcan los sentimientos de respeto al hombre por sobre las ambiciones mezquinas, también humanas pero no por ello menos repudiables y podamos hacer realidad de utopía de una sociedad con justicia social y plena vigencia de los derechos humanos.