ONU exige explicaciones a Macri por aprietes a la Justicia

Una carta dirigida a Cancillería por Diego García Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los abogados y magistrados de la ONU, otorga un plazo de 60 días para que se informe sobre la persecución a jueces y fiscales que no respondían al mandato de Casa Rosada. En la nota se habla de un “plan sistemático” contra magistrados y funcionarios judiciales, como Alejandra Gils Carbó y Alejo Ramos Padilla.

“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo” expresa la misiva oficial que fue derivada al ministerio a cargo de Jorge Faurie, el viernes pasado, se extiende en 15 carillas en las que notifican referencias a ciertas situaciones de irregularidad en el Poder Judicial argentino, como la designación por decreto simple de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti), la usurpación por parte de Pablo Tonelli de una banca del Consejo de la Magistratura y el intento de remoción de Gils Carbó de su cargo como Procuradora General.

Es por ello que el jurista peruano indica que el gobierno de Mauricio Macri actuó junto a medios como Clarín y La Nación, aliados en estas acciones.
Además, en el documento detallan presiones destinadas a lograr la renuncia de Gils Carbó, amenazas de vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal (MPF), anuncio de reformas vía decretos de necesidad y urgencia (DNU) o reformas legislativas de la ley orgánica del MPF, e inicio de acciones judiciales por parte de ONGs afines al gobierno nacional.
Agrega la designación irregular del juez electoral en la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Culotta, el nombramiento de Carlos Mahiques -ministro de Justicia de María Eugenia Vidal- a juez de Casación Federal y los ataques al fuero laboral, a los que Macri comparó con el narcotráfico.
Finalmente, recuerda los ataques del oficialismo contra Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores que lleva adelante la causa que investiga una red de espionaje ilegal y extorsión, en la que está involucrado el fiscal rebelde Carlos Stornelli. “Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”, remarca García Sayán.

La nueva gestión podrá contestar a la ONU

En una entrevista con FM La Patriada, Parrilli dio su opinión sobre el pedido de explicaciones por parte de la ONU a Mauricio Macri por injerencia en la Justicia, en respuesta a una presentación de Abogados por la Justicia Social (AJUS). «Hoy nos enteramos que el relator peruano (de la ONU) Diego García-Sayán ha requerido al gobierno del presidente Macri que dé explicaciones por una serie de hechos que vienen denunciando».

Después de que la ONU le pidiera al gobierno argentino que responda por posibles presiones, arbitrariedades y manipulaciones sobre distintos integrantes del Poder Judicial, Oscar Parrilli, senador electo por Neuquén por el Frente De Todxs, aseguró que Mauricio Macri ha interferido en la Justicia, «la ha presionado y extorsionando«.
Según Parrilli, «evidentemente (Macri) ha interferido en el Poder Judicial, lo ha presionado, lo ha extorsionando y ha cercenado la libertad del Poder Judicial». «Tenemos que garantizar, por parte del nuevo gobierno, es que se vuelva a la Constitución y garantizar la independencia del Poder Judicial».
En ese sentido, subrayó la necesidad de que «todos los ciudadanos, sean funcionarios o no sean funcionarios, tengan la certeza que van a ser juzgados por sus hechos, que no van a ser sometidos a ninguna presión política o persecución mediática y judicial, que se los va a condenar si hay pruebas que acrediten la existencia del delito y no como ocurrió en estos cuatro años».