
Nuevas medidas judiciales contra el referéndum catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a la policía que impida la utilización de locales públicos para los preparativos del referéndum soberanista previsto para el domingo y que los cierre ese día. Además, la Justicia española admitió la querella por sedición presentada por la Fiscalía contra los responsables de las protestas que tuvieron lugar en Barcelona a raíz de un operativo policial contra la consulta, en el que se arrestaron a 14 funcionarios del gobierno catalán.
La magistrada Mercedes Armas que instruye las querellas interpuestas contra el Ejecutivo de la región española por la convocatoria y organización de la consulta acordó en un auto adoptar todas las medidas que impidan la consecución del referéndum, cuya celebración fue prohibida “de facto” por la Justicia española. En ese sentido, la jueza pidió que se impida usar locales públicos para la preparación de la votación y ordenó su cierre a partir del 1 de octubre, incluyendo aquellos que se utilicen como infraestructura logística durante esa jornada. “También se requisará todo el material que estuviera en disposición de introducirse o fuera habido dentro de dichos locales o edificios”, dispuso la magistrada en su escrito.
La jueza ordenó, además, a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía catalana –los Mossos d’Esquadra– actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado. Con este auto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume la investigación sobre el referéndum catalán. La magistrada ordenó a la Fiscalía cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones relacionadas con la consulta. El ministerio público había ordenado el martes a la Policía el precinto de las sedes de votación. Los locales electorales están en el punto de mira a cuatro días de la fecha fijada por el gobierno regional de Cataluña para la celebración de un referéndum unilateral sobre la independencia cuya convocatoria fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional a instancias de un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy.
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