Neuquén: piden absolver a la mapuche Relmu Ñanku
La joven está acusada de “tentativa de homicidio” por haber lastimado con una piedra a una oficial de justicia. Dos integrantes más de la comunidad también están imputados, aunque por “daños agravados”.
El primer jurado intercultural de América Latina delibera por sobre su veredicto en el marco del juicio contra Relmu Ñanku, dirigente de la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche. De los doce integrantes del jurado, seis son mapuches.
Juzgan los hechos cometidos el 28 de diciembre de 2012 en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, Neuquen. Ese día, cuando los miembros de la comunidad bloqueaban un establecimiento petrolero, llegó una orden judicial para desalojarlos. Se defendieron con piedras y una oficial de justicia sufrió la fractura del tabique nasal.
Este caso tiene que ver con historias de atropellos y violaciones de derechos, dijo el defensor.
Por eso, la acusaron a Ñanku de “tentativa de homicidio”, que prevé hasta 15 años de cárcel, y Martín Maliqueo y Mauricio Rein por “daños agravados”. Hoy se escucharon los alegatos de las tres partes. El defensor de la comunidad, Emanuel Roa, pidió la absolución de los imputados. «Este caso tiene que ver con historias de atropellos y violaciones de derechos», afirmó.
La legislación neuquina, que fue la primera provincia del país en implementar el sistema de juzgamiento penal mediante juicio por jurados, prevé que hay hasta 48 horas para deliberar. Se espera que la sentencia se conozca este miércoles. Hasta ahora el jurado que más deliberó tardó nueve horas y el que menos lo hizo, 4. Para la conformación intercultural del jurado se debió hacer una depuración del listado electoral para dar con los mapuches y asegurar que estuvieran dentro del jurado.
Durante este martes pasado se escucharon los alegatos del juicio, que tuvo traducción simultánea en mapuzungun (el idioma mapuche). La defensa encabezada por Roa, pidió la “no culpabilidad” de Relmu y los otros dos imputados. Antes la fiscal Sandra González Taboada había asegurado que la mujer «es culpable y está comprobado», al mismo tiempo que defendió el accionar de Verónica Pelayes, la auxiliar de justicia lesionada, y de los efectivos de la policía y de la petrolera que la acompañaron.
González Taboada hizo referencia a que hay 11 causas penales contra mapuches, en una confirmación de la “criminalización” que sufre el pueblo originario, afirmó Amnistía Argentina, que participó como observadora en el debate. La fiscal pidió que Relmu sea condenada por “lesiones graves y daño agravado”. Por su parte, Julián Álvarez, abogado de Pelayes, aseguró que Relmu intentó “matar” a la auxiliar de justicia de un piedrazo.
Roa aseguró: «Este caso tiene que ver con historias de atropellos y violaciones de derechos». Luego afirmó que «ninguno de los 8 testigos presenciales identificó a Relmu como quién tiró la piedra» y agregó que «no hubo peligro para la vida de Pelayes. Nadie la quiso matar». En otro de los tramos de su alegato afirmó que las pruebas aportadas por la fiscalía fueron » levantadas 10 meses después» y agregó que “está probado que hubo una legítima defensa al territorio mapuche».
Una resistencia de años
La resistencia de la comunidad Winkul Newen se remonta a varios años antes de aquel 28 de diciembre de 2012. En 2010 habían comenzado un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en tierras mapuche sin respetar los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se agravó aún más con una serie de derrames de hidrocarburos y en 2012 la comunidad cerró el paso a la empresa.
En abril de ese año la comunidad denunció ante la justicia que habían sido atacados por una patota vinculada a la petrolera. Un joven herido de bala, una anciana desfigurada, y los golpes feroces a una referente de la comunidad que estaba embarazada fueron parte de la presentación judicial que no investigó González Taboada.
En este banquillo de acusados debieran estar los gerentes de las petroleras, el gobernador y funcionarios del Poder Judicial. Pero estoy yo, por ser pobre, india y mujer.
Los ataques se repitieron. El 27 de diciembre la comunidad enterró a una beba que había fallecido unos días antes, convencidos de que la causa de muerte era la contaminación de la zona. Un día después llegó la orden de la jueza Ivonne San Martín, que hizo lugar a un pedido de la petrolera y ordenó que se notificara a la comunidad que permitieran correr los alambrados y tranqueras para que pase la empresa. Para eso llegó hasta el lugar Pelayes. Llevaba la notificación y estaba acompañada por efectivos policiales, miembros de seguridad privada, una retroexcavadora y empleados de la firma.
En medio de un ambiente tenso, la retroexcavadora comenzó a avanzar y casi atropella a un joven de la comunidad. Hubo piedrazos para detener el avance. Una de esas piedras dio en la cara de Pelayes y le rompió el tabique. Poco después la mujer hizo su presentación judicial acompañada de Álvarez, un abogado neuquino que defendió desde estancieros hasta un juez acusado de delitos de lesa humanidad. Tras hacerse cargo del caso, insistió en que se trató de un intento de homicidio y dijo que los mapuches eran “delincuentes que viven en la ilegalidad”. La fiscal González Taboada, que esta vez sí avanzó con la investigación, primero la caratuló como “lesiones” y luego concordó con Álvarez en recaratularla como “tentativa de homicidio y daño agravado”.
Durante la audiencia, Ñamku explicó: “Nos decía que no éramos mapuches, nos negaba nuestra identidad, es una falta de respeto para nosotros. Y nos decía que esa no era nuestra tierra”. También resaltó que durante los años de lucha tuvieron muchas notificaciones, pero nunca una auxiliar del Poder Judicial los había tratado así.(infojus)
