Negocios del separatismo porteño
La recuperación de recursos federales que se encontraban canalizados a financiar la maquinaria cambiemita.
Por Jorge Elbaum – El Cohete a la Luna – 6 de diciembre de 2020
Durante la última semana Horacio Rodríguez Larreta comprendió que su precandidatura a la presidencia deberá contar con algo más que el soporte comunicacional de la trifecta mediática, el apoyo de las grandes fortunas y/o el aval de las delegaciones diplomáticas de los países centrales. Ser el consentido de los centros de poder no parece ser suficiente, por ahora, para disimular los negociados y los desatinos diseminados junto a su promotor político, el ex Presidente Mauricio Macri.
La derecha local, articulada en la actual etapa bajo el sello cambiemita, se caracteriza por patrocinar a los más privilegiados en detrimento de los más vulnerables. Esa marca en el orillo es la que justificó el pago de 10.000 millones de dólares a los fondos buitre en 2016, cuando la ONU se había expedido a favor de la Argentina en su pleito contra esos hedge funds ocurrido pocos meses antes, en septiembre de 2015. Y esa predilección también es la que se observa en la caída de un 20% del salario de lxs trabajadores en el cuatrienio, mientras los sectores más acaudalados fugaban 85.000 millones de dólares durante el mismo periodo. También se manifiesta, análogamente, cuando se analiza el exorbitante endeudamiento externo y la distribución inequitativa de la coparticipación federal. Afinidades conducentes: privilegio para los poderosos y escarnio para los más necesitados.
El último viernes Alberto Fernández convocó a los mandatarios provinciales a firmar el Consenso Fiscal 2020. Dicho acuerdo autoriza a las provincias a mantener algunos impuestos que el macrismo buscó eliminar, impide el endeudamiento en dólares –una de las fuentes más asiduas del financiamiento de la CABA– y limita los pleitos de las provincias contra la Nación. Los tres puntos son contradictorios con las políticas de Juntos por el Cambio, y se convierten en los motivos centrales de la autoexclusión del Consenso Fiscal. Sobre todo el último, que le impediría darle continuidad al esquema de judicialización de la política, remanido recurso utilizado por la derecha local desde que el kirchnerismo osó disputarle genuinos espacios de poder a los grupos monopólicos concentrados.
La Ciudad de Buenos Aires recibía hasta 2015 el 1,4% de los recursos coparticipables; y el gobierno macrista elevó dicho porcentaje a un 3,75% en 2016 para dejarlo en 3,5% un año después. El ex Presidente duplicó el monto sin debatir dicha decisión en el Congreso y pretendió justificar su resolución en el traslado de una parte de la Policía Federal a dependencias de la seguridad metropolitana, sin divulgar los montos a ser orientados específicamente a esas tareas. Dicha decisión motivó la airada crítica de los gobernadores y el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que era un incremento desmedido y que debía corregirse: “Vamos a asegurarnos que la Capital sólo llegue lo que implica al traspaso de la Policía Federal”, afirmó el 27 de enero de 2016.
El último martes 1º de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que recupera fondos coparticipables para reorientarlos en forma más equitativa. Esa decisión fue el prólogo del Consenso Fiscal, sellado el viernes, cuya imagen evidenció la comunión de la totalidad de las provincias argentinas y puso en evidencia la desconexión de Larreta, responsable de administrar la jurisdicción más acaudalada del país, donde arraiga el PBI per cápita más voluminoso de la Argentina.
Dibujar presupuestos
En octubre pasado Alberto Fernández había dispuesto, a través del decreto 735, que el porcentaje orientado a Ciudad será del 2.32% hasta que el Congreso disponga el monto adecuado para financiar la seguridad metropolitana. El proyecto aprobado el martes, que debe ser refrendado por la Cámara Alta para convertirse en ley, establece un 2.4% de coparticipación y un monto a ser consensuado entre la CABA y Nación respecto a la financiación de la seguridad metropolitana. El blindaje comunicacional, sin embargo, no alcanza para eludir que el tema de fondo es a quién se beneficia y a quién se condena. Y son los propios integrantes de Juntos por el Cambio los que no pueden eludir esta encrucijada: “Con respecto a las diferencias entre jurisdicciones –afirmó el senador Martín Lousteau el último 21 de septiembre, en el plenario de comisiones– todos nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires está discriminada fuertemente en el reparto de recursos…”
La Ley de coparticipación (23.548 de 1988) dispone que CABA recibe lo que le fija la Nación. Mauricio Macri dispuso por decreto que ese monto alcanzaba el 3.75% (y luego el 3.5%) y Alberto Fernández –con la misma atribución constitucional que su predecesor– dispuso otro porcentual. La controversia central refiere al monto que debiera recibir CABA para solventar el servicio transferido por la Nación (el fragmento de la Policía Federal integrada a la metropolitana). Sin embargo, el larretismo se negó en forma sistemática a exhibir los montos derivados a ese financiamiento, pretendiendo justificar su porcentaje del 3.5% obtenido gracias a su vínculo con su mentor. De ahí su amenaza de recurrir a la Corte Suprema, que deberá hacer malabares, si quiere beneficiar a sus protegidos, para explicar por qué puede ser cuestionable la decisión del actual Presidente cuando los anteriores hicieron lo propio con idénticos instrumentos institucionales.
Los cambiemitas insisten en caracterizar al 2.5%, asignado por el decreto o por la futura ley, como una quita o una confiscación enmarcada en “una decisión inconsulta”. Esta aseveración es análoga a la hipotética denuncia por desfalco efectuada por un delincuente luego que un allanamiento policial se dispusiese la custodia de los bienes previamente hurtados por el denunciante. Para darle un barniz justificatorio, el larretismo ha decidido incrementar, al límite del ridículo, sus previsiones de gasto con relación a Seguridad. Mientras que en 2016 esa partida era asimilable –en porcentaje– a Educación y/o a Salud, en 2020 y 2021 (para fundamentar la continuidad del 3.5% otorgado por Macri) han previsto llevar el gasto al triple que en Educación y casi el doble que en Salud. Prioridades claras y dibujos presupuestarios de nula calidad pictórica.
Fuente: Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Este derrotero revela la autoexclusión arrogante de Larreta en ocasión del encuentro en el Museo del Bicentenario. Y también ofrece un contexto al discurso despreciativo de su ministra de Educación, Soledad Acuña, cuando estigmatiza la proveniencia social humilde de quienes eligen la docencia como tarea profesional. La desvalorización de los educadores se hace presente a través de la estigmatización de la ministra, pero también en la importancia relativa que le conceden a la educación en las previsiones presupuestarias.
Esa es la explicación por la que en las últimas semanas, sin los actos administrativos exigidos, se designó a 25 personas para cargos docentes interinos en programas socioeducativos que dependen de la Dirección de Escuela Abierta. Entre los nombrados está Nicolás Cascallares Vidal, el hermano de María Eugenia Vidal. El currículum del hermano de la ex gobernadora está limpio de antecedentes pobres, militantes o humildes, características que lo hacen digno de ser nominado.
El primer golpe militar en la historia argentina lo ejecutó el general José Félix Uriburu. Pero su legitimación jurídica la otorgó la Corte Suprema del momento, conformada por José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. El Procurador General de la Nación –en ocasión del golpe– era Horacio Rodríguez Larreta, tío abuelo del actual jefe de gobierno. El acta que legitimó el golpe contra Hipólito Yrigoyen tiene la firma de los cuatro supremos y del Procurador General. La historia de la derecha argentina muestra caminos coherentes: justifica la violencia desde el Estado o judicializa aquello que supone una posible pérdida de prerrogativas. Ese es el momento en que acudió en su auxilio el denominado poder contramayoritario de la Justicia. En ocasiones, cuando no alcanzaba el disciplinamiento de los díscolos, se apeló a la alternativa de los cuarteles. Hoy se sienten un poco más inseguros –y probablemente por eso más irascibles– dado que la segunda alternativa aparece clausurada gracias a los juicios de lesa humanidad impulsados por los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo.
Los cuatro jueces de la Corte Suprema en 1930, que avalaron el golpe de Uriburu. El último a la derecha es el Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta.
En noviembre de 2015, Alfonso Prat-Gay estaba por asumir como ministro de Hacienda y Finanzas Públicas del gobierno de la alianza Cambiemos. En una conferencia de prensa compartió su concepción sobre el federalismo y dejó en claro el lugar que otorga a quienes no pertenecen a su entorno porteño: “Somos una nación con 40 millones de habitantes, con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada diez años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del Norte, del Sur, no importa de dónde viene, pero de provincias con muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido (…) Esta también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020; no vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder».
Existe un hecho olvidado de la historia argentina referido a las pretensiones arrogantes de los porteños. El 25 de mayo de 1819 se juró la Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica, cargada con una impronta centralista y cuasi-monárquica. Nunca tuvo vigencia porque sus promotores sólo pensaban en la supremacía de una localidad, fundada junto al río que Jorge Luis Borges representó, con nostalgias coloniales, con el color de un león.
