Morales continúa saqueando a la Tupac

En un tratamiento exprés y con poca oposición el gobierno de Jujuy expropió inmuebles a la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru.

Durante la primera sesión extraordinaria de la Legislatura jujeña se aprobaron 16 leyes, seis de ellas son proyectos del Ejecutivo provincial. El periodo ordinario finalizó el 30 de noviembre pero se convocó a extraordinarias para tratar algunos proyectos entre los que se encontraban las expropiaciones de bienes de la organización Tupac Amaru.

El gobernador Morales envió un proyecto a la Legislatura jujeña por el que se declara «de utilidad pública y sujeto(s) a expropiación» cinco inmuebles individualizados de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru.

El proyecto, presentado fue aprobado en menos de 10 minutos en un mecanismo legislativo poco habitual. El proyecto se incluyó en el orden del día a último momento; el miércoles por la noche no figuraba en el orden previsto para la sesión. Es decir, tomó estado parlamentario en la sesión y fue aprobado en ese mismo momento.

La ley aprobada, la N° 6335, autoriza la expropiación de cinco inmuebles propiedad de la organización Tupac Amaru que el Estado jujeño ya había destinado a distintos fines.

Ya en 2019 Morales hizo borrar las referencias a la asociación popular, en los inmuebles integrnates de la Tupac trabajaban en distintas líneas de acción: atención de salud, escuelas de gestión social, contención a a jubilados y canchas deportivas. La mayoría de estos trabajadores quedaron excluidos desde la asunción de Morales.

La Justicia y el partido judicial cada vez más alejados

«Estoy tranquila, no me sorprende nada, volvió a ganar la injusticia», sostuvo Milagro Sala. «Me esperaba lo de la Corte porque es servil a la derecha, (los jueces han sido) puestos a dedo por el macrismo. La Corte tenía la oportunidad de demostrar que era independiente, y con el fallo confirma que responde a las grandes corporaciones», aseguró.

La dirigente social consideró que la Corte Suprema tomó esta decisión «para justificar los horrores que está realizando Morales en la provincia. Jujuy es una de las provincias con mayor desocupación y pobreza», a pesar de que «es la provincia que más recursos recibe».

«Y esto de sacar una ley para quedarse con los edificios de la Tupac Amaru, es porque huelen que se están yendo y están tratando de justificar todas las barbaridades que hicieron contra la Tupac. Judicialmente no tienen cómo justificar todo lo que nos quitaron, sedes, escuelas. La única manera que creen es hacer una ley aprovechando que tiene mayoría en Diputados. Pero en algún momento van a tener que rendir cuentas a los compañeros que han construidos esos edificios”, agregó Sala.

“Morales salió a decir que lo de la Corte es un ejemplo de que a las organizaciones se las puede combatir y basta de planes, cuando él tiene 82 mil panes, es el mayor planero de la Argentina”, insistió.

Legalizando la persecución

Morales ha dedicado parte de su gobierno a constituir un marco jurídico al aleccionamiento de facto que han realizado contra la asociación que fundó Milagro Sala y sus integrantes. La cuestión de la personería jurídica de la Tupac Amaru aún no está resuelta y se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. El gobierno jujeño intervino la organización e inició un proceso para retirarle la personería jurídica, con el argumento de que existían «numerosas causas judiciales seguidas en contra» de la Tupac Amaru.

Con la intervención a la Tupac, Morales se hizo cargo de los inmuebles de su propiedad y dispuso de los mismo para el funcionamiento de distintas instituciones del Estado provincial. En marzo de 2019 inauguró en el edificio de la calle Alvear al 1152 el Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM), y en 2021 puso en funcionamiento Radio Provincia en la misma sede de Alvear al 1152. El Colegio Secundario Olga Márquez de Aredez, que funcionaba en Alvear 1171 fue reconvertido a gestión estatal. Y en ese mismo edificio se abrió el Instituto de Educación Superior N° 11.

Rodolfo Nieto, diputado oficialista, reconoció en su alocución como miembro informante del proyecto que “Son inmuebles muy importantes que han cumplido en su momento una función importante”, pero justificó la expropiación en que, “como decimos en la jerga popular, quedaban al aire, no había contención y si no se hacía cargo el gobierno provincial no había como recuperar esto”.

“El gobierno decidió tomar cada uno de estos inmuebles y ponerlos en funcionamiento, y hoy tenemos que poner en orden lo que es la expropiación porque figuran como inmuebles de propiedad privada. Estamos hablando de los inmuebles de la calle Alvear, donde impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social se puso el CEPAM”, luego detalló cada propiedad que construyó la organización social que estaban siendo usadas hasta que inició la persecución del gobierno de Morales.