Mientras 6 de cada 10 niños son pobres, una jueza le ordenó a la AFIP no cobrar un impuesto a un millonario
Ayer se supo que «la justicia» le ordenó a la AFIP no cobrarle el aporte solidario de las grandes fortunas a un empresario que presentó una acción de amparo con el argumento de que el tributo afecta el derecho de propiedad. Un día antes, el domingo, se publicaron datos estremecedores sobre pobreza infantil.
Por Claudio Siniscalco
La jueza en lo contencioso administrativo Cecilia Gilardi Madariaga dictó una medida cautelar en el marco de una acción interpuesta por Alejandro Scannapieco, de la empresa Globant, quien considera que el tributo afecta su derecho a la propiedad y es confiscatorio. La magistrada dispuso que la AFIP debe abstenerse de iniciar o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial tendiente a exigir el pago del impuesto.
«Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada (la AFIP) se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”, dice el fallo. La medida tendrá una vigencia de tres meses hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama Scannapieco en su amparo.
El empresario millonario pretende que no le cobren el impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Congreso Nacional en diciembre del año pasado, que alcanza a las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, un aporte solidario para contribuir a los efectos económicos que causa la pandemia del coronavirus.
Uno de esos efectos es precisamente el aumento de la pobreza infantil. El domingo, un día antes de que Cecilia Gilardi Madariaga fallara en contra del Estado y a favor de un millonario, Tiempo Argentino publicó un artículo con este título: «La niñez en riesgo: el 62,9% es pobre y uno de cada diez trabaja».
«Según estimaciones de UNICEF, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se pasó de 7 a 8,3 millones. Las zonas más afectadas son el conurbano bonaerense y los de grandes ciudades como Rosario y Córdoba, además de la región noreste: Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero», dice la nota en uno de sus párrafos.
Tanto la jueza como el empresario seguramente pondrían cara de preocupación si se los consultara por la pobreza infantil, aunque ambos saben que trabajan en favor del aumento de la desigualdad. El mundo empresarial y el Poder Judicial deberían cumplir roles distintos. Profundizar la exclusión social no es un objetivo que debería esperarse de los jueces.
